Una vez más determinadas autoridades autonómicas se niegan a cumplir sentencias del Tribunal Supremo referidas a la política lingüística que aquéllas han impuesto. No es cosa de acumular términos sonoramente condenatorios de esa desobediencia. Basta enunciar lo que la impunidad de ésta supone: una grave corrosión del estado de Derecho que amenaza con, sencillamente, derruirlo. Ese fenómeno resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que esa desobediencia significa persistir en una política que lesiona gravemente derechos fundamentales. ; Por otra parte, la mayoría de quienes defienden o atacan la política lingüística impuesta por ciertas Comunidades Autónomas se sitúan en el supuesto de que el conflicto se da entre dos lenguas que se consideran acreedoras a tal o cual grado de reconocimiento social, político y administrativo, etc. Por eso conviene proclamar una vez más algo que he afirmado en anteriores ocasiones y que, por desgracia, parece que será necesario repetir muchas veces: Las tierras no tienen lengua. Las lenguas no tienen derechos. Son las personas las que tienen derechos, deberes y necesidades. Con respecto a la lengua, ante todo, derechos y necesidades. ; No se trata de que las imposiciones lingüísticas de determinados gobernantes autonómicos ataquen al español (constitucionalmente e inadecuadamente llamado castellano). Se trata de que esas disposiciones violan derechos fundamentales de las personas. Como también he subrayado otras veces, forzar a alguien a hablar una determinada lengua constituye uno de los actos de violencia más graves y repugnantes que se pueden cometer contra la persona, contra la dignidad de la persona. Pocas ofensas y humillaciones más graves que ésa. Eso es peor que, p.e., forzarla, a latigazos, a seguir un determinado camino físico por el que no quiere ir. ; Tengo el derecho a hablar la lengua que quiera y pueda. Muchas personas sólo pueden hablar en una lengua. Y ya, “por la cuenta que me tiene”, aprenderé y utilizaré la lengua de la que tengo necesidad para entenderme con las personas con las que convivo y atender mis intereses. ; En sus relaciones particulares, las personas utilizan la lengua o las lenguas que en cada caso y momento determinen sus necesidades, su cortesía… Pero en las relaciones con la Administración pública y cuando, además, las normas reconocen expresamente como oficiales dos lenguas, el ciudadano tiene derecho a utilizar tanto activa como pasivamente cualquiera de ellas y es, en efecto, el ciudadano, no la Administración, quien ha de determinar en qué lengua han de desarrollarse esas relaciones. ; El que, en determinados lugares de España, quienes ocupan el poder político impongan a los ciudadanos el uso de una única lengua en cualquiera de los ámbitos de la vida es una de las “tropelías” más graves e inquietantes que se perpetran en este momento y revelan una mentalidad y unas actitudes objetivamente totalitarias. En algún caso parece que han querido imponer la lengua de uso incluso ¡en los actos de culto!: se ve que no son partidarios del Estado aconfesional. ¿Será por exigencia de la construcción nacional? Los derechos de las personas no pueden sacrificarse en el altar de ningún ídolo nacionalista o ideológico o de cualquier otra índole. Pero es aún más grave e inquietante el que muchos parezcan no advertir esa gravedad y que el carácter totalitario de esas imposiciones lingüísticas pueda pasar inadvertido incluso a sus víctimas. La adecuada respuesta ciudadana habría de ridiculizar, sin más, la megalomanía de esas imposiciones: ¡Pero quiénes se habrán creído éstos que son –habría de comentar regocijada la “ciudadanía”– para tratarnos como a peleles cuyos movimientos ellos deciden…! ; Hay que insistir: No se trata de que el español esté hostigado. Se trata de que se vulneran derechos fundamentales, se viola la dignidad de las personas, se está caminando por una senda totalitaria… Y hay que resistir e impedir que se siga por ahí. ; El día en el que una de esas Comunidades Autónomas donde los que mandan quieren imponer “su” lengua como única a todos, se constituyera en estado independiente y la lengua española dejara de ser, para los nacionalistas que hoy las dominan, la oficial de un Estado al que no quieren ahora y entonces habrían dejado de pertenecer, tal vez superaran el complejo que les hace ver en ella un signo y un medio de rechazable sumisión y empezaran a entender que en este contencioso lo que está en juego es el respeto a los derechos de las personas. Porque en ese nuevo estado en el que se transmutara por desgraciada secesión esa Comunidad Autónoma los ciudadanos, los miles y miles de ciudadanos que quieren utilizar la lengua española, activa y pasivamente, en todas sus relaciones, conservarían su derecho a hacerlo y habrían de seguir luchando en su defensa contra las imposiciones del nacionalismo totalitario. Cuánto se equivocaba Fukuyama. La historia no ha terminado. En ella, mientras continúe, continúa el pecado. Y seguirán siendo necesarios mártires de la libertad también frente a quienes, aparentemente muy civilizados, quieren someternos a un trato esclavista e imponernos “su” identidad. ; ;
Teófilo González Vila
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