La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)

EL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DE RAJOY Y LA LEY DEL ABORTO

 ALEJANDRO NAVAS, profesor de Sociología de la Universidad de Navarra

 Voy a repasar los hitos más destacables del debate sobre el aborto, suscitado a lo largo del último año por el propósito del nuevo Gobierno del PP de modificar la ley 2/2010. Después, analizaré algunos de los argumentos empleados en esa discusión.

  

Elecciones generales de 2011 y la ley 2/2010

 

El Gobierno revalidado de Rodríguez Zapatero había aprobado la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de noviembre de  2011 no se mencionaba el aborto, lo que induce a pensar que el partido se consideraba satisfecho con la promulgación y puesta en práctica de esa ley.

 

Para el núcleo de este trabajo es relevante considerar varios aspectos señalados expresamente en su preámbulo: la dimensión internacional, pues esa ley “pretende adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad internacional sobre esta materia… Establece, asimismo, una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal que, siguiendo la pauta más extendida en los países de nuestro entorno político y cultural, busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia, de la mujer y de la vida prenatal” (Preámbulo). El artículo 12 dice: “Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención”.  Y el artículo 18: “Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta Ley. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud”.

 

El PP manifestó su oposición durante la tramitación de la ley, por lo que resulta comprensible que su programa electoral de 2011 incluyera su modificación: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores” (p. 108).

 

 

El Gobierno de Rajoy anuncia que modificará la ley 2/2010: un año de debate

 

Parece lógico que todo nuevo Gobierno intente realizar su programa, así que era esperable que el Ejecutivo de Rajoy diera los pasos correspondientes para la reforma de la ley 2/2010. El 31 de enero de 2012, en el programa “Los Desayunos de TVE”, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anuncia su propósito de cumplir la promesa electoral del PP. Es consciente de la trascendencia de esa medida: “Probablemente, lo más progresista que yo vaya a haber hecho en toda mi vida política es defender el derecho a la vida”.  El 6 de marzo, en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, Ruiz Gallardón anuncia que la reforma de la actual ley del aborto tendrá su primer borrador en otoño de 2012. “Se trata así de ceñirnos a la doctrina del Tribunal Constitucional, extendiendo el amparo a ambos derechos –de la madre y del concebido–, sin dejar ninguno desprotegido, como viene sucediendo en la actual ley”. Al día siguiente, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Ruiz Gallardón amplía la exposición de motivos: “Creo que en muchas ocasiones se genera la violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo. Ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social”.

 

El aborto pasa a ocupar un lugar importante en la agenda pública y mediática, y ni siquiera la tradicional sequía informativa propia del verano conseguirá desplazarlo a un segundo plano. En los partidos de oposición y en medios que defienden al aborto se critican esas palabras del ministro y se denuncia con inquietud el intento de “involución”. La polémica está servida. Luego expondré con más detalle los argumentos contrarios a la reforma.

 

El 25 de marzo se viene celebrando el Día de la Vida (o Día del Niño por Nacer, en algunos países latinoamericanos). La Plataforma a la Vida exigía en la manifestación de 2012 “la abolición de toda legislación permisiva del aborto, de las prácticas eutanásicas y de la manipulación y destrucción de embriones humanos”. Pedía igualmente “leyes y políticas públicas que se comprometan con la defensa de la vida y rompan decididamente con la cultura de la muerte que se ha ido imponiendo en España en las últimas décadas”.

 

El 22 de julio, en entrevista concedida a La Razón, el ministro se expresa en términos similares: “El TC estableció una doctrina con relación a cómo debe regularse la protección del concebido y ha establecido que no siendo un valor absoluto la vida del concebido, … no es tampoco un valor que pueda ser desprotegido, que es, literalmente, lo que ha establecido una ley de plazos. Por tanto, la legislación volverá a un sistema de supuestos, que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos, porque la experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben ser revisados”. En la siguiente respuesta anticipa uno de esos aspectos: “No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación. Y creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de alguna de las capacidades que tiene el resto de los concebidos”. Esa entrevista, en la que se abordaban muchos otros asuntos (al aborto se le dedicaban dos de las 23 preguntas), tuvo un enorme eco mediático y social. Dirigentes del PSOE, como Elena Valenciano (vicesecretaria de Organización), Purificación Causapié (secretaria de Igualdad), José Martínez Olmos (portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso) o Tomás Gómez (secretario del Partido Socialista Madrileño), respondieron inmediatamente, criticando esas palabras en el tono más duro: “integrismo radical; feroz contrarreforma; vuelta a la hipócrita España de los 70; amenaza de una penalización total, que nos retrotrae a la clandestinidad y a la inseguridad sanitaria y jurídica; vuelta al franquismo, ya que llevará a las mujeres a la clandestinidad;  nos ponemos a la cola de Europa en cuanto a derechos y libertades de las mujeres”. Los líderes de IU no se quedaron atrás. Para Gaspar Llamazares, el anuncio de Gallardón constituía “una muestra de populismo penal con la que se convierte en el ariete del fundamentalismo religioso. Se trata de ocultar el asalto al Estado social”. Cayo Lara, coordinador general de la coalición, afirmaba: “Crecen los Torquemadas. Cuando la religión y el poder financiero deciden la política del Gobierno, la democracia ha sido enclaustrada”.

