El Gobierno, que ha abierto la posibilidad legal para la privatizar o cerrar las televisiones autonómicas, debiera dar ejemplo y hacer legal y efectiva ya la liquidación de RTVE. Ojalá la crisis obligue a la privatización o a la lisa supresión de todos los medios públicos de comunicación. Se realizaría así, por fin, una elemental exigencia de la democracia. Porque es democráticamente inadmisible que los poderes públicos sean titulares de medios de comunicación e información general (radio, televisión o de cualquier otro tipo).
A muchos esta tesis les parecerá un auténtico disparate. Me dirán que aun en los países más indiscutiblemente democráticos hay televisiones públicas. Y que nuestra misma Constitución da por supuesta la legitimidad de la existencia de “medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público”. Si, así es. Pero todo esto no es sino la mejor prueba de cuánto cuesta entender y aplicar las más elementales exigencias democráticas a ciertos fenómenos “nuevos”.
Los titulares originarios propios de derechos fundamentales como los de expresión, (comunicación, información), enseñanza, creación cultural… son los ciudadanos, no en absoluto los poderes públicos. Lo que les corresponde a quienes ocupan el poder político es crear las condiciones para hacer posible a todos el efectivo ejercicio de esas libertades. Y justo por esto y para esto, han de guardar la más estricta neutralidad y abstenerse de favorecer sus propias particulares opciones. Quienes ejercen el poder no pueden legítimamente prevalerse de ese hecho y del dinero público para entrar en competición con los ciudadanos en el ejercicio de las libertades dichas.
Un medio público no se justifica como instrumento para garantizar la manifestación del pluralismo. El respeto a la libertad de expresión y al pluralismo exige que todas las voces tengan medios para expresarse, no que todas tengan que expresarse en cada medio o que haya de haber algunos medios abiertos a todas ellas… Un adecuado pluralismo interno como objetivo justificativo de medios públicos de comunicación resulta absolutamente ilusorio por imposible. No pueden tampoco justificarse los medios públicos como instrumentos imprescindibles para atender necesidades culturales… ¿Quiénes, con qué criterios, deciden en esos medios lo que es moral, bueno, deseable, edificante, educativo…? ¿No tienen bien probada los medios públicos su capacidad para embasurarse…?
Quienes no entiendan de razones democráticas, atiendan por fin a las brutales económicas y pongan fin a esos insostenibles monstruosos entes. Atender en justicia a los derechos de quienes trabajan ahora en ellos será siempre, aun con el ERE más generoso, menos gravoso que seguir con ese antidemocrático y ruinoso tinglado.
Teófilo González Vila
