Alberto Ruiz Gallardón ha puesto en pie de guerra a los llamados sectores progresistas, al volver sus propios argumentos en contra del aborto. En marzo habló de una “violencia estructural” contra la mujer embarazada por parte de sus parejas y de muchas empresas. Ahora apela a los convenios internacionales contra la discriminación y anuncia que la discapacidad dejará de ser una causa legal para la eliminación del niño. La reacción de la izquierda ha sido furibunda, pero lo preocupante no son los gritos sino los argumentos a favor de dar muerte a los no nacidos que no cumplan ciertos estándares de salud.
Se ha dicho que la apuesta del Gobierno es inhumana y condena a nacer a niños que sufrirán tormentos insoportables. Es una afirmación cruel y una grave ofensa a grupos como las personas con Síndrome de Down, o a miles de padres que cuidan con todo su amor a hijos con enfermedades congénitas, y sus hogares son tan felices o más que cualquier otro. Ya en 1985 causó indignación que el Tribunal Constitucional tolerara el aborto eugenésico por “la insuficiencia de prestaciones” sociales a favor de los discapacitados. Pero esas prestaciones ya existen, incluida la entrega en adopción. El problema sigue siendo el mismo: buena parte de la sociedad no quiere hacerse cargo de los enfermos. Ésta es la cruda realidad. Pero ni el egoísmo ni la apelación al supuesto daño psicológico que pueda suponer para la madre dar a luz a un niño enfermo, justifica darle muerte. Es una cuestión de elemental humanidad.
