Luis Ignacio Martínez Franco, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.- De nuevo la presidenta dela Comunidadde Madrid, Esperanza Aguirre, ha salido al paso de uno de los problemas más sensibles de nuestro sistema político. La ocasión se la ha brindado la reciente y polémica sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalización de Sortu. Las declaraciones de Aguirre se refieren a que el citado Tribunal debería ser una sala del Supremo: «¿Por qué tiene que haber un tribunal nutrido por políticos, que se llaman magistrados pero no lo son?». Reabre así un viejo y complejo problema doctrinal que nos afecta. 
Se podrá discrepar, pero la propuesta de Aguirre de que desaparezca el Tribunal Constitucional, pasando sus competencias a una sala “especializada” del Supremo es razonable. Es evidente que el Tribunal Constitucional, bajo la presión de los partidos políticos, ha ido convirtiéndose en un órgano politizado en exceso cuya función de garante dela Constitucióndeja mucho que desear. Por otra parte, es patente su inclinación a actuar en ocasiones más como un tribunal de casación de sentencias dictadas por el Supremo que como tribunal intérprete y garante dela Constitución.
Históricamente se ha elegido, para realizar el control de constitucionalidad de las leyes, entre dos modelos: uno es el americano o de control difuso; el otro, el europeo o de control concentrado. En el primero, la capacidad para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley corresponde a todos los jueces y tribunales al decidir sobre un caso, siendo el Tribunal Supremo el que tiene la última palabra. En el segundo, la competencia para realizar dicha función se encomienda con carácter exclusivo a un órgano específico. El modelo elegido por nuestra Constitución responde al patrón europeo o kelseniano, y el órgano que tiene el monopolio del control de constitucionalidad de las leyes es el Tribunal Constitucional.
Los partidos de izquierda, sin entrar en la cuestión de fondo, se han lanzado en tromba a descalificar las declaraciones de Aguirre. Es evidente que prefieren un Tribunal Constitucional bajo la influencia de los partidos políticos a un Tribunal independiente de los mismos y con una mayor cualificación jurídica. Sin embargo, desde un punto de vista democrático, es muy saludable que se reabra este viejo debate doctrinal para dar solución a un problema esencial que afecta a la estructura y equilibrio de nuestro ordenamiento jurídico-constitucional.
