Vicente Morro López. Vicepresidente de FCAPA-Valencia.-El Gobierno de España, en la reunión del Consejo de Ministros del 21 de septiembre, fue informado por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de la evolución y contenidos del anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante LOMCE). No fue la aprobación formal del anteproyecto, aunque algunos medios lo informaran así; de hecho el texto no se ha hecho todavía público oficialmente. La aprobación hubiera significado el inicio de la tramitación parlamentaria. El informe trasladado al Consejo sirvió para hacer públicos los aspectos básicos de la reforma. 
El texto de la LOMCE está presentándose a los sectores de la comunidad educativa. Conviene señalar que, como primer paso para esta urgente y obligada reforma, se hizo público en julio el documento Propuestas para el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Éste ha recibo más de 4.000 sugerencias de ciudadanos y asociaciones a través de la página web oficial del ministerio.
Teniendo en cuenta la situación real en la que nos encontramos, una primera valoración solo puede ser positiva: todo lo que se haga seriamente para pretender mejorar la situación de nuestro sistema educativo –mejorar he dicho, y no perpetuar o ‘maquillar’- tiene que ser saludado con alivio y con moderado optimismo. No podemos obviar, sin embargo, que la actual redacción de la propuesta del Gobierno no hace referencia alguna a la libertad de las familias y a su condición de primeros responsables de la educación de sus hijos y titulares del derecho. Tampoco propone modificación alguna de la situación actual de la asignatura de Religión, a pesar de dos recientes Sentencias del Tribunal Supremo que ponen en evidencia el deficiente tratamiento de ésta en nuestro ordenamiento, que incumple las previsiones constitucionales.
Nuestro sistema, después de casi 30 años de una nefasta legislación, está destrozado, atrincherado, destruido, aquejado de la enfermedad del ‘pedagogismo’, arrasado. No lo digo yo, que no soy nadie; lo dicen prestigiosos profesionales y catedráticos: Orrico, Tamburri, Delibes, Ruiz Paz, Salvador, Moreno Castillo o Sánchez Tortosa, entre otros muchos. Además, es caro, carísimo en algunos casos, y absolutamente inoperante: suspendemos reiteradamente en las evaluaciones internacionales; el gasto por alumno en la educación pública es un 21% superior al europeo y al de la OCDE; nuestro abandono escolar (26’5%) dobla la media de Europa; tenemos menos titulados en Educación Secundaria (65% frente a 82%) que el promedio de la OCDE; hemos doblado el gasto entre 2000 y 2010 (a pesar de la disminución de alumnos y de los siempre deficientes resultados); déficit en la autonomía de los centros; el gasto por alumno, el salario de los profesores y la ratio alumnos/profesor, con datos de 2010, están por encima de la media de OCDE; con Neruda, en su Canto General, podríamos decir «… y paro de contar.»
Con la intención de satisfacer y ‘calmar’ a unos y a otros, hemos enterrado miles de millones de euros que no han dado ningún resultado positivo, más allá de la compra de tiempo y paz social en las aulas. Nuestro sistema es caro e ineficaz.
Como ya he dicho, ante este panorama, cualquier propuesta seria –lo que excluye al anterior intento del ministro Gabilondo en 2010, Propuestas para un pacto social y político por la educación-, es una buena ocasión para cambiar radicalmente las cosas.
La actual redacción de la LOMCE se acerca al objetivo, pero al final también se queda corta. La propuesta tiene, evidentemente, aspectos positivos: eliminación del dogma de la comprensividad, reconociendo expresamente las diferencias reales de los alumnos en habilidades, capacidades y expectativas; preocupación y atención a las necesidades concretas del alumno concreto; aumento de la carga lectiva de las asignaturas instrumentales y reducción de optativas; pruebas de diagnóstico y evaluaciones internas y externas; potenciación del esfuerzo y del trabajo del alumno; eliminación de Educación para la Ciudadanía, con la carga de adoctrinamiento ideológico que contenía; introducción, sólo en Segundo de Secundaria, de Educación cívica y constitucional; mejora del tratamiento de las lenguas extranjeras; mejora de la formación profesional.
En estas mismas páginas (¿Qué pacto en educación?, Pacto con trampa en educación o La mala memoria del Ministro de Educación) he expresado que en mi opinión, que no es la de un profesional sino la de un simple padre de cinco hijos vinculado al movimiento asociativo familiar y educativo, son indispensables cinco cuestiones para mejorar el sistema, además de las necesarias modificaciones específicamente técnicas: a) modificación radical, partiendo de cero y no simplemente parcheando el sistema basado en los desacreditados principios del complejo LODE-LOGSE-LOE; b) establecer con claridad el respeto al artículo 27.3 de nuestra Constitución (libertad educativa de las familias: la posibilidad real de elegir el modelo educativo y el centro que desean para sus hijos y el respeto a sus propias convicciones como responsables de la educación de estos); c) tratamiento adecuado, y ajustado a la legalidad vigente, de la asignatura de Religión; d) solucionar el problema creado por la imposición del grupo de asignaturas de Educación para la Ciudadanía, eliminando todo adoctrinamiento; e) plantear correctamente las relaciones entre la educación pública y la de iniciativa social, concertada o no, laica o religiosa, garantizando el sistema de conciertos, mejorando su financiación y dando mayor relevancia a las entidades titulares. Desgraciadamente, la LOMCE recoge sólo alguna de estas propuestas, y con un planteamiento deficiente.
