¿Se acuerdan ustedes lo que dijo sobre la Justicia, hace ya muchos años, aquel alcalde jerezano y líder del extinto partido andalucista llamado Pedro Pacheco? No empleo el epíteto porque suena mal. Pero no puede calificarse mejor, pasado el tiempo y por muchos magistrados estupendos que haya. Por un lado tenemos lo de Divar y, por otro, la sentencia del Tribunal Constitucional legalizando a ”Surtu”, el brazo político de ETA. Vayamos por partes para que el recuerdo de Pacheco y su famosa frase no quede en agua de borrajas.
Sobre el “caso Divar”, lo más irritante, es, sin duda alguna, la desvergüenza del magistrado que denunció los gastos del que fuera presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo –unos veinte mil euros en más de tres años- sin atender las normas internas del gobierno de los jueces y dirigirse directamente a la fiscalía… y a un concretísimo medio de comunicación para suscitar sospechas y alarmar a la opinión pública. ¿Por qué lo hizo? A toro pasado, resulta más que evidente que el señor Gómez Benítez no habría sufrido un repentino ataque de moralidad para lanzarse a la yugular de su presidente. Porque resulta –se ha sabido ahora- que los veinte vocales del CGPJ se han gastado en viajes y protocolos casi medio millón de euros tan solo a lo largo del pasado año, y nadie se ha preocupado de averiguar sin esos gastos podían confundirse con sus actividades privadas, como desde primer momento pretendió Gómez Benítez en relación con Dívar. Resulta, además, que la fiscalía no encontró delito alguno en los dispendios del presidente Divar porque las cuentas fueron debidamente registradas según las normas internas del Consejo. Lo que subyacía eran otras muchas cosas, entre ellas una supuesta venganza por la condena por prevaricación del juez Garzón, del que Gómez Benítez fue abogado defensor.
Hay otros aspectos irritantes en este desgraciado caso. Por ejemplo, que el presidente Dívar declarase, al verse denunciado, que los gastos cargados a los impuestos del contribuyente y que se denunciante consideraba “delictivos”, eran “una minucia”. Veinte mil euros en tres años, en realidad, son poca cosa en comparación, por ejemplo, con los “Eres” falsos inventados por los dirigentes socialistas andaluces, que sacaron del Tesoro público casi mil millones de euros para regalarlos a sus amigotes. Pero, ¡hombre, señor Dívar!, no diga esas cosas para que las oigan los cinco millones de parados, ni los cientos de miles de desahuciados por no pagar un par de letras de su hipoteca. Pero a mí, personalmente, lo más me ha molestado es que el señor Dívar haya pagado sus facturas de hotel a cargo del presupuesto del CGPJ sin que le molestase su sensible conciencia de ferviente creyente católico.
No pongo en duda que la norma del Consejo se lo permitía y de ahí que no se haya detectado delito alguno. Pero bien conoce el señor Dívar la famosa frase de Julio Cesar sobre la honestidad que debe aparentar su mujer, además de ser honesta… ¿No ganaba bastante dinero para pagar de su bolsillo esos gastos en los que se mezclaba –es un decir- lo atribuible al Cesar y lo que correspondía a su ocio personal? Ese tipo de “corruptelas legales” –vamos a llamarlo de alguna forma- no se las puede permitir un católico. Quiero dejar esto bien claro, sin entrar en las honduras que algunos medios han insinuado sobre los gustos personales del ya ex presidente del CGPJ. Y ya sé que otros católicos hacen cosas peores como votar “si” al aborto y después irse a comulgar con rosquillas. Pero a Divar se le tenía conceptuado como un “ortodoxo” del que algunos se burlaban por ser “muy” religioso. Ha quedado ahora claro que el señor Divar, si no lo ha hecho ya, tendrá que confesarse además de explicarse mejor ante los feligreses de su parroquia. Lo demás, es decir, el escándalo de las venganzas personales y de las pugnas ideológicas, ya no tiene remedio a menos que todos los vocales del Consejo dimitan y entonen el mea culpa por sus gastos y sus odios…
El otro caso que nos trae a la memoria al ex alcalde jerezano señor Pacheco, se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional legalizando a Sortu. Aquí hay algo más que una pugna ideológica. Aquí nos encontramos con el aspecto más letal de la herencia envenenada, dejada por Rodríguez Zapatero. Esa sentencia no solo ha abierto en canal el viejo y frustrante debate sobre la independencia de la Justicia frente al poder político como esencia del Estado de Derecho: ha seguido al pie de la letra la “hoja de ruta” marcada por el anterior Gobierno socialista en su negociación con ETA, y ello en contra de una decisión previa del Tribunal Supremo. Una Justicia enfrentada, dividida y politizada, es, en definitiva, una Justicia fracasada, como muy bien se decía en un reciente editorial de “Análisis Digital”.
La izquierda abertzale -¡y Rubalcaba, faltaría más!- pueden estar muy contentos porque, a fin de cuentas, se ha cumplido lo que presuntamente se había pactado durante la negociación que, por cierto, tuvo como intermediario del Gobierno socialista al juez Gómez Benítez, el mismo que denunció a Divar bajo cuya presidencia se negó la carta de naturaleza política a Sortu. Pero una buena mayoría de la sociedad ha quedado perpleja al entender que el TC, como brazo jurídico del anterior Gobierno socialista, ha venido a consagrar el terrorismo como instrumento político para alcanzar un fin. Ese fin no es otro que la independencia del País Vasco propugnada por ETA y por sus apéndices ahora legalizados.
La pregunta ahora es: ¿Qué haría este mismo Tribunal Constitucional si los radicales nacionalistas vascos consuman la separación de España sin consiguen mayoría en las próximas elecciones vascas? ¿Dónde quedará el artículo segundo de la Constitución que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española “patria común e indivisible de los españoles”, garantizada por cierto por las Fuerzas Armadas (art. 8), llamadas a defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional? No será este mismo Tribunal el que tenga que actuar en ese caso, claro está: los Pascual Salas que hoy lo integran habrán pasado a mejor vida política –si, política, porque así han quedado estigmatizados- y serán otros los magistrados llamados a juzgar. Pero ya han inoculado el veneno de Zapatero en el conjunto de la sociedad española, en especial la vasca: el veneno de la burla al Estado de Derecho, de la burla a la Justicia, de la burla a justicia, de la burla a la paz. ¿Se puede hablar de paz cuando se comete una injusticia? Adios, TC, adiós.
