Luis Ignacio Martínez Franco. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.- La economía española no discurre por un solo cauce, como sería lo deseable, sino por diecisiete canales distintos, uno por cada comunidad autónoma, a los que habría que añadir el estatal. Esta forma tan dispersa de navegar le limita en su funcionalidad. Las murallas que se han levantado alrededor de cada comunidad han desdibujado la unidad de mercado, con lo que esto supone de pérdida de competitividad. 
Hace ya más de medio siglo que en Europa se creó un Mercado Común. No otra cosa fue la CEE (Comunidad Económica Europea), fundada inicialmente con seis Estados: Francia, República Federal de Alemania, Italia, más los tres países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). Esta unión primera fue la que sentó los cimientos del gigante político-económico que es hoy la Unión Europea, a la que pertenecemos.
Pero mientras en Europa la unificación se realizó eliminando progresivamente las barreras que limitaban la libre circulación de personas, mercancías y capitales, en España, en el desarrollo del Estado autonómico, hemos seguido el camino inverso: el del regreso al pasado. En vez de fortalecer la unión entre regiones, nos hemos dividido aún más; en lugar de derribar las barreras existentes, hemos levantado otras nuevas.
Tres decenios ahondando en un proceso suicida de continuas concesiones político-económicas a la periferia nos han llevado a perder la visión de conjunto. La dimensión de totalidad implícita en el concepto «nación» se ha convertido en una entelequia. Llegados a este punto, algunas comunidades pretenden dar ya el paso definitivo en su viaje a la mítica Arcadia, y, de paso, el golpe de gracia a la unidad nacional.
La guinda de la tarta -para diecisiete comensales- la acaba de poner la desleal Generalitat catalana. Con una deuda exorbitante e incapaz de resolver su parte en la crisis económica, ha emprendido la huída hacia la secesión. Esto es, hacia un terreno de nadie, pues al separarse de España, Cataluña quedaría automáticamente excluida de la Unión Europea. Las consecuencias serían desastrosas, tanto para Cataluña como para España en su conjunto.
El Gobierno de España, lejos de eludir este delicadísimo problema político bajo pretexto de que lo prioritario es la economía, deberá afrontarlo con audacia y firmeza, ya que lo político y lo económico no son dos dimensiones separadas, sino partes intrínsecas del mismo problema.
