La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)

Una sentencia peligrosa

Max Silva Abbott. Doctor en Derecho y Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad San Sebastián (Chile).- Como un gran avance ha sido calificado por sectores “progresistas”, el reciente fallo del Tribunal Constitucional de Perú, que ha despenalizado las relaciones sexuales consentidas con adolescentes de entre 14 y 18 años. Antes, la ley consideraba que en estos casos existía una violación, aun si el menor prestaba su aprobación.  Foto Max Silva 1

Tan sorprendente medida se debe a que a juicio del tribunal, la anterior prohibición era inconstitucional, al menoscabar el uso de la libertad de los adolescentes, el desarrollo de su personalidad y (literalmente) el goce de sus derechos sexuales. Además, se dificultaba su acceso a los servicios de salud reproductiva –exponiéndolos a mayores tasas de contagio del sida y de otras enfermedades de transmisión sexual– y a la atención de embarazos y nacimientos.

De esta forma, el fallo permite a los adolescentes ejercer libremente su sexualidad, aunque respecto de casi todas sus demás decisiones, requieran de la autorización de su representante legal (usualmente sus padres), e incluso existan conductas (comprar alcohol o cigarrillos, u obtener una licencia de conducir), totalmente prohibidas para ellos.

Las anteriores restricciones son absolutamente lógicas, puesto que como el menor no tiene suficiente discernimiento, podría convertirse en presa fácil de adultos inescrupulosos. Por eso las incapacidades se establecen en favor de la parte más vulnerable, por elementales razones de justicia.

En consecuencia, esta sentencia abre un peligroso flanco para los adolescentes. Y aunque se sostenga que si en una relación sexual existe violencia o abuso por parte de un adulto ello constituiría una violación, un mínimo sentido común permite darse cuenta que no cuesta mucho para que un adulto embauque a un menor (¿cómo evitar tentarlo con unas pocas monedas o con regalos, por ejemplo?) y termine aprovechándose de él, aunque éste no lo perciba. Lo anterior, sin perjuicio que se da una potente señal de impunidad a eventuales abusadores de menores, y es casi seguro que varios “interesados” en este tema participaron en la campaña ciudadana que motivó esta lamentable sentencia. Igualmente, lo anterior hace prever un aumento de los casos de explotación sexual y, obviamente, de embarazos adolescentes y abortos.

Así las cosas, ¿dónde ha quedado el deber del Estado de proteger la integridad física y psicológica de sus adolescentes? ¿A quién se le sigue el juego tomando decisiones como ésta? ¿Qué pasa con el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos? Tómese en cuenta además, que si de verdad el embarazo adolescente o las enfermedades de transmisión sexual (que para algunos sectores incluyen al mismo embarazo) son un verdadero problema, la sentencia no hace sino empeorar las cosas.

Un precedente lamentable y peligroso, sin duda alguna, que no hace presagiar nada bueno para el futuro para nuestros hijos y nietos.