 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sale en apoyo de su compañero de gabinete y, en entrevista a la COPE, critica que el aborto se haya convertido en un derecho durante la anterior legislatura socialista. Confirma que se derogará la ley del aborto en octubre y que la malformación del feto no será un supuesto para abortar: “El ministro de Justicia lo ha explicado de manera muy clara”.

 

El 27 de julio, La Razón vuelve a informar de los planes del Gobierno para resaltar el tratamiento de la discapacidad. Uno de los objetivos de la anunciada reforma de Ruiz Gallardón es “poner de acuerdo la nueva ley con la doctrina del TC y con los convenios internacionales firmados por España, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, aprobada por la ONU en septiembre de 2006 y firmada por el Gobierno español el 21 de abril de 2008. El Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad había advertido al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero (dictamen de septiembre de  2011), pidiendo que se suprimiese el plazo para abortar por malformación del feto hasta la semana 22 de gestación, tal como se recoge en la ley de 2010. Además, da a España un plazo hasta diciembre de 2015 para que informe de las modificaciones realizadas. En términos parecidos se había expresado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que celebró el anuncio del Ministro de Justicia de eliminar el aborto eugenésico.

 

En las páginas de El Mundo (30 de julio) Rosa Regás equipara la nueva ley del aborto a una vuelta a las cavernas: “Una verdad que cae por su propio peso: la inmensa mayoría de los españoles se ha mostrado contrario a ella” (no aporta datos para justificar esta aseveración).

 

El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, proponía el 1 de agosto en su blog que se obligara a las mujeres que decidan abortar a visualizar una ecografía de su hijo antes de interrumpir su embarazo (ya se hace así en algún estado norteamericano). Como era de esperar, los partidarios del aborto se abalanzaron sobre el político valenciano. Por ejemplo, la diputada de IU, Esther Barceló, lamentaba su “reincidente criminalización de las mujeres”. Me pregunto: ¿Es criminal confrontar a alguien, en este caso a la mujer que quiere abortar, con las consecuencias de sus actos? Nos encontramos ante una manifestación más del ocultismo que envuelve al aborto. Parece que la demanda de transparencia, tan característica de la sociedad democrática, no se aplica a este caso. La espiral exhibicionista-voyeurista permite asomarse a lo más íntimo de la vida personal, pero mostrar imágenes de fetos abortados se convierte en crimen de lesa opinión pública.

 

El 16 de septiembre, El País hace una larga entrevista a Gonzalo Moliner, recién estrenado presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. Se pasa revista a la situación de la justicia en España y del aborto se habla en dos de las 23 preguntas, pero significativamente da el titular a la entrevista (que también va en la portada): “La Ley del Aborto es constitucional, como en muchos países de Europa”. Veamos esas dos preguntas y respuestas: “P. La Ley del Aborto vigente no pudo ser informada por este Consejo debido a que se produjo un empate a 10 votos con una abstención. ¿Ocurrirá lo mismo con la que prepara el PP? R. Probablemente ahora no se produciría, aunque no lo sé. Somos 21, es difícil que se produzca. P. ¿Cree que la vigente Ley del Aborto es constitucional? R. Creo que sí, que es una ley acomodada a los principios que rigen en otros muchos países de la Unión Europea y si en otros países está aceptada y es constitucional no sé por qué aquí no debía de serlo. Pero España no sé si es diferente o no todavía. En cualquier caso, es una decisión que corresponde al Tribunal Constitucional, no hay que olvidar que está pendiente de recurso”.

