Proceso público democrático de debate racional en busca dialogal de lo común (y X)

La determinación positiva democrática de lo común ha de ser resultado de un proceso público de debate racional del que no puede quedar excluida en absoluto, decíamos, ninguna voz, ni, por tanto, insistimos ahora, la particular voz de los creyentes Ni se puede negar la exigencia y necesidad de una común fundamentación natural-racional del estado democrático de derecho, ni éste puede negar la libertad religiosa (con todas sus consecuencias) sin autonegarse.  Y el derecho a la libertad religiosa lleva consigo el derecho del creyente a hacer presente su propia voz en el debate público, aunque esa voz haya verse adecuadamente traducida al lenguaje común de una argumentación racional que, en cuanto tal, deberá resultar inteligible para todos.

La Iglesia es en este momento la gran defensora de la razón como ámbito de convergencia de creyentes e increyentes en el descubrimiento y afirmación común de las verdades y exigencias, ínsitas en la propia naturaleza humana, que constituyen las bases de la pacífica convivencia sociopolítica en la sociedad pluralista, la fuente de legitimidad del poder y el fundamento objetivo del recto ordenamiento jurídico positivo[1]. En enero de este 2012 Benedicto XVI al dirigirse a un grupo de obispos norteamericanos que realizaban su visita ad limina, aseveraba con rotunda claridad:  “La defensa por parte de la Iglesia de un razonamiento moral basado en la ley natural se funda en su convicción de que esta ley” es “una «lengua» que nos permite comprendernos a nosotros mismos y la verdad de nuestro ser, y forjar de esa manera un mundo más justo y más humano” Y añadía dos afirmaciones fundamentales: Una que: “El testimonio de la Iglesia, … es público por naturaleza”. Y otra: “La Iglesia busca convencer proponiendo argumentos racionales en el ámbito público”[2].

Esto exige, obviamente, al creyente traducir sus posiciones al lenguaje común racional. Pero no sería legítimo hacer callar a quien no esté en condiciones de efectuarla por sí mismo, cuando esa traducción es, en todo caso, posible y en efecto puede ser llevada a cabo entre todos, creyentes e increyentes, mediante un proceso de intercambio de enseñanza-aprendizaje. En el ya famoso coloquio que mantuvieran en 2004 Habermas y el entonces Cardenal Ratzinger en la Academia  Católica de Baviera, el ilustre filósofo advertía sin ambages que la neutralidad del Estado, garantía de iguales libertades para todos los ciudadanos, es incompatible con la pretensión de imponer una visión laicista de la realidad. Los ciudadanos no religiosos –afirmaba asimismo– no pueden negar en principio a las cosmovisiones religiosas un potencial de verdad, ni puede discutir a sus conciudadanos creyentes el derecho de éstos a contribuir a las discusiones públicas en un lenguaje religioso. El hecho, sin embargo, es, tal como también subrayaba Habermas,  que en nuestras secularizadas sociedades creyentes e increyentes (secularistas) se encuentran en situaciones asimétricas, con clara desventaja para los ciudadanos creyentes, en cuanto a éstos se les exige un expreso esfuerzo en la traducción de sus creencias al lenguaje racional, en tanto se da por supuesto que los ciudadanos no-creyentes son, se me ocurre decirlo así, los “nativos” del espacio común en el que la lengua propia y única oficial es esa de los increyentes y en la que ni siquiera hay términos con que decir al Otro.

El hecho es que en el lenguaje religioso, se encuentran como “encapsulados”, por decirlo con el mismo Habermas, potenciales de significado susceptibles de una “liberación secularizadoras”, es decir, susceptibles de ser traducidos a un lenguaje comprensible para el no creyente. Ejemplo del tipo de traducción de que se trata sería, según Habermas, la que hacemos cuando en  la idea religiosa del hombre como creado a imagen y semejanza de Dios vemos la afirmación de la igual absolutamente incondicionada dignidad de toda persona humana.

En la ocasión antes referida, el filósofo Habermas y el Cardenal J. Ratzinger, estaban de acuerdo en la necesidad de que se lleve a cabo desde ambas partes, la de los increyentes y la de los creyentes,  el debido esfuerzo de aprendizaje de las posiciones y lenguaje de los otros. A este respecto conviene tener en cuenta que, aparte las propuestas de carácter técnico para la consecución de objetivos compartidos, las cuestiones sobre las que versa necesariamente el debate público en el proceso de formación de decisiones normativas que han de recaer sobre todos son, digamos morales o políticomorales, pero no, en absoluto, cuestiones sobre contenidos dogmáticos de la fe o creencias específicamente religiosas. Si la historia nos ofrece ejemplos de grandes escisiones políticas determinadas por diversas posiciones en relación con cuestiones dogmáticas, hoy, digamos afortunadamente, ninguna discusión público-política ciudadana va a estar referida a las afirmaciones de carácter religioso dogmático. Las cuestiones de debate público serán de orden moral.

En suma, la determinación positiva de lo común no sólo no exige prescindir de, sustraerse a toda posible exigencia objetiva pre-, supra-estatal, sino que, por el contrario, ha de alimentarse y configurarse a partir de todas las previas fuentes de moralidad y sentido presentes en la sociedad [3]. Esas fuentes no lo son sólo de luces que permiten una más clara comprensión de las comunes exigencias racionales a las que deben atenerse las normas de convivencia. Esas fuentes, además –y esto es decisivo–  alimentan  los motivos para una adhesión afectiva solidaria a las exigencias normativas de la convivencia y transmiten la fuerza efectiva para actuar conforme a ellas. Se trata de unas luces, unos motivos y unas fuerzas que el Estado no puede proporcionar y ha de suponer en los ciudadanos

Quiere todo esto decir que la determinación de lo común no podrá ser jamás, si ha de ser legítima, moral y democrática, imposición de lo particular del César (sea un individuo o un parlamento democrático) sino que ha de pasar por la búsqueda comunitaria dialogal que nos lleve a converger en la afirmación de unas exigencias comunes que no son válidas porque lleguemos todos a afirmarlas sino que hemos de afirmarlas porque son válidas en sí y como tales se nos presentan[4].

Por otra parte, esas diversas fuentes de moralidad, de sentido, de fundamentación legitimadora de la convivencia democrática traen sus aguas desde muy lejos, aguas recogidas por una secular sabiduría humana en todas las culturas, aguas que transparentan en la razón humana las exigencias de la propia naturaleza y saltan fecundas cordialmente propulsadas hacia una comunidad siempre en tensión, siempre naciente, siempre deseada, siempre buscada, nunca consumada en este eón. Porque este conflicto siempre lo tendremos con nosotros y cada generación habrá de vivir y amar con él (V. BXVI, Spe salvi, nn. 24s.).