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El matrimonio y la Constitución

Miguel Lara. Doctor en Derecho Canónico.- Uno de los temas más trascendentales que tiene pendiente de resolver el Tribunal Constitucional es el del llamado “matrimonio” de personas del mismo sexo, aprobado en la Ley 13/2005 del 1 de julio de ese mismo año. 

El alto tribunal ha de decir si ese tipo de unión que la citada Ley llama “matrimonio” es o no conforme a la Constitución. Sobre esta cuestión, de gran repercusión teórica y práctica -por afectar a la institución natural básica de la sociedad- desearía hacer algunas consideraciones

1. En primer lugar cabe esperar –es exigible que así sea- que los señores magistrados se limiten a estudiar si la ley que actualmente permite estos “matrimonios” es o no conforme al texto constitucional. Es decir, que en el voto que cada uno emita, quede al margen la idea particular que cada uno pueda tener sobre el matrimonio, porque de lo que se trata –obviamente- es de comparar la compatibilidad o incompatibilidad de la ley que autoriza el “matrimonio” de dos personas del mismo sexo, con lo que dice la Constitución.

2. En el art. 32, 1, la Constitución dice: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica».

3. Podría ser que alguien dijera que ese texto es compatible con que un hombre se quiera casar con otro hombre, y una mujer con otra mujer, ya que el artículo no dice expresamente “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio entre sí”, o alguna otra expresión semejante que no deje lugar a equívocos o malas interpretaciones.

4. En mi opinión, ese posible razonamiento no es válido, por varias razones:

a)en primer lugar, la Constitución no pretende –porque no le corresponde- definir qué es el matrimonio: lo da por definido, conocido y admitido por todos, porque desde que el hombre existe sobre la tierra, en todas las culturas, épocas y creencias, el matrimonio ha sido siempre la unión estable, públicamente reconocida, entre un hombre y una mujer, para tener hijos. Por lo que se refiere a España –donde se ha de aplicar esta Constitución-, la institución matrimonial no ha sido nunca otra cosa.

b)Si la Constitución hubiera querido introducir otras formas o tipos de matrimonio, tendría que haberlo especificado, pues al no hacerlo, por “matrimonio” sólo se puede entender lo que siempre se ha entendido al utilizar esta palabra.

c)En toda buena interpretación de un texto legislativo, se ha de tener en cuenta la letra, pero también el “espíritu”, o “mente” del legislador. ¿Alguien puede sostener con fundamento que en la mente de los “padres” de la Constitución estaba el “matrimonio” de personas del mismo sexo al redactar el artículo 32? Si lo hubiera estado, al suponer esa noción de “matrimonio” una ruptura esencial –antropológica, histórica, sociológica, ética, religiosa…- con el verdadero matrimonio, ¿no habría sido necesario mencionarlo de algún modo?

d)Por estas razones, y posiblemente otras, no era necesario decir expresamente que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio entre sí”, o algo equivalente, porque era obvio, patente, que no el matrimonio no podía ser de otro modo, y ni siquiera se contemplaba la duda.

e)La Constitución –insistamos- no tiene por finalidad definir instituciones naturales. Por eso no define tampoco, por ejemplo, qué entiende por “familia”, cuando se refiere a ella en el art. 39, 1. De modo análogo, el texto constitucional habla de otras realidades sin necesidad de explicarlas o definirlas, porque el sentido de esas palabras es claro para todos: por ejemplo cuando habla de la “cultura” (art 44), o del “medio ambiente” (art 45), o de la “propiedad privada” (art 33), etc.

f)De otra parte, en el art. 39, 2 sí menciona explícitamente la maternidad y la paternidad –en relación con los hijos-, lo que, en mi opinión, refuerza lo indicado en 3,a) sobre lo que la Constitución entiende por familia y por matrimonio: unos hijos que han nacido de un padre (es decir, un hombre) y de una madre (es decir, una mujer), independientemente de que a veces los hijos procedan de un hombre y una mujer no casados.

g)Si la no mención expresa de “entre sí” u otra análogo fuera razón suficiente para admitir el “matrimonio” de personas del mismo sexo, con el mismo argumento habría que admitir la posibilidad de un “matrimonio” de dos hombres y una mujer (poliandria) o de un hombre y dos mujeres (poligamia), o de tres hombres o tres mujeres, etc., y otras semejantes. Incluso se podría sostener que por esa misma razón habría que permitir el matrimonio de un padre con su hija, o de una madre con su hijo, pues tampoco se excluye expresamente esta posibilidad.

5. Por lo anterior, ¿qué interpretación jurídica razonable, que el sentido común pueda admitir, podría darse para decir que la Constitución no es incompatible con el “matrimonio” de dos personas del mismo sexo? No creo que exista ninguna.

6. De otra parte, del matrimonio del que habla la Constitución (art. 32) se deriva la familia (art. 39,2) porque de él nacerán los hijos engendrados en la relación heterosexual del hombre y la mujer. La Constitución se ocupa de este matrimonio –del único verdadero matrimonio- porque de él emanan unos deberes y unos derechos (de los padres hacia los hijos y viceversa; de los gobernantes hacia las familias, y viceversa) que deben ser regulados por el Derecho. Este matrimonio tiene, por tanto, una dimensión pública y unas repercusiones también públicas.

Por el contrario, de las relaciones sexuales entre dos o más personas del mismo sexo no se derivan repercusiones públicas, porque no aportan nada especial a la sociedad: no engendran hijos. Una razón más para decir que este tipo de relaciones no es el contemplado en la Constitución cuando se habla del matrimonio y de la familia.

7. También se podría considerar por qué una convivencia basada en relaciones homosexuales ha de tener un tratamiento jurídico distinto a una convivencia basada en simple amistad, en el parentesco, en compartir un proyecto, etc. Estas últimas personas viven juntas el tiempo que estimen conveniente sin pretender unos derechos especiales, pues son ciudadanos corrientes como tantos otros. ¿Por qué la simple relación homosexual va a requerir un status especial? ¿Por qué su situación ante el derecho va a ser distinta a las relaciones heterosexuales de una pareja de hecho? ¿Por qué una pareja de hecho homosexual ha de ser considerada por el Derecho de modo distinto a una pareja de hecho heterosexual?<

8. Alguien podría decir que había una “laguna legal” que convenía llenar, o unos “derechos” no reconocidos que había que reconocer; con más motivo si en la Constitución no estuviera previsto. No se deben confundir los deseos con los derechos. Y no se trata de una laguna legal, sino de una protección jurídica del matrimonio para impedir su desnaturalización y equiparación con lo que no podrá tener nunca las características del matrimonio, por faltarle la heterosexualidad.

9. El que no se admita un matrimonio de personas del mismo sexo no supone ninguna discriminación hacia el matrimonio de personas homosexuales, pues el matrimonio –el verdadero matrimonio, el heterosexual- no se le niega a nadie, salvo que incurra en alguno de los impedimentos que señala el Derecho civil o el Derecho Canónico para cualquier persona.

10. Por último, si por motivos poco jurídicos e ideológicos el alto tribunal aprobase este “matrimonio”, el Gobierno no tiene obligación de mantener la Ley 13/2005: puede derogarla si considera que es una mala ley, injusta por equiparar realidades esencialmente distintas, y contraria a la naturaleza propia del matrimonio y por tanto perjudicial para el bien común de la sociedad.