Según recientes estadísticas, el número de divorcios que se registra en España ha aumentado en más del sesenta por ciento en los últimos diez años, y ya se registran 75 rupturas familiares por cada cien matrimonios. La frialdad de los números no debe ocultar tantas historias de dolor y el trauma que sufren los hijos. En este contexto el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha anunciado en el Congreso una reforma del Código Civil que permita la custodia compartida de los hijos, de manera que se dé prioridad al derecho de los menores por encima del de los padres. La reforma pretende obligar a los progenitores a compartir la custodia y asumir de manera conjunta la responsabilidad de velar por la educación y el equilibrio psicológico de los hijos, algo que hasta ahora solo se produce en una mínima proporción, al inclinarse los jueces por conceder la custodia a la madre.
La intención es buena, aunque esta reforma no va a resolver el problema de fondo que subyace en toda ruptura familiar. Ahora tendrán que establecerse cuidadosas condiciones para que la custodia compartida no genere más problemas de los que pretende resolver. Para que funcione, esa custodia requiere un mínimo de armonía entre los padres que han decidido poner fin a su unión. Pero la ley anunciada tiene al menos la virtud de plantear de nuevo el gran debate sobre el valor del matrimonio estable y la necesidad absoluta, para bien de los hijos y de la sociedad en su conjunto, de protegerlo de los ataques de una cultura de la irresponsabilidad y el sentimentalismo vacuo
