La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)

Privados y función pública

Max Silva Abbott. Doctor en Derecho y Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad San Sebastián (Chile).- Como se sabe, una de las principales reformas anunciadas por el actual gobierno corresponde al ámbito educativo, en razón del innegable beneficio que otorga a un país. Max-Silva-Abbott

Ahora bien, pese a los muchos anuncios y promesas hechos hasta ahora, a veces francamente contradictorios (lo que parece indicar que no se tiene realmente claro lo que quiere hacer), una persistente justificación de esta reforma apunta a que como la educación cumple una función pública (sea lo que fuere que se entienda por esto), dicha función sólo o casi únicamente podría realizarla a cabalidad un ente público, esto es, perteneciente al Estado. Y por lo mismo, que ello sería imposible para uno privado. Mas ¿es realmente así?

En realidad, no: no está sólo reservado para el Estado desarrollar actividades que beneficien a la población en general y mejoren sus condiciones de vida. Existen muchos casos de instituciones no estatales (no necesariamente privadas) que pueden cumplir esta función (a veces muy bien, e incluso mejor que el propio Estado) y al revés, también hay ejemplos de entes públicos que dejan bastante que desear en su labor, que muchas veces satisface intereses bastante “privados”, por llamarlos de algún modo.

Así por ejemplo, no cabe duda que una institución no estatal fundamental en el combate de la pobreza, la marginación y la falta de educación, es la Iglesia Católica (y por cierto, otras iglesias más), al punto que sería absurdo sostener que como no son parte del Estado, no cumplen una función pública.

Otro caso, si bien muy distinto, es el de labores que realizan diferentes entes privados, como puede ser el caso de una carretera concesionada. No parece razonable creer que con la construcción de una carretera no se realiza una función pública, aunque sus usuarios deban pagar por ella (y no todo un país, como ocurriría en caso de ser estatal), pues los beneficios de su existencia son evidentes.

Por tanto, volviendo al ámbito educativo, es perfectamente posible que una institución privada (un colegio, un centro técnico, una universidad) pueda tener una a veces insustituible función pública; y que otra institución pública, por las razones que sea, no cumpla con dicha función, o lo haga de forma muy deficiente.

Es por eso que es un craso error atribuir, como por arte de magia, una automática función pública (y además, de calidad) a un ente público por el solo hecho de ser tal (y lo contrario), todo lo cual obliga a que el actual debate sobre la educación salga de estos estrechos e irreales moldes ideológicos que algunos pretenden imponer dogmáticamente como punto de partida.