La inminente puesta en libertad de Uribetxeberría Bolinaga despierta gran indignación. Sucede cada vez que un etarra reclama los beneficios del Estado de Derecho, sin haber dado muestras de arrepentimiento. El secuestrador de Ortega Lara y asesino de dos guardias civiles abandonará la prisión una vez confirmado que padece un cáncer terminal. Es una medida de gracia que la ley contempla “por razones humanitarias” y que el Gobierno, en boca de su ministro del Interior, va a aplicar sin hacer excepciones, aunque le repugne. Porque la situación, de hecho, repugna.
ETA ha hecho un perverso uso propagandístico del caso con la huelga de hambre de más de dos centenares de presos: si el Gobierno no accedía se le acusaba de encarnizamiento y si liberaba al preso la banda se adjudicaba el éxito. Por ello es necesario que la liberación de Uribetxeberría no ponga punto y final a esta historia. Es importante mostrar que el mundo etarra hace bandera de un asesino de particular crueldad, que una vez detenido, quiso dejar morir de hambre a Ortega Lara, antes que facilitar su localización. Además, se confirma que el sector duro de ETA marca la agenda a los sucesores de Batasuna, legalizados por el Tribunal Constitucional. Aquí hay nuevas pruebas para la ilegalización. Y el caso debería también servir de advertencia contra cambios en la política penitenciaria. El arrepentimiento, la voluntad de reparación y la colaboración con la Justicia deben ser la llave para cualquier beneficio personal. De lo contrario, el núcleo duro de la banda mantendrá el control sobre los presos.
