En la primera sesión del juicio en la Audiencia de Barcelona contra el doctor peruano Carlos Morín y sus 11 colaboradores, acusados de ejecutar más de un centenar de abortos ilegales en sus clínicas privadas de Barcelona, han pedido la nulidad del juicio por estar “viciado y podrido desde el inicio”. Durante la sesión, dedicada a las cuestiones previas, los defensores han alegado que el juicio parte de “medios de prueba ilícitos”, como las imágenes de una cámara oculta del reportaje de la televisión danesa que alertó de las irregularidades de las clínicas de Morín, las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil, y la falta de información sobre el proceso a los encausados.
El abogado del doctor Carlos Morín, Miguel Capuz, ha alegado que el centenar de abortos ilegales perpetrados no son punibles” porque cuando se produjeron los hechos en 2007 no existía ninguna ley que concretara este extremo del reformado Código Penal.
Por su parte, Josep Miró i Ardèvol, presidente E-Cristians, que ejerce de acusación popular en el caso Morín, ha pedido una nueva legislación que proteja a los no nacidos e impida que el aborto se convierta «en un puro y gran negocio». En una rueda de prensa, el presidente de E-Cristians, ha reclamado esta legalización a la vista de la vida de lujo que llevaba el doctor peruano incriminado.También ha criticado «la impunidad con que se puede actuar de forma brutal por parte de las administraciones», lamentando que los establecimientos donde se practicaba el aborto a mujeres gestantes que sobrepasaban todos los supuestos previstos en la anterior ley de 1985 (se practicaban abortos a mujeres embarazadas de hasta ocho meses) nunca registraron una inspección mientras funcionaban, y que el negocio fue financiado con subvenciones públicas.
Las prácticas del doctor Morin
Miró ha recordado algunas de las presuntas irregularidades que se perpetraban en sus clínicas, como que el 96% de los casos se acogían a la excepción legal de abortar «por riesgo psicológico o físico de la madre», pese a que nunca eran visitadas por psicólogos y les hacían firmar documentos en blanco con datos falseados para simular que el feto no sobrepasaba las 22 semanas permitidas por la entonces ley vigente. También ha insistido en la «mala praxis» y las condiciones sanitarias de las operaciones, que ponían en riesgo la salud de las mujeres –llegaron a pagar hasta 6.000 euros– e incluso introducían los restos biológicos en trituradoras y se deshacían de ellos por el alcantarillado.
Por ello, Morín se enfrenta a más de 300 años de cárcel, acusado de delitos de aborto, asociación ilícita y un delito continuado de falsedad documental, y 12 colaboradores también están imputados en la causa que ha investigado el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona. En el juicio que arrancó este viernes en la Audiencia, desfilarán hasta 115 testigos, uno de los cuales está protegido porque se trata de una extrabajadora de la clínica que permitió reiniciar el caso después de que algunos medios extranjeros divulgaran las supuestas ilicitudes de estas prácticas en las clínicas de Morín, ha destacado el presidente de E-Cristians.
Las mujeres que acudieron a las clínicas, que permanecen clausuradas, fueron imputadas en un primer momento, pese a que después el juez decidió que fueran sólo testigos, lo que Miró ha celebrado: «El juicio se tiene que concentrar en Morín y su organización». Según ha remarcado, se trata del juicio «más importante sobre este tema en Europa por el número de inculpados, testigos y volumen de años de cárcel», aunque ha afirmado que inicialmente les avisaron de que una querella como la que presentaron en 2006 por aborto ilegal de mujeres que llevaban más de seis meses de gestación no prosperaría. Miró ha pedido garantizar que todos los imputados comparezcan en la Audiencia «para que no parezca una opereta», después de que uno de los procesados, Marcial R., haya huido, si bien el abogado de E-Cristians, Carlos Barbosa, ha dicho que no pueden pedir medidas cautelares para evitarlo.
