La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)

Mayorías, democracia y justicia

Una decisión no es necesariamente acertada ni una afirmación es necesariamente verdadera por el mero hecho de que haya sido adoptada o afirmada por la mayoría o aun por la totalidad de los integrantes de un determinado grupo u órgano.  No es difícil aducir casos de decisiones y afirmaciones mayoritarias que han resultado gravemente desacertadas y se han revelado totalmente erróneas.

 

Pero es más: una decisión o afirmación por el hecho de ser mayoritaria tampoco es ni siquiera democrática. Damos por supuesto que en un sistema democrático las decisiones se adoptan por mayoría. Y de ahí fácilmente muchos pasan a considerar, a la inversa, que basta que una decisión sea mayoritaria para que sea sólo por eso democrática. Sin embargo eso no es necesariamente así. Pueden darse decisiones mayoritarias y aun unánimes que no puedan considerarse democráticas. ¿Acaso consideraríamos democrática la decisión mediante la cual un parlamento hasta entonces democrático en su origen adoptara mayoritaria o aun unánimemente la decisión de dar paso a una dictadura?

 

Para que una decisión sea democrática ha de satisfacer dos condiciones o exigencias: una, de carácter formal (y sin duda esencial al sistema democrático): que sea adoptada por mayoría; otra, de carácter material o de contenido: que no niegue ni aun ponga en cuestión la democracia misma, ni como sistema ni en cualquiera de sus elementos esenciales. Así, por más que sea mayoritaria y aun unánime, no será democrática la decisión mediante la cual un parlamento instaure una dictadura ni lo será cualquier otra decisión (aunque sea menos “aparatosa”) que entrañe la negación o daño de cualquiera de los derechos y libertades fundamentales de la persona[1].

 

No podemos negar la validez y necesidad de aplicación del principio de mayoría para decidir las normas comunes reguladoras de las relaciones y actividades en los diversos sectores de la vida socio-económica y política. Pero sin duda hay cuestiones, casos, momentos, en los que entran en juego cuestiones fundamentales y en las que nuestra conciencia nos impide aceptar el absoluto y craso positivismo de que algo es justo o verdadero por el simple hecho de que así lo decreta una coyuntural mayoría parlamentaria. En esos casos, por el contrario, experimentamos la necesidad de remitirnos  a un orden anterior y superior a cualquier mayoría y en el que hemos de esforzarnos todos por buscar dialogalmente y encontrar lo que es justo.

 

Para quienes por su fe y su oficio doctrinal han de atenerse a la doctrina social de la Iglesia y transmitirla con fidelidad, conviene recordar la insistencia con las que el magisterio pontificio insiste precisamente en que las mayorías parlamentarias no son necesariamente la garantía ni menos la fuente de la verdad y de la justicia. A este respecto, entre otros muchos posibles testimonios,  podemos recordar,  dado el ámbito en que se pronuncian y sus inmediatos destinatarios, las palabras de Benedicto XVI en su alocución ante el Bundestag, en septiembre de 2011: “Para gran parte de la materia que se ha de regular jurídicamente, el criterio de la mayoría puede ser un criterio suficiente. Pero es evidente que en las cuestiones fundamentales del derecho, en las cuales está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, el principio de la mayoría no basta… “Basados en esta convicción,” –continuaba el Papa “alemán”—“los combatientes de la resistencia actuaron contra el régimen nazi y contra otros regímenes totalitarios, prestando así un servicio al derecho y a toda la humanidad. Para ellos era evidente, de modo irrefutable, que el derecho vigente era en realidad una injusticia

Pero: “¿Cómo se reconoce lo que es justo?” El Papa subrayaba que “el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado” sino que “se ha remitido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho”. Puede ser ardua la búsqueda de lo justo en esas fuentes. Pero esto no autoriza a ni siquiera plantear el debate público en busca dialogal de lo justo ni justifica la tantas veces, para muchos, cómoda sumisión a la dictadura del relativismo y del más craso positivismo jurídico.

A la luz de la doctrina católica está claro en todo caso que el carácter mayoritario de una decisión no garantiza su justicia. Por eso, decir que “los demócratas respetan siempre las decisiones de las mayorías” equivaldría a decir, sensu contrario,  que no son demócratas quienes se han alzado y se alzan hasta dar su vida en el empeño –como millones de mártires cristianos a lo largo de la Historia–contra aquellas que, aun siendo mayoritarias, son a la luz de su conciencia manifiestamente injustas. ¿No sería acaso demócrata quien se negara a respetar la decisión mayoritaria que pone fin a un régimen democrático o viola de cualquier modo la dignidad de la persona humana?

Quizá alguien al afirmar que los demócratas respetan siempre las decisiones de la mayoría lo hace en un contexto en el que da optimistamente por supuesto que las decisiones mayoritarias que se produzcan no serán tales que pongan en cuestión la democracia misma ni derecho humano alguno… Pero en este tipo de cuestiones es necesario ajustar con sumo cuidado las expresiones a los conceptos (que se suponen conocidos) y hacerlo no deja de ser una obligación especialmente grave para quien además revista institucionalmente y coram populo la condición de maestro y pastor…

Teófilo González Vila.



[1] Y precisamente, en virtud de esos derechos y libertades, cualquier persona, cualquier ciudadano, no ya asociado, sino individualmente, podrá en un régimen realmente democrático considerar injusta o desacertada una ley aprobada con todos los requisitos formales, exponer las razones por las que así la considera y tratar de ganar argumentativamente adhesiones a su posición de manera que llegue a constituirse por medios de veras democráticos una mayoría que pueda derogar esa ley injusta. Esto no es poner en cuestión la competencia legislativa de los órganos a los que en el sistema democrático ésta les corresponde ni menos aun entraña la pretensión de arrogarse tal competencia (acusación que se hace, pe, a la Iglesia cuando ésta ejerce el derecho y cumple su el deber de manifestar que tal o cual ley es, a la luz de su doctrina, injusta). Eso es sencillamente actuar de acuerdo con una exigencia también esencialmente democrática en el ejercicio de la libertad de pensamiento y del derecho de expresión.