La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)

El debate sobre ERE

No hablamos sobre ningún ERE sino de Enseñanza Religiosa Escolar. Entre nosotros el debate sobre la naturaleza, legitimidad, conveniencia etc. de la enseñanza de la Religión en la escuela parece destinado a no tener fin, por más que en la propia Constitución –como se celebró en su momento– pueden considerarse sentadas las bases para superar esa secular “cuestión religiosa”. Tales bases constitucionales resultan notablemente sólidas si se tiene en cuenta que coinciden con lo dispuesto al respecto en tratados internacionales suscritos por España. Para desembarazarse, pues, de las correspondientes previsiones no bastaría con que, según algunos pretenden, quedaran suprimidas en una eventual reforma de la Constitución o en una nueva Constitución, sino que sería preciso que España abandonara su adhesión a esos fundamentales tratados, pactos, convenios internacionales a los que aludimos y se excluyera con esto del concierto de los países que reconocen y protegen los derechos humanos.

Así, en efecto, la Constitución (artículo 27.3) reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones y dispone que los poderes públicos garanticen efectivamente el ejercicio de tal derecho. Al reconocer, en dichos términos, tal derecho –no lo olviden quienes tan incómodos parecen sentirse con ese apartado 3 de su artículo 27– nuestra Carta Magna no hace sino recoger exactamente lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 26.3; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966, art. 13.3.; en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, en el Protocolo Adicional, art. 2; en la Carta europea de los Derechos Fundamentales, art. 14.3…

Por otra parte, el derecho de los ciudadanos que profesan determinadas creencias religiosas a recibir en la Escuela una enseñanza acorde con ellas, tiene soporte asimismo en el apartado 2 del mismo artículo 27 de nuestra Constitución (y que nadie parece tener en cuenta a estos efectos). Según dicho precepto (CE 27.2): “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Y con esto nuestros constituyentes no hicieron sino reproducir términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 26 2, así como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966, art. 13.1.

Pero, la Constitución que, en el precepto inmediatamente antes citado, señala como objeto (finalidad) de la educación el pleno desarrollo de la “personalidad”, se abstiene afortunadamente de establecer un determinado concepto de persona y / o de personalidad. Eso hubiera sido manifiestamente contrario a la fundamental libertad que la propia Constitución reconoce en su artículo 16.1: “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. En virtud de esa libertad ideológica (o de pensamiento), los ciudadanos pueden profesar legítimamente distintas concepciones sobre la persona y la personalidad y, en correspondencia con ellas, pueden desarrollar distintos tipos de educación. Así quienes profesan una concepción transcendente, religiosa,… de la persona no solamente pueden legítimamente, sino que necesariamente deben, orientar su educación hacia el pleno desarrollo de su personalidad tal como legítimamente la conciben en ese caso, esto es, como transcendente, religiosa… Por lo mismo, en su proceso educativo, en el desarrollo armónico de las diversas dimensiones de su personalidad, habrán de integrar también el cultivo de la religiosa. Y, sin duda, ese cultivo integrado de la dimensión religiosa en el proceso formal escolar, esto es, en el ámbito de la institución escolar, no puede dejar de incluir, con el carácter académico, sistemático y “científico” que es propio de esta, la enseñanza-adquisición de los conocimientos correspondientes al contenido de la fe que se profesa, en conexión dialogal con el conjunto de los elementos que constituyen la plena formación escolar.

Según todo lo cual, cuando la Constitución en su artículo 27, apartado 3, reconoce expresamente el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones, no hace sino atender, de acuerdo con los textos internacionales referidos, a la necesidad de explicitar y concretar un derecho que, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas, podemos ver ya reconocido en el apartado 2º de ese mismo precepto constitucional (el artículo 27).

Son los referidos preceptos constitucionales los que fundamentan y exigen la presencia de la enseñanza de la Religión en la Escuela. Y la legitimidad de esa presencia no dejaría de darse por el mero hecho de que, según la intermitente amenaza de algunos, el Estado español procediera a la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede (enero de 1979) y, en particular, del referido a “enseñanza y asuntos culturales”. Esos Acuerdos, así como los suscritos entre el Estado español con otras confesiones religiosas (noviembre de 1992), no hacen sino concretar el modo de satisfacer el derecho constitucional que ya tienen los ciudadanos a recibir enseñanza religiosa escolar.

Para atender a ese derecho ciudadano, el Estado o, en otro término, el poder civil, en consonancia con su propia laicidad, ha de dirigirse necesariamente a las autoridades doctrinales de la Religión de que se trate en cada caso para que sean estas las que determinen el contenido de la correspondiente enseñanza religiosa y quiénes cuentan con idoneidad para impartirla, fijen los correspondientes currículos y aprueben los libros de textos respectivos… Así lo reconoce la propia legislación educativa estatal básica. A este respecto no deja de ser sorprendente que en algún caso el poder político pretenda determinar el contenido y demás elementos curriculares de la enseñanza de la Religión en las escuelas del correspondiente territorio. Se ve que algunos, revestidos de poder civil, no saben qué es la laicidad que les corresponde y pretenden, siendo “laicos” y, como tales, formalmente incompetentes en materia religiosa en cuanto tal, ejercer cual “maestros de fe y costumbres”. Se ve que determinados laicistas no respetan en absoluto la laicidad del Estado de tal modo que, con su retrógrado comportamiento, justifican el que hablemos sobre “el laicista contra la laicidad” como ya hace tiempo tuve ocasión de hacer…i.

Teófilo González Vila.

i V. González Vila, “El laicista contra la laicidad”, en Alfa y Omega, n.º 388, de 5-II-2004, artículo en el que hago mi elogio de la laicidad y expongo mi rechazo al laicismo.