La decisión de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, de reducir a la mitad el número de diputados autonómicos en la próxima legislatura, ha coincidido con los datos que arroja el último barómetro del CIS, según el cual la clase política y los partidos figuran en tercer lugar de los problemas que más preocupan a los españoles. El dato es reiterativo pero resulta significativo que en plena crisis económica los políticos en conjunto sean causa de tanta preocupación. Una de las políticas más votadas de España, como es Esperanza Aguirre, ha interpretado este sentimiento de frustración como un mandato para reducir el número de diputados en su Comunidad. De hecho los ciudadanos perciben como problema el elevado número de políticos incrustados en las administraciones públicas y el despilfarro que suponen muchas decisiones que adoptan para atraer votos antes que atender al bien común.
Un botón de muestra son los gastos suntuarios que con cargo a los contribuyentes se permiten algunos políticos, como los viajes a medio mundo realizados por el “defensor del pueblo” catalán, Rafael Ribó. Los ejemplos más notorios son los gastos de infraestructuras innecesarias, con su legado de millones de facturas impagadas; las duplicidades de funciones entre administraciones y la multiplicación de empresas públicas ruinosas que, suponen un gasto añadido cercano a los veinte mil millones de euros. En este sentido la iniciativa de Esperanza Aguirre de reducir sueldos y políticos, es solo un paso de los muchos que aún quedan por dar para regenerar la vida pública.