 

El 28 de septiembre, Día Mundial por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el PSOE aprovecha la oportunidad para volver a criticar el proyecto de reforma del Gobierno: “El PSOE se suma y apoya esta simbólica celebración y reclama, una vez más, la necesidad de mantener la actual regulación en España, impulsada por el Gobierno Socialista, de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la   Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)… hacemos un llamamiento a toda la población para mantener en España una ley acorde con las legislaciones de los países de nuestro entorno, que cuenta con el respaldo de la mayoría de la población”.

 

A comienzos de octubre de 2012, los movimientos pro vida organizan la “Marcha por la vida”, con manifestaciones en un centenar de poblaciones españolas reclamando el “aborto cero” y conminando al Gobierno de Rajoy a cumplir con su programa. El ministro de Justicia subraya el compromiso del Ejecutivo con ese cambio y anuncia que presentará la correspondiente propuesta antes de que termine el año (el propósito inicial del Ministerio había sido tener listo el anteproyecto de ley en septiembre). Reconoce que el tema del aborto es “muy delicado, muy sensible” y que “divide a la sociedad española”. Vuelve a rechazar de modo tajante la ley de 2010, que el Gobierno socialista habría promulgado “para distraer la atención de los problemas económicos que entonces nacían” y afirma que pretende volver al consenso (sic) suscitado por la ley de 1985. “La madre y el concebido tienen derecho los dos y cuando uno y otro entran en colisión, el legislador tiene que resolver ese conflicto. La ley de plazos desprotegía al concebido y eso se va a arreglar”  (hispanidad.com, 15 de octubre de 2012).

 

Se entiende que esas palabras de Ruiz Gallardón no entusiasmaran precisamente a los defensores de la vida. El conflicto entre la madre y el concebido es prácticamente inexistente en un país como el nuestro, con una medicina mínimamente desarrollada, y dejar la ley de plazos para volver a una ley de supuestos no parece un cambio decisivo en orden a una mayor protección de la vida no nacida. Resulta  cuando menos sorprendente la alusión a ese supuesto consenso en torno a la ley de 1985.

 

Cada año hay un momento en el que con infalible regularidad el aborto vuelve a ser noticia: la publicación por parte del Ministerio de Sanidad de los datos correspondientes a los abortos practicados el año anterior.  Suele ocurrir a final de año –lo que no revela una especial diligencia por parte del Ministerio–. En los últimos días de 2012 se repitió el ritual: la cifra de abortos volvió a subir, un 4,7 % respecto al año anterior, para un total de 118.359 abortos.  Un registro para un primer año de legislatura del que ningún gobierno presumiría. Y eso que el número oficial se queda corto. No recoge los abortos producidos por la píldora del día después, de consumo masivo en España, y ofrece serios reparos desde el punto de vista estadístico. España es uno de los pocos países occidentales en el que esa estadística se elabora únicamente con los datos proporcionados por los propios centros que llevan a cabo los abortos. Hay motivos fundados para sospechar de su fiabilidad. Sabemos que durante años se infringió de modo sistemático la ley de supuestos de 1985, y parece lógico que muchos de esos abortos ilegales no hayan quedado recogidos en las estadísticas. Nuestras autoridades sanitarias no consideran necesario comprobar el rigor de esas cifras y renuncian a verificarlas, como se hace en otros países de nuestro entorno. Bastaría con enviar inspectores a una muestra de los establecimientos donde se aborta para que registren los abortos realizados en ese día y comparar luego ese dato con la información proporcionada por los propios centros. Así, el ocultamiento estadístico ayuda a la desaparición del aborto de la escena pública.

 

Nadie quedó satisfecho con el elevado número de abortos, al menos en este punto parece haber un auténtico consenso. Los defensores de la vida aprovecharon la circunstancia para volver a reclamar al Gobierno la reforma de la ley. En palabras de Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia: “La única ley justa en materia de aborto es aquella que protege sin excepción alguna al niño aún no nacido y, también sin excepciones, a las mujeres embarazadas para que puedan ser madres… Exigimos al Gobierno que acelere el proceso de aprobación de la nueva Ley de protección a la maternidad que anticipó en su programa electoral y la consiguiente derogación de la ley de 2010, pues las demoras en el cumplimiento de esta promesa están generando daños irreparables”.

