La sentencia del Tribunal Constitucional que legaliza a Sortu, el nuevo brazo político de ETA, abre en canal el viejo y frustrante debate sobre la independencia de la Justicia frente al poder político como esencia del Estado de Derecho. Resulta más que evidente que los seis magistrados que han votado a favor de esa legalización, mientras otros cinco votaban en contra, han seguido al pie de la letra la “hoja de ruta” marcada por el anterior Gobierno socialista en su negociación con ETA, y ello en contra de una anterior decisión del Tribunal Supremo. Justicia enfrentada, justicia dividida, justicia politizada, y en definitiva, justicia fracasada. Cierto que el Constitucional es la última instancia a la que se puede recurrir en caso de atropello de algún derecho. Pero ¿quién puede fiarse de la rectitud de una sentencia que se inspira no en el respeto estricto a la Constitución, sino en la voluntad de quien ya decidió burlarla conscientemente para su beneficio político?
La legalización de Sortu sólo habría tenido sentido si hubiese condenado sin rodeos el terrorismo y hubiese reclamado el desarme y la disolución de ETA, además de pedir perdón. Pero Sortu es el instrumento político de ETA, y va a jugar en política bajo la sombra de un terrorismo que ni se ha desarmado ni está dispuesto a reconocer la terrible injusticia que ha supuesto en nuestra historia reciente. Ahora tiene la palabra una sociedad que debe demostrar si ha extraído las lecciones de esa historia. De ello depende en buena parte su futuro.
