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AUNQUE IRÍA EN DETRIMENTO DE OTRAS ACCIONES SOCIALES

Rouco Varela zanja la cuestión de los «privigelios» de la Iglesia: si se cambia la legislación, se pagará el Impuesto de Bienes Inmuebles…

A propósito de los pasos que están dando algunos ayuntamientos para cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Rouco Varela, ha señalado en Cádiz, donde se encuentra para pronunciar una conferencia sobre la Constitución de 1812, que la Iglesia no tiene «ningún derecho especial» y se mueve en ese ámbito «dentro de la legislación general». Es decir, que si se produce un cambio en la legislación, la Iglesia haría frente a dicho impuesto, aunque «en nuestro caso iría en detrimento de otras posibles acciones, como por ejemplo la acción humanitaria de Cáritas».

En declaraciones a los periodistas después de participar en Cádiz en el XXIII Simposio de Historia de la Iglesia en España y América, Rouco Varela ha explicado que la exención de la que se beneficia la iglesia es, conforme a la legislación, la misma de la que es titular «cualquier entidad que trabaja o que actúa sin ánimo de lucro».

También ha explicado que con respecto a la Iglesia hay un principio previo que se refiere sólo a los edificios de culto, de dedicación al culto y a la actividad pastoral estricta; pero que la amplitud que tiene ahora es la de «una ley general de la que nosotros participamos al igual que múltiples instituciones, incluso los sindicatos o partidos políticos». En cualquier caso, si suprimen esta ley y hay que hacer frente al impuesto, la Iglesia lo hará, aunque ha advertido que ello puede ir en detrimento de otras acciones de la institución, como podría ser la de Cáritas. No obstante, ha señalado que «la generosidad de los fieles es muy grande y da para todo lo que se pueda hacer».

Se recuerda a este propósito que días pasados, el Ayuntamiento de Alcalá Henares, donde la oposición ha hecho la sorprendente petición de cese del obispo de la diócesis por la homilía pronunciada el pasado Viernes Santo, ha iniciado gestiones para reclamar el pago del IBI a la Iglesia diocesana. Poco después el Ayuntamiento de Madrid afirmó que no cobraría este impuesto a la Iglesia católica aunque pudiera -lo que implicaría una modificación en el Congreso de la Ley de Haciendas Locales y del concordato firmado entre la Iglesia y el Gobierno de España-y consideran que la petición del Consistorio de Alcalá de cobrar este impuesto a los edificios religiosos no destinados al culto no es más que «un brindis al sol».

Así lo expresó el vicealcalde de de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la semana pasada, donde detalló que se pueden hacer declaraciones de este tipo pero sabiendo que «no tienen valor jurídico».  “Parece lo más lógico que PSOE, IU y UPyD (los grupos que han sacado adelante la propuesta en Alcalá) planteen la modificación de la Ley de Haciendas Locales en el Congreso».

En este punto, Villanueva recordó que tampoco pagan IBI asociaciones confesionales no católicas, inmuebles propiedad del Estado, de la Comunidad o del Ayuntamiento destinados a seguridad y educación, inmuebles penitenciarios y de defensa, consulares y embajadas además de los de Cruz Roja Española.  «Si se produjese esa modificación (de la Ley de Haciendas Locales), el Ayuntamiento no plantearía el cobro a la Iglesia», ha asegurado Villanueva. Lo que le correspondería pagar a la Iglesia serían 5 millones de los 112 millones del conjunto de inmuebles exentos de IBI en este momento en toda España. El Gobierno de la ciudad, como ha subrayado el vicealcalde, apostaría siempre «por la función social de la Iglesia, que con la crisis se ha redoblado de manera importante», ha apostillado.

Tendrian que pagar todos, sindicatos incluidos

A su vez, la concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Alsina (Foro), confirmó a Europa Press que el Gobierno Local no va a empezar a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles pertenecientes a la Iglesia Católica, como han aprobado en otros consistorios, y ha argumentado una serie de motivos legales, así como el convenio del Estado con la Santa Sede. En este sentido, ha apelado al apartado ‘c’ del artículo 62.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dentro de la Subsección Segunda ‘Impuesto sobre Bienes Inmuebles’.

En él se dispone que estarán exentos los siguientes inmuebles: «Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución». Ha recordado, asimismo, que a los bienes inmuebles de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas también se les aplican los incentivos fiscales previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, según dispone la disposición transitoria de ésta última norma, regulándose en el artículo 2 de dicha Ley lo que se entiende por entidad sin fines lucrativos, entre las que se encuentran las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública.

A este respecto, el artículo 15.1 de la citada Ley establece la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los bienes de que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, la aplicación de estos regímenes fiscales a la Iglesia Católica y al resto de confesiones religiosas no católicas, han de ajustarse estrictamente a los términos contenidos en las disposiciones legales vigentes, «mientras sigan vigentes y no hayan sido objeto de modificación o derogación», según la edil.

Dicho esto, ha recalcado que en el Padrón sobre Bienes Inmuebles del Ayuntamiento constan inmuebles que tributan por dicho Impuesto, tanto pertenecientes a la Iglesia Católica como de confesiones religiosas no católicas, al igual que existen en el Padrón inmuebles exentos, «ya sean titularidad de la Iglesia Católica como del resto de confesiones no católicas».

La edil ha sumado a todo esto el artículo 16.3 de la Constitución Española, que obliga al Estado a cooperar con «la Iglesia Católica y las demás confesiones», por lo que, según ella, en el caso de cuestionar las exenciones en el Impuesto sobre Inmuebles a la Iglesia Católica «habría de cuestionar igualmente las otorgadas por el Estado a las demás confesiones religiosas no católicas».