La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)

BIEN COMÚN, DIMENSIÓN TRANSCEDENTE Y FIN ÚLTIMO DE LA PERSONA HUMANA (y II)

 La esencial e inesquivable referencia del bien común a la dimensión transcendente de la persona humana y a su fin último sobre natural.

Si el concepto de bien común puede resultar familiar a la mayoría de los cristianos y, en especial, a quienes forman parte de determinados movimientos eclesiales, no en todos los casos se subraya ni aun simplemente se señala que el bien común, plenamente entendido conforme a la doctrina de la Iglesia, incluye una necesaria, intrínseca, referencia a la dimensión transcendente de la persona y al fin último, sobrenatural, al que ésta se encuentra destinada. En la doctrina tradicional de la Iglesia el bien natural temporal y el bien sobrenatural, eterno, del hombre no solamente son compatibles sino que guardan una esencial relación, de tal modo que se puede considerar exigencia del propio bien común terrenal o político el posibilitar la más fácil consecución del bien común supratemporal.

Desde una perspectiva creyente el fin último de toda la creación y de modo eminente del hombre es Dios mismo. Con este fin último, transcendente, escatológico, son perfectamente conciliables los fines temporales que debemos perseguir y que deben ayudarnos como medios en la consecución del último. En la perspectiva de la fe, aparece una perfecta consonancia entre el bien común temporal al que se ordena la política y el fin último absoluto al que está destinado el hombre, la entera Humanidad. Maritain acentuaba, al considerar las relaciones entre la persona humana y el cuerpo político, “el hecho de que la persona humana es a la vez parte del cuerpo político y algo superior a él por lo que de supratemporal o eterno hay en ella, en sus intereses espirituales y en su último destino” de manera que la “vocación de la persona humana a bienes que transcienden el bien común político está incorporada a la esencia del bien común político”[1].

En Pacem in terris Juan XXIII advierte a “nuestros hijos” que el bien común abarca a todo el hombre, es decir, tanto las exigencias del cuerpo como las del espíritu. De lo cual se sigue que los gobernantes deben procurar dicho bien… de tal forma que, respetando el recto orden de los valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del espíritu” (PT 57). Insistía en que el hombre “no puede satisfacer sus necesidades ni conseguir en esta vida mortal su perfecta felicidad”, por lo cual, añadía, el bien común ha de “procurarse por tales vías y con tales medios que no sólo no pongan obstáculos a la salvación eterna del hombre, sino que, por el contrario, le ayuden a conseguirla (MM 59[2]). Y cuando exhorta a sus “hijos” a “participar activamente en la vida pública” les recuerda que han de poner todo su esfuerzo para que “las instituciones de carácter económico, social, cultural o político, lejos de crear a los hombres obstáculos, les presten ayuda positiva para su personal perfeccionamiento, así en el orden natural como en el sobrenatural” (PT 146)[3]. O, como más tarde nos dirá Benedicto XVI en términos inequívocos: “No hay desarrollo pleno ni un bien común universal sin el bien espiritual y moral de las personas, consideradas en su totalidad de alma y cuerpo” (Caritas in veritate, 78).

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Para el cristiano, pues, la actividad política no puede dejar de atender también a la dimensión y fin sobrenatural, transcendente de la persona. El bien común y el perfeccionamiento de las personas no puede entenderse reducido al orden de lo material y natural, sino que ha de considerarse, de acuerdo con una doctrina de larga tradición, referido a cuanto comprende la plena realización de la persona y atendido, por tanto, asimismo su destino sobrenatural.

Esta relación entre el orden natural y el sobrenatural presente en la concepción que el creyente, en este caso, el católico, ha de tener del bien común no solo no rebaja, sino que, por el contrario, subraya la exigencia de dedicación en la actividad política al perfeccionamiento del orden natural. Y esa relación no dejará de determinar e iluminar el modo específico en que el católico habrá de llevar a cabo en el campo de la política tareas y atender a exigencias morales que, en todo caso, por su contenido, no serán distintas, como más abajo subrayamos, de las que debe llevar a cabo todo político, sea o no creyente, creyente de tal o cual confesión. Más adelante nos preguntaremos dónde se sitúa lo específicamente cristiano del quehacer político.

 

Teófilo González Vila

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[1] Maritain, J., El Hombre y el Estado. Traducción de Juan Miguel Palacios, Madrid, 1983, pp. 168s.

[2] Y se remitía a Cf. Pío XI, Quadragesimo anno: AAS23 (1931) 215.

[3] Esta doctrina nos la ofrece rigurosamente sintetizada el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia cuando sienta: “El bien común de la sociedad no es un fin autárquico; tiene valor sólo en relación al logro de los fines últimos de la persona y al bien común de toda la creación. Dios es el fin último de sus criaturas y por ningún motivo puede privarse al bien común de su dimensión trascendente, que excede y, al mismo tiempo, da cumplimiento a la dimensión histórica” (Compendio DSI 170 que remite a Juan Pablo II, Centesimus annus, 41, donde se nos enseña que el hombre “no puede darse a un proyecto solamente humano de la realidad, a un ideal abstracto, ni a falsas utopías… Se aliena el hombre que rechaza trascenderse a sí mismo y vivir la experiencia de la autodonación y de la formación de una auténtica comunidad humana, orientada a su destino último que es Dios…” (CA 41.3: AAS 83 (1991) 843-845.