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LA POLITIZACION DE LA JUSTICIA, EN EVIDENCIA

El Consejo del Poder Judicial, dividido sobre la reforma de la ley del aborto

thLa dicotomía existente en el seno del Consejo General del Poder Judicial, con el reparto de papeles entre magistrados “progresistas” y “conservadores”, indujo en su momento al presidente de la institución a encargar a dos ponentes, de tendencias distintas, la elaboración del informe preceptivo sobre la reforma de la legislación del aborto. De momento, el informe preliminar elaborado por una de las dos vocales del Consejo, redactado por la “progresista” Pilar Sepúlveda,  insta la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, de acuerdo con la postura mantenida por el PSOE, por considerar, entre otros motivos, que «da una respuesta anacrónica criminalizadora» a la realidad de la interrupción del embarazo, además de «no existir demanda» social para la reforma.

La vocal Pilar Sepúlveda, junto a la conservadora Carmen Llombart, han recibieron el encargo de elaborar el dictamen que marcará el posicionamiento del Poder Judicial respecto de la reforma del aborto, pero el CGPJ aún no ha decidido si al pleno que estudiará la cuestión el próximo mes de marzo llegarán dos propuestas distintas o si las vocales tendrán que consensuar un texto único, según han informado a Europa Press en fuentes de este organismo.

El informe preliminar firmado por Sepúlveda, al que ha tenido acceso Europa Press, dice que el anteproyecto «desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica criminalizadora y se encuentra anclado en una interpretación estática de la jurisprudencia constitucional sobre la base de lo sostenido en su día por el Tribunal Constitucional, pero sin advertir el carácter limitado de la misma».

Asimismo, afirma que la normativa propuesta representa «un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales que generó la legislación de 1985 y además, contempla un régimen aún más restrictivo, en el que la libertad de la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, la dignidad, la vida y la integridad, decaen de forma evidente».

A juicio de esta vocal del CGPJ, la iniciativa del Gobierno «no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social de protección de concebido porque esa demanda no existe como demuestra el hecho de que el anuncio de presentación y aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros haya creado una verdadera alarma social». Es por ello que aconseja «reconsiderar y retirar este anteproyecto que nos aleja de los países de nuestro entorno y que supone un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de la mujer».