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RECHAZA LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR LA AFECTADA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION

Fallo salomónico del TSJA en el caso de la profesora almeriense de Religión despedida tras casarse con un divorciado

1326458990_0El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado el auto del Juzgado de lo Social número 3 de Almería que limitaba la readmisión de la profesora de Religión Resurrección Galera en su puesto de trabajo hasta el pasado 31 de agosto y condenaba al Ministerio de Educación a pagarle 42.372,98 euros de indemnización por los salarios que dejó de percibir desde el curso 2001-2002, en el que no fue renovada por el Obispado de Almería por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado.

La sentencia de la Sala de lo Social, a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza los recursos de suplica interpuestos tanto por Resurrección Galera como por el ministerio, que solicitó alAlto Tribunal andaluz que declarara que la reincorporación de Galera al puesto de trabajo que ocupaba en el CEIP ‘Ferrer Guardia’ de La Cañada, en la capital, era «imposible legal y materialmente» al haberse procedido al pago de los salarios y la indemnización y estar ocupada su plaza por otra persona.

La docente, por su parte, solicitaba que se le repusiera en su puesto de trabajo pero «sin limitación temporal». Ambos recurrentes coincidían, no obstante, en su desacuerdo con la cuantía de indemnización fijada por el juez de lo Social en el auto de ejecución de la sentencia que declaró nulo el despido de Galera después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que el Obispado de Almería había vulnerado sus derechos fundamentales al no llamarla para el curso 2001-2002.

La abogada de CCOO que representa a la profesora, Amalia Robles, ha avanzado la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJA. Por otra parte recuerda que el pasado septiembre ya presentó una nueva demanda contra el Obispado de Almería, por cuya decisión no fue renovada la docente tras casarse con un divorciado, y el Juzgado de lo Social número 1 de Almería ya ha fijado el juicio, que supone el inicio de un nuevo procedimiento, para el 25 de febrero del 2014.

La nueva demanda laboral contra el Obispado, así como contra el Ministerio de Educación y la Consejería del ramo, que no dieron respuesta a una reclamación previa, fue interpuesta después de que el órgano eclesiástico remitiera a la docente a principios de septiembre un burofax en el que se le informaba de que no cuenta con la «missio canonica» que otorga la Iglesia para certificar la idoneidad de los profesores a la hora de ser contratados por el Ministerio de Educación.

Por su parte, el Obispado presentó en marzo un recurso de amparo ante el Constitucional en el que defiende que es «enteramente constitucionalel hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa».

Tras conocer la interposición de la nueva demanda, la representación legal del Obispado advirtió de que mantendrá su postura respecto a la contratación del profesorado de religión «hasta el final», ya que su «derecho» a elegir a los docentes para impartir esta asignatura está avalado por los acuerdos entre el Estado español y la Iglesia Católica.