 

Otro hecho que ha avivado el debate, con un tono igualmente polémico, ha sido el juicio al Dr. Morín, que se ha desarrollado durante los últimos meses en la Audiencia Provincial de Barcelona. Las actuaciones del fiscal o de la defensa han dado lugar a las paralelas tomas de partido. Este juicio tiene notable importancia. Por vez primera, la justicia actúa contra la práctica ilegal del aborto, que infringe lo establecido en la ley del 1985. Esa praxis irregular estaba generalizada y era de dominio público, pero los sucesivos gobiernos y fiscales generales prefirieron no darse por enterados durante años. Tuvieron que ser reporteros de sendos canales de televisión, danés e inglés, los que destaparan el escándalo, que tenía una dimensión europea. Se sabía que España, con una ley de supuestos muy parecida a la de los demás países europeos, tenía la praxis más liberal. Mujeres extranjeras, que no podían abortar en sus países de origen por encontrarse fuera de los casos permitidos por sus leyes, venían a España, sabedoras de que aquí se podía abortar sin limitaciones (eso sí, pagando más). Por fin una juez de Barcelona, ayudada por la denuncia de un psicólogo, cómplice del fraude, se atrevió a aceptar una denuncia. Ante la perspectiva de que la justicia pudiera imponer un cumplimiento estricto de la ley y se redujera drásticamente el número de abortos (y del dinero ingresado en este próspero negocio), la patronal del aborto se movilizó. Sus buenas relaciones con el Gobierno socialista propiciaron la reforma que conduciría a la ley de 2010: con el aborto ya despenalizado y convertido en un derecho, no habría riesgo de incurrir en delito. Sin despreciar el aspecto ideológico, la tan invocada “demanda social” tenía en buena parte una base económica: se trataba de salvar el negocio.

 

El año 2012 termina sin que se inicie el trámite parlamentario para la reforma de la ley. La lentitud del Ejecutivo suscita críticas en el frente pro vida. Podría esgrimirse como excusa la gravísima crisis económica, que ha traído y sigue trayendo en jaque al Gobierno y constituye la principal preocupación de la ciudadanía. Pero gobernar implica atender a todos los aspectos de la vida nacional, y los esfuerzos por salir de la crisis económica no tendrían por qué impedir trabajar en otros ámbitos distintos al económico.

 

En enero de 2013 el Ministro vuelve a tomar la palabra: se compromete a tener la reforma de la ley del aborto antes del 31 de marzo (La Razón, 14 de enero).  Ruiz Gallardón es consciente del retraso, “pero al tratarse de un tema importante, que está necesitando consultas no sólo de carácter legal, sino de otros muchos sectores sociales, nos ha llevado durante este año una parte muy importante de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo”. Sobre el contenido de la reforma se muestra cauteloso: “Hay que esperar a que el Gobierno apruebe el proyecto antes que desde el ministerio avancemos más su contenido”, pero repite lo anunciado con anterioridad: “La intención es abandonar la ley de plazos para ir a una ley de supuestos de despenalización. Es el principio básico, que es el que casa con la interpretación que de la regulación del aborto hizo el Tribunal Constitucional”.

 

Casi  al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad publica la composición del nuevo Comité de Bioética de España, órgano consultivo para todo lo relacionado con cuestiones éticas y sociales de la biomedicina y las ciencias de la salud. Nueve de sus doce miembros mantienen posturas favorables a la vida, dato que alimenta de nuevo la polémica. El País titula su crónica (14 de enero): “El Gobierno llena el Comité de Bioética de antiabortistas”.

 

El 26 de enero, en la “Jornada sobre salud sexual y reproductiva. Los derechos en la Unión Europea”, organizada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y la plataforma Decidir nos hace libres, Elena Valenciano reitera sus críticas a Ruiz Gallardón, al que propone declarar persona non grata: “Se pone al lado de los opresores, en lugar de acompañar a las mujeres que libremente quieren abortar… La maternidad no es cuestión de ministros ni de curas, es de las mujeres…  Rajoy y Gallardón quieren hacer retroceder a las mujeres, toman decisiones sobre la vida de gente que no conocen… El Gobierno ha iniciado una cruzada contra las mujeres españolas con el objetivo de generar inseguridad jurídica… Están en riesgo la democracia y la libertad de las mujeres… Esta situación supone un momento quizás aún más difícil que la Transición en la historia de España, debido a que los enemigos de la democracia lo ven como una oportunidad. Algunos especulan con el temor y la incertidumbre de las personas y la derecha lo usa como coartada para imponer su modelo… La Unión Europea se traicionaría si no enfrenta el fundamentalismo neoconservador y liberal que recorre las fronteras europeas”.

 

 

Los argumentos empleados en el debate

 

Después de haber seguido de modo somero los hitos más destacados en torno a este debate durante el último año, voy a fijarme ahora en algunos de los argumentos más característicos[1].

