La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)
Advierte The Family Watch (TFW) en su informe “La familia como agente de salud”.

Las familias tendrán que cuidar a los mayores; el Estado no puede

La Ley de Dependencia, aprobada en 2006, iba a plantar el “cuarto pilar” del Estado del Bienestar en España (ver Aceprensa, 29-03-2006). Pero las dificultades de aplicación en sus primeros cinco años y la situación económica actual la hacen inviable, advierte The Family Watch (TFW) en su informe “La familia como agente de salud”. Solo las familias estables podrán hacerse cargo de los cuidados que la ley dejará sin cubrir.

La Ley de Dependencia se promulgó en plena euforia económica, y en los primeros cinco años de aplicación ya se ha superado con creces el gasto previsto

En España, hasta finales del siglo XX, las familias han asumido como algo natural el cuidado de las personas en situación de dependencia, algunas por enfermedad y la mayoría de ellas por edad avanzada. A lo largo de este siglo, se empezaron a desarrollar los sistemas públicos de pensiones, seguros de desempleo y sistemas sanitarios del llamado Estado de Bienestar. En los países desarrollados, los modelos para financiarlo varían, ya sea a través de impuestos, de ahorro individual o de cotizaciones sociales. Sin embargo, en los países mediterráneos como España e Italia, la familia sigue siendo el núcleo principal que proporciona estos servicios y, hasta hace unos años, sólo en casos extremos era necesaria la actuación de la administración pública.

Pero hoy la situación ha cambiado. Por un lado, la mayoría de las mujeres, que solían ser las que asumían esta labor, se han incorporado al mercado laboral, y, por otro, hay menos familias capaces de hacerse cargo de enfermos y ancianos: en España hay casi 2 millones de divorciados y casi 2,5 millones de personas viven solas, entre ellas 1,5 millones mayores de 65 años. En cambio, las necesidades han crecido. La mayor parte de las personas en situación de dependencia son mujeres y mayores de 80 años. El número de quienes no pueden valerse por sí mismas alcanza los 2,8 millones, el 6,7% de la población.

En los últimos 30 años se ha duplicado la población mayor de 65 años; la esperanza de vida en España es de casi 82 años y la esperanza de vida sin discapacidad es de 64 años. En 2050, España, estima el informe, será el país de la Unión Europea con mayor proporción de jubilados (35,6%) y menos personas en edad laboral (52,9%); uno de cada tres españoles será mayor de 65 años (por cada pensionista, habrá 2 personas en edad de trabajar).

Ahora mismo, el índice de fecundidad español es de 1,38 hijos por mujer, claramente inferior al umbral de reemplazo generacional (2,1). Nos enfrentamos, por tanto, a un fenómeno llamado “envejecimiento del envejecimiento”.

Una ley inviable

La actual Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD) entró en vigor en enero de 2007 y establece grados de dependencia que se clasifican por puntos (de 0 a 100) y dos niveles, en función de la atención que requiera cada una de estas personas.

El calendario de aplicación del SAAD finaliza en 2013 y, a pesar de la evidencia de que es inviable, el gobierno ya ha anunciado que se aplicará a las personas en situación de dependencia de todas las comunidades autónomas. Aunque esa es la teoría, la práctica ha generado cierto caos: se supone que, a día de hoy, la ley ya se aplica casi en su totalidad, pero la realidad es que todavía no hay acuerdo económico entre el gobierno central y las comunidades autónomas.

Además, en la puesta en marcha han surgido ciertos problemas, como que se ha abusado en los pagos a cuidadores familiares –algo que la ley preveía como excepcional, se ha convertido en una norma–; no ha contribuido a generar empleo, pues el 63% de las altas en el régimen general de la Seguridad Social, en el sector servicios sociales, corresponde a cuidadores familiares; no se garantiza la calidad de la atención, por la insuficiencia de las prestaciones económicas; cada Comunidad lo ha aplicado de una manera, lo que genera desigualdades. Además, existe un desfase entre las previsiones en número de dependientes y su financiación, y la realidad.

Esta ley se promulgó en plena euforia económica, dos años antes de empezar la actual crisis. En estos primeros cinco años de aplicación ya se ha superado con creces el gasto previsto, tanto el del Estado como el de las comunidades autónomas, y no parece que pueda sostenerse en el tiempo si se consideran las políticas de austeridad impuestas y las dificultades para el pago de pensiones, seguros de desempleo, sanidad y educación. La familia estable es la única que puede y quiere desempeñar esta tarea en condiciones normales, por eso desempeña un papel predominante en España.

Soluciones


El informe de TFW propone varias soluciones. Por un lado, con respecto al sistema de pensiones, apuntan: reducir el consumo, retrasar la edad de jubilación –la edad media real de jubilación efectiva en España es de 61,2 años–, incrementar la tenencia de activos y ampliar la inversión en capital humano (1). Por otra parte, habrá que hacer políticas destinadas a aumentar la natalidad (ayudas económicas, conciliación de la vida laboral y familiar, fiscalidad favorable, etc.).

Con respecto a la Ley de Dependencia, parece difícil que pueda aplicarse tal y como se concibe hoy. Por eso sería importante planear políticas de “envejecimiento activo”, consideradas la mejor forma de prevenir las situaciones de dependencia. También habría que regularizar el mercado de trabajo y la formación de los cuidadores.