Los funcionarios son decisivos para la buena marcha de un país. A su cargo están servicios públicos esenciales como la seguridad, la medicina o la enseñanza. Es lógico que un importante sector de la función pública se sienta molesto por el ajuste anunciado esta semana por el Gobierno. Se les suprime la paga extra de Navidad, lo que supone una pérdida de capacidad adquisitiva de casi el 6 por ciento. No es plato de gusto para quien con sacrificio ha conseguido un empleo público. Pero lo cierto es que en este momento en el que se le exigen sacrificios a todo el país es lógico que aquellos que tienen una merecida estabilidad laboral también hagan su aportación.
Desde que empezó la crisis se han destruido casi 3 millones de puestos de trabajo en el sector privado y, sin embargo, el empleo público se ha incrementado casi en 290.000 personas. Muchos de los que conservan sus puestos de trabajo en el sector privado han reducido su remuneración, de común acuerdo con sus empresas, para poder salir adelante. España en este momento no tiene crédito en el exterior, necesita la ayuda de Europa para salir adelante. Esa ayuda y la credibilidad en los mercados no se conseguirán si no hay ajustes. No es el tiempo de la protesta, es el tiempo de la responsabilidad.