 

Tal vez me he precipitado un tanto al hablar de debate: no resulta evidente que exista tal debate, según declaran buena parte de los interlocutores.  El debate pierde sentido y puede darse por superado cuando se presupone un consenso. Es lo que hacen en ocasiones tanto los defensores del aborto como los que están a favor de la vida. Adopta esta postura el mismo Ruiz Gallardón, cuando sostiene que hay consenso social en torno a la ley de 1985. La clase política y los medios de comunicación han prestado durante años muy poca atención al aborto, por motivos diversos. De 1985 a 1996, el PSOE se dedicó a poner en práctica su ley, tarea que no necesitaba publicidad. El PP llega al poder en 1996 y, de forma sorprendente, durante los ocho años de presidencia de Aznar la práctica del aborto se generaliza de modo extraordinario. Lo que durante el gobierno del PSOE era una práctica incipiente se convierte en algo asentado y masivo con el PP. Se entiende que Aznar prohibiera a sus cargos electos y cuadros hablar públicamente del aborto: hubiera sido muy difícil explicar la contradicción entre el programa del partido y el gobierno efectivo. Esa política permisiva o incluso promotora del aborto ha continuado en comunidades autonómicas o en ciudades gobernadas por el PP durante los años de Rodríguez Zapatero. Ahí están Esperanza Aguirre o el mismo Ruiz Gallardón, que en la Comunidad de Madrid o en la capital han financiado abortos y han distribuido gratuitamente la píldora del día después sin reparos. Por eso es tan de saludar el aparente cambio de postura adoptado por Ruiz Gallardón al llegar al Ministerio de Justicia. Algunos líderes del PP, como Jaime Mayor Oreja, se han disculpado públicamente por la permisiva política del PP ante el aborto; veremos si el partido –Mayor Oreja desempeña en estos momentos un papel marginal— actúa ahora en coherencia con su programa.

 

 He analizado en otro sitio la peculiar invisibilidad del aborto en nuestra esfera pública[2], por lo que no me extiendo sobre este punto. Se observa aquí un proceso, perceptible igualmente en otros casos, que conduce a la “normalización”: rechazo horrorizado; rechazo sin horror –empezamos a acostumbrarnos a esa nueva realidad–; reconocimiento de la importancia del asunto, que merece ser estudiado a fondo, sin apasionamientos; aceptación para algunos casos excepcionales y rigurosamente controlados (si no lo hacemos nosotros, lo harán otros, sin escrúpulos y sin garantías); generalización de hecho; despenalización; legalización; aceptación pacífica y completa normalización. Este recorrido implica la exclusión, más o menos efectiva, de la objeción de conciencia de médicos y enfermeras renuentes al aborto. Antes del aborto se dio esta secuencia con el divorcio, ahora mismo se observa en fenómenos tan diversos como la reproducción asistida, la experimentación con embriones o la eutanasia. La presencia universal del fenómeno –del aborto, en este caso–, su homologación ética y legal y la capacidad del ser humano para acostumbrarse a lo más insólito y terrible, supuesto que se repita con la necesaria frecuencia, hacen que pronto adquiera carta de ciudadanía social. Además, como nos enseña la psicología, una conducta que se reitera hasta llegar a ser habitual ya no necesita una particular justificación. La mayor aberración puede llegar a convertirse en una rutina trivializada; es la banalidad del mal que Hannah Arendt vio personificada en Adolf Eichmann.

 

Esa aparente normalización puede dar a entender que estamos ante un caso cerrado, que en el pasado encendió los ánimos, pero que hoy se ha impuesto de modo pacífico y definitivo. Bibiana Aído, la Ministra de Igualdad que promovió la ley de 2010, declaraba en marzo de 2009 que “el debate sobre el aborto se cerró hace un cuarto de siglo en España”. Trinidad Jiménez, responsable de Sanidad, afirmaba en octubre de 2009: “El debate sobre el aborto debería estar cerrado desde hace dos décadas”. Un editorial de El País, el 25 de julio de 2010, sentenciaba que “la discusión sobre el aborto, en España y fuera de ella, lleva muchos años cerrada” (basta echar un vistazo superficial a la hemeroteca y al propio periódico para comprobar la falsedad de esa tesis).

