La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)

Rajoy elude hablar del aborto en el debate del Estado de la Nación; su prioridad es crear empleo

 17140001_1393329373013_71_20_0_graM.C. En el debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno evitó responder a los reiterados embates del secretario general del Partido Socialista a propósito de la reforma de la ley del aborto en un intento de desviar la atención sobre los puntos principales de la sesión parlamentaria, es decir, los signos de recuperación económica, y convertirla así en algo diametralmente diferente.

Puede que  ante la proximidad del Día Internacional de la Vida, que se celebrará en Madrid con una gran manifestación convocada por más de cinco centenares de asociaciones, muchos ciudadanos hubieran esperado de Mariano Rajoy que entrase al trapo que le tendía el líder de la oposición. Pero es evidente que tanto la forma como el fondo del debate hubieran quedado desvirtuados. La defensa del concebido no nacido y del derecho a la maternidad de la mujer, que están en el centro de la ley en ciernes, exigirán en su momento, cuando finalmente se presente el proyecto en el Congreso, un debate exclusivo que consumirá mucho más tiempo de lo que ayer se dirimía, es decir, el estado real en que se encuentra España a los dos años del Gobierno del Partido Popular.

A propósito de esto, quien haya seguido todo el desarrollo del debate, se habrá quedado perplejo ante la visión diametralmente opuesta que ofrecieron el presidente del Gobierno y el líder socialista. Para el primero, el rumbo económico ha cambiado “tras atravesar el Cabo de Hornos”, en la imagen utilizada por Rajoy para significar que lo peor de la tormenta de la crisis se había pasado con éxito, después de dos años de duros sacrificios de toda la sociedad. Para Alfredo Pérez Rubalcaba, lo peor está aún por llegar, negándose así a reconocer los aspectos positivos de las reformas emprendidas por el Gobierno. Más aún, el líder socialista llegó a decir que el Gobierno había tomado la crisis económica como una coartada para llevar a cabo una política que, a su juicio, ha aumentado la desigualdad entre los españoles, negando así la evidencia de una crisis en buena medida provocada por la mala gestión que hizo de la misma el Gobierno de Rodríguez Zapatero, del que fue su vicepresidente.

Dos maneras de ver las cosas, diametralmente opuestas que, en suma, vienen a dar el tono de lo que será la ya inminente campaña electoral para las elecciones europeas del 25 de mayo. El PSOE tiene previsto elevar la temperatura de la campaña con su propósito de incluir en su programa su viejo proyecto de ruptura cultural con la vuelta a la ley de plazos del aborto de 2010 en el caso de que la reforma elaborada por el ministro de Justicia sea finalmente aprobada y la abolición de cuantas reformas ha llevado a cabo el Gobierno, en especial la reciente ley de educación.

En cuanto al reto secesionista de Cataluña, quedó relativamente claro que Partido Popular y Partido Socialista irán de la mano para oponerse a la celebración del referéndum anunciado por la Generalitat. Pero con un matiz: el PSOE quiere aprovechar la ocasión para promover un cambio constitucional que transforme el Estado de las Autonomías por un Estado federal, vieja aspiración socialista que ahora se ha acentuado con las divisiones internas del partido. Esta eventual reforma, a la que, de entrada, no se opone el presidente del Gobierno –de hecho invitó al grupo parlamentario catalán a proponerla por la vía reglamentaria- exigirá una etapa previa de diálogo en la que debería quedar muy claro hasta qué punto el cambio constitucional sería aceptado por los independentistas catalanes como alternativa, lo cual no está nada claro. La reforma, en realidad, solo daría satisfacción al partido socialista además de abrir una nueva brecha de desigualdad entre las regiones españoles porque, en el fondo, lo que se pretende es contentar a Cataluña –como al País Vasco- con el señuelo de más competencias de autogobierno para subrayar las diferencias con otras autonomías, con el riesgo de provocar una escalada de reivindicaciones que acabarían con el principio de solidaridad territorial.