El pasado 24 de mayo el Gobierno presentó un Real Decreto sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En él, se apreciaba la eliminación de objetivo explícitamente marcado en las asignaturas implantadas por el gobierno socialista para formar la conciencia moral de los menores, así como una descarga de contenido ideológico de la materia. Sin embargo, España Educa en Libertad ha enviado un comunicado en el que recuerda que el borrador presentado no se limitaba a la transmisión de conocimientos objetivamente evaluados y contenidos que respeten la libertad de educación y el derecho de los padres a decidir la formación moral que quieren para sus hijos, por lo que desde España Educa en Libertad envió al ministerio un escrito con aportaciones para subsanar esas deficiencias y eliminarse las asignaturas con la anunciada reforma de la actual LOE. 
Para España Educa en Libertad, el ministerio no ha recogido ninguna de estas aportaciones y considera que “el Real Decreto recientemente aprobado es idéntico al borrador que se dio a conocer, por lo que las asignaturas de EpC para el curso que viene aún contienen graves deficiencias y cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico”.
A su juicio, “sigue sin reconocerse el papel de los padres como primeros responsables de la educación de los hijos, y éstos aparecen como un agente más entre las instituciones públicas, los centros educativos y la misma sociedad”. Además, en contra de lo recogido en el Sumario del Consejo de Ministros del pasado viernes en referencia al RD de Educación para la Ciudadanía, “aún quedan demasiadas cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico, al incluirse cuestiones de pleno debate en la sociedad sobre las que no cabe imponer a los alumnos una visión concreta ni por parte del Estado ni por parte de los profesores, por lo que EpC va a seguir siendo fuente de conflicto en las aulas”.
Por otro lado, “se afirma en dicho sumario que El estado tiene la obligación de asegurar que los ciudadanos conozcan una serie de normas legales como la Constitución Española, la declaración de Derechos Humanos, etc pero en el RD exceden este objetivo legítimo de conocimiento por parte de los alumnos de dichas normas legales al decir, de forma explícita, que no sólo tienen que conocerlas, sino asumirlas y reconocerlas como referente ético universal, llegando incluso a imponerse este reconocimiento por parte de los alumnos como criterio de evaluación”.
Pero, advierte que “se mantiene una concepción iuspositivista de los derechos humanos, así como de otras normas jurídicas, que inducen a identificar el derecho con la ética. Se mantiene igualmente la dicotomía entre ética personal y social” y que “los criterios de evaluación siguen incluyendo cuestiones que no pueden ser objetivamente evaluadas, puesto que se exige al alumno: asumir, valorar, rechazar, reconocer… una serie de cuestiones impuestas en el Real Decreto”.
Concluye afirmando que “se evidencia que fue un error imponer estas asignaturas en los términos en que lo hizo el anterior Gobierno y, a la vista del RD, mantenerlas no hará sino prolongar un conflicto abierto en el sistema educativo” y afirma que “seguimos considerando la opción más razonable la eliminación de EpC como asignatura independiente, y seguiremos trabajando para lograr su desaparición del sistema educativo y en defensa de la libertad de educación y de los derechos de los padres”.