 

Resulta evidente que el debate no está cerrado, ni mucho menos. Y es bueno que sea así. Nuestra sociedad, como en los demás países occidentales, se encuentra fuertemente polarizada. Hace ya tiempo que se rompió el consenso en torno a los valores fundamentales, que tradicionalmente respondían de la cohesión social. Ya no hay acuerdo sobre el modo de entender la vida, la sexualidad, el matrimonio y la familia, la educación, la muerte y tantas otras realidades. Las sociedades modernas han reaccionado ante esta nueva situación arbitrando procedimientos como nueva fuente de legitimidad. Lo justo será ahora lo que los parlamentos legislen y los jueces apliquen en sus sentencias (positivismo jurídico).  Es claro que ya no habrá valores absolutos, nos encontramos en una sociedad abierta (Karl Popper dixit), flexible, capaz de revisar permanentemente sus valores. Pero experiencias trágicas nos han enseñado los límites del procedimentalismo, y como mostró Ernst-Wolfgang Böckenförde, el Estado democrático se basa en presupuestos de carácter absoluto que el mero procedimiento no está en condiciones de asegurar. Tiene sentido, por tanto, que se reabran –o simplemente se continúen– los debates de carácter fundamental. Merece la pena discutir sobre lo más serio de la vida.

 

Sería deseable que ese debate se desarrollara con toda la intensidad y la pasión que exigen la materia, pero con un mínimo de respeto y educación. No es el caso en España. Resultan lamentables el sectarismo y la falta de rigor que presiden las discusiones. No sirve de consuelo que esa tónica discursiva adquiera carácter universal y se dé en todos los ámbitos de nuestra vida pública, desde la política hasta el deporte. Las facilidades que proporcionan las redes sociales han intensificado la agresividad y la chabacanería, recurso útil para enmascarar la ausencia de argumentos convincentes.

 

Es notable la crispación perceptible en el frente abortista. Ya he dado algunas muestras en la crónica del debate durante los últimos meses. El tono agrio se advierte tanto en las declaraciones como en las actuaciones callejeras. Las manifestaciones pro vida, que tanto han proliferado en los últimos años, son un ejemplo de alegría, buen talante, caras sonrientes. Se trata de auténticas fiestas familiares, con padres, hijos y abuelos. Ese carácter festivo indigna de modo particular al frente abortista, que parece no soportar esa alegría de vivir. Por el contrario, las manifestaciones  pro aborto –mucho menos nutridas, por cierto–, asustan.

 

Como resulta típico de debates enconados sobre cuestiones fundamentales, la primera batalla es lingüística. A título de ejemplo, el CSIC organizó el 2008 una mesa redonda para debatir sobre el aborto. La distribución de las ponentes –todas mujeres– no resultaba del todo equilibrada: cinco proabortistas se enfrentaban a dos defensoras de la vida, Alicia Latorre, Presidenta de la Federación Española de Asociaciones pro Vida,  y Esperanza Puente. Durante el debate Latorre aludió en repetidas ocasiones al sufrimiento de “la criatura”, para designar a la víctima directa del aborto. Ese término molestó notoriamente a las defensoras del aborto, que hablaban más bien de feto o de embrión o incluso de preembrión. La tensión crecía. Finalmente, una de las abortistas estalló: -“Está bien, es verdad. Lo que reivindicamos, en última instancia, es el derecho a matar a nuestros hijos dentro del útero”. Un silencio que se cortaba se adueñó de la sala. No resultó fácil continuar la sesión como si nada hubiera pasado.

 

Efectivamente, había ocurrido algo tan grave como clarificador: alguien se había sentido obligado a reconocer la verdad y llamarla por su nombre. En un ámbito en el que reinan el eufemismo[3] y la manipulación, esa conducta tenía que caer forzosamente como una bomba. Como escribió Bertolt Brecht: “El que no sabe la verdad es simplemente un idiota. Pero el que la sabe y la llama una mentira, ése es un criminal”[4].

 

¿Cómo se explica la particular crispación que caracteriza este debate? Hay mucho en juego: la definición de aspectos básicos de la condición humana. Lo que se determine a ese respecto influirá decisivamente en la vida de las personas y de la entera sociedad. En asuntos tan centrales, y de tanta relevancia práctica, resulta muy difícil separar lo puramente teórico –científico o técnico– de lo moral y social. Los intereses prácticos, el modo en que se vive, condicionan las posiciones teóricas. Rara vez se argumenta con asepsia. También juegan un papel importante las experiencias personales, la propia biografía.[5]

 

Los partidarios del aborto deberían entender que los que ven en el embrión un ejemplar de la especie humana –postura que cuenta con el respaldo de la genética y la embriología– se empeñen con todos los medios en la erradicación del aborto y en la protección de la vida desde el momento de la concepción (y hasta la muerte natural). Igual pasión emplearon en su lucha contra la esclavitud los que veían personas cabales en los esclavos negros. O los ecologistas que ven en animales y plantas seres que comparten la condición de ser vivo con los humanos: parentesco obliga. Por supuesto que a unos y a otros habría que pedirles respeto y ecuanimidad en la defensa de los propios puntos de vista. La verdad se propone, se argumenta, no se impone.

