Esta universidad privada perdió el derecho a usar en su denominación los títulos de “Pontificia” y de “Católica”, de acuerdo a una resolución del pasado 11 de julio dada en el Vaticano después de muchas oportunidades para que la universidad regularizase su situación con la Iglesia. El centro educativo “a partir de 1967 ha modificado unilateralmente sus Estatutos en diversas ocasiones perjudicando gravemente los intereses de la Iglesia”, indicó la resolución.
En completa rebelión hacia la Iglesia, las autoridades de la universidad han declarado que seguirán usando el nombre de “Católica” y “Pontificia” porque así figura inscrita en los registros públicos peruanos, y han criticado el decreto papal que, en su opinión, “contiene diversos aspectos que se oponen a los derechos reconocidos en la Constitución Política y en la legislación peruana”.
Las autoridades rebeldes han acusado al cardenal Cipriani de estar interesado en administrar los bienes de la universidad que ascienden a unos 300 millones de dólares y la vicerrectora Pepi Patrón declaró recientemente que “tendrán que usar la violencia” para sacarlos.
La Conferencia Episcopal también rechazó “las expresiones ofensivas, vertidas en medios de comunicación, tanto contra la persona del Cardenal Secretario de Estado (Tarcisio Bertone), como a las mismas decisiones de la Santa Sede”.
