De bochorno puede sólo calificarse el espectáculo que ofrecido por la mayoría de grupos en la Comisión Constitucional del Congreso. Se debatió y rechazó una proposición no de ley para revisar «los beneficios fiscales» de la Iglesia y promover su «completa autofinanciación». El gran escándalo es que, a excepción del Grupo Popular, todos los grupos insistieron en la falsedad de presentar el trato que recibe la Iglesia como privilegio. Entre Amaiur, el PSOE o Izquierda Unida, hubo coincidencia en exigir a la Iglesia que «contribuya en esta situación de crisis», según la expresión del portavoz socialista. En el otro bando UPyD, CiU y PNV, pese a votar en contra o abstenerse, no renunciaron a arrojar alguna que otra carga de profundidad. Sólo el popular Eugenio Nasarre dijo claramente que no es cierto que haya trato fiscal de privilegio para la Iglesia: el sistema es el mismo que se aplica a otras organizaciones sin ánimo de lucro, precisamente para facilitar su contribución a la sociedad.

Tampoco es cierto que se destine una asignación presupuestaria a la Iglesia. Quien lo desea dedica parte de su Declaración de la Renta a ese fin. La aportación es voluntaria, a diferencia de lo que sucede con partidos o sindicatos. Y a la hora de la verdad, cuando alguien está en apuros, no acude a esas organizaciones sino a la Iglesia, donde todos encuentran siempre acogida y la ayuda que es posible dar. La Iglesia hace eso por amor a Jesucristo, no por el aplauso de los partidos. Pero a esos partidos, al menos, habría que exigirles un respeto.