 

En cierto sentido tienen razón los que declaran que el debate sobre el aborto se cerró hace tiempo. Acabamos de cumplir cuarenta años de la sentencia Roe vs Wade, lo que ha llevado  a hacer balance. La discusión en torno al aborto, que movilizó a la opinión pública occidental en su momento, se ha acallado en buena medida (aunque sigue muy viva en Estados Unidos, con grupos pro life y pro choice muy activos). Como ya he mencionado antes, el aborto se ha impuesto en la práctica (en el mundo se realizan entre 40 y 60 millones de abortos al año, en función de las diferentes estimaciones: ya es la primera causa de muerte), pero el frente abortista se ha quedado sin argumentos. Los recientes desarrollos de la genética y la ayuda tecnológica de la ecografía han resuelto de un plumazo las cuestiones debatidas a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. El titular de un artículo publicado en El País (31 de diciembre de 2006) decía: “La nueva arma contra el aborto se llama ecografía. Antiabortistas de EE UU instalan clínicas ‘trampa’ junto a centros de interrupción del embarazo para disuadir a sus pacientes”.  Hoy ya no tiene sentido que las mujeres proabortistas enarbolen pancartas con el eslogan “Mi cuerpo es mío”. No obstante, en las polémicas suscitadas en España a lo largo del año pasado se siguen invocando lemas como el “nosotras parimos, nosotras decidimos”. No resulta fácil encontrar argumentos razonables en los defensores del aborto, de ahí también ese sospechoso afán por declarar cerrado el debate. Posiblemente el recurso crispado al insulto y a la descalificación del adversario esconde justamente esa carencia argumentativa.

 

Al margen de consideraciones científicas sobre el estatuto del embrión, tenemos el cambio de Gobierno tras las elecciones de noviembre de 2011. En muchos sentidos resulta deplorable que cada relevo de Gobierno implique cambios legislativos de envergadura (por ejemplo, en educación), pero se trata de algo legítimo. El PP no ha engañado a nadie con su proyecto de reforma de la ley de 2010, pues así se indicaba en su programa.

Isabel Serrano, portavoz de la plataforma Decidir Nos Hace Libres, declaraba en septiembre de 2012: “El PP está incumpliendo todas las medidas de su programa excepto la reforma del aborto”. Aun admitiendo que sea así, ¿por qué no subrayar más bien que al menos en un punto el PP ha sabido cumplir lo prometido al electorado? Las reacciones de la oposición han sido desmedidas, pero se han quedado a la vez en el mero lamento indignado, sin aportar razones de peso. Rubalcaba se preguntaba en marzo de 2012 “en qué país vive y en qué mujeres piensa Gallardón”.  A su juicio, el titular de Justicia se propone que las mujeres puedan volver a la cárcel por interrumpir su embarazo. Hablar así es villanía cuando el Secretario General del PSOE sabe que ninguna mujer ha ido a la cárcel en España por este motivo. El número dos del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, vaticina que se acerca una “edad de hielo para los derechos de las mujeres”. Los testimonios podrían multiplicarse. Menciono tan solo a Rosa Díez, dirigente de UPyD, que tachaba de increíbles las declaraciones del ministro.

 

Una razón muy invocada por los promotores del aborto se fija en los países de nuestro entorno político y cultural. Es verdad que en Occidente impera la legalización del aborto, con escasísimas excepciones. Pero, ¿constituye esa circunstancia un argumento de peso? La tendencia a la integración en el grupo, a la aceptación por los demás, es congénita al ser humano y, probablemente,  también a las colectividades. “Antes loco con todos que cuerdo a solas”, decía Baltasar Gracián. La teoría de la espiral del silencio ha estudiado con agudeza el mecanismo de ese fenómeno en la opinión pública. ¿Procede hacer algo que no nos convence basados tan sólo en el sentir mayoritario? ¿Seremos indulgentes con la corrupción en los partidos políticos escudados en que todos hacen lo mismo? El carácter, de los individuos y de los pueblos, se muestra precisamente en estas coyunturas. Y desde los clásicos sabemos que la virtud cardinal de la fortaleza, más que en acometer grandes hazañas, radica en la perseverancia para resistir presiones adversas. El simple número no es criterio de verdad o de bondad, tampoco cuando una mayoría abrumadora vocifera de modo desaforado. Desde Hitler sabemos que la mayoría puede ser criminal y decidir, por ejemplo, la eliminación de la minoría. El papel de los intelectuales auténticos consistirá entonces en señalar la desnudez del emperador, como en el cuento de Andersen.

