Cuando el ministro de Economía, Luis de Guindos, recomendaba día pasados a los dirigentes de las grandes empresas privadas que se rebajasen el sueldo, venía a reconocer que lo más irritante en estos tiempos de crisis es que sean los de siempre los que pagan los trastos rotos. La realidad, sin embargo, nos ofrece una contradicción que no siempre se considera: a sueldos más altos, más impuestos recauda Hacienda para mantener los servicios sociales, de acuerdo con nuestro progresivo sistema impositivo. Decía a este respecto el que fuera presidente de Estados Unidos, John Kennedy, que si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco puede salvar a sus pocos ricos. De ahí esa exigencia de solidaridad que ha venido a reclamar el Gobierno a quienes mejor están soportando la gravísima situación que padecemos, al menos como un gesto.
Este es el sentido de la decisión de la Casa Real de reducirse en un 7 por ciento los salarios que perciben sus miembros, empezando por el rey, al igual que han hecho diputados y senadores. De todas formas, lo que perciben los sectores más afectados por los recortes como un agravio comparativo, no son los grandes salarios de los principales empresarios privados, sino el exceso de cargos públicos, de políticos y, sobre todo, los despilfarros que cada día se denuncian en algunas comunidades autónomas. Haber empezado por ahí los ajustes y las reformas hubiese tenido un efecto lenitivo sobre el conjunto de la sociedad empujada a la pobreza. De todas formas, la gravedad de la situación se acentúa aún más con la irresponsabilidad de la que están haciendo gala sindicatos y partidos de la oposición, que lejos de contribuir a la paz social se están dedicando a atizar el descontento de los sectores más afectados por los recortes, a sabiendas de que no existe otra alternativa a los imperativos de un déficit que ha dejado a España en la ruina.