 

No dispongo de espacio para tratarlas, pero el somero examen de la cuestión del aborto en la opinión pública en España durante el último año plantea inevitablemente algunas preguntas de fondo: ¿Qué conduce a líderes políticos y sociales, a intelectuales y a científicos a empeñarse con tanto enardecimiento en consolidar una cultura de la muerte? ¿Cómo se llega a narcotizar a buena parte de una población, que apenas toma nota de la eliminación de millares de vidas en el seno materno? ¿Cómo puede llegar a oscurecerse de tal manera el sentido de la responsabilidad, en este caso, en el ámbito de la sexualidad? ¿Qué proceso mental han sufrido los médicos y personal sanitario que ejecutan abortos o que apremian al aborto a toda embarazada cuyo feto presenta riesgos de malformación? ¿Cómo se puede hacer negocio con esa industria de la muerte? ¿Podría explicar sensatamente alguien ese odio a la vida? Recuerdo a Nietzsche: “El nihilista juzga que el mundo, tal como es, no debería existir y que el mundo, tal como debería ser, no existe. En consecuencia, existir (actuar, sufrir, querer, sentir) no tiene sentido”[6]. ¿Es el nihilismo la consecuencia necesaria del proyecto cultural ilustrado?

                                        Alejandro Navas

             Profesor de Sociología de la Universidad de Navarra

           

 

 

 



[1] Más información en A. Navas, “El callado suicidio de una civilización”, Nuestro Tiempo, 1999, (537, 3), pp. 100-114. Sobre el estado actual de la discusión véase B. Büchner/ C. Kaminski/ M. Löhr (Hg.), Abtreibung. Ein neues Menschenrecht?, Sinus, Krefeld, 2012.

[2] A. Navas, “El aborto en los medios de comunicación”, en M. Lázaro Pulido (ed.), Mujer y realidad del aborto: un enfoque multidisciplinar. Actas del I Congreso Internacional Multidisciplinar “Mujer y realidad del aborto”, Asociación Extremeña de Amigos del Foro Español de la Familia, Cáceres, 2008, pp. 117-130.

 

[3] El Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2010, que he citado el principio, dice que esta ley “busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia, de la mujer y de la vida prenatal”. Con la expresión “vida prenatal” se intenta privar de carácter humano al embrión y al feto. Así resultará más fácil eliminarlo. Los mandos militares estadounidenses comprobaron en la Segunda Guerra Mundial que tan sólo el 25 % de sus soldados disparaban efectivamente contra el enemigo. Al término de la contienda, el Pentágono abordó este grave problema y decidió modificar la preparación de los reclutas. A partir de entonces, ya no se hablaría de “enemigo”, sino de “blanco” o de “objetivo”. Había que privarle de carácter personal y convertirlo en algo abstracto. En ambos casos hay que superar la resistencia que el ser humano parece ofrecer a la eliminación de un semejante.

[4] B. Brecht, Gesammelte Werke, Band 3, Stücke 3, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1967, p. 1300.

[5] Me parece ilustrativo lo ocurrido en dos sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, celebradas el 18 de julio de 1996 y el 24 de febrero de 1998. En ambas se debatieron proposiciones de ley del Grupo Socialista sobre regulación voluntaria del embarazo. Tomaron la palabra las señoras Fernández de la Vega (PSOE), Almeida Castro (Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya), Fernández González (PP), Rahola i Martínez (Grupo Mixto) y el señor Silva Sánchez (Convergència i Unió). El diputado Silva Sánchez pudo señalar en sus intervenciones que era el único de los que habían intervenido que había tenido a un hijo propio en sus brazos. Ninguna de las diputadas había vivido la experiencia de la maternidad. Ese tipo de vivencias biográficas condiciona, sin duda, el juicio político. Sobre el trasfondo de ese debate véase G. Herranz, “Legislation on abortion. The most recent Spanish experience”, en J. D. Vial Correa y E. Sgreccia (eds.), Evangelium vitae. Five years of confrontation with society. Proceedings of the Sixth Assemby of the Pontifical Academy for Life, Librería Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, pp.167-183.

[6] F. Nietzsche, Kritische Gesamtausgabe, VIII/2, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1970, p. 30.