La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)

Matrimonio, justicia y responsabilidad

José Mª Martí Sánchez. Doctor en Derecho.- En una emisión del programa de Intereconomía TV “Dando caña” (11 mayo 2012), se suscitó un debate sobre el matrimonio y su configuración legal.

 

La ocasión fue su entrada en la campaña electoral de EE.UU. (con posturas encontradas entre Obama, que mostró su apoyo al matrimonio homosexual, y Mitt Romney que considera esencial la presencia de varón y mujer), y las declaraciones de François Hollande, para dar cabida, en el matrimonio, a las uniones homosexuales. En la discusión, el periodista Josep María Francás, afirmó que el matrimonio era una institución religiosa. 

 

Esto implica varias cosas. Primera, que el Estado, incompetente en materia religiosa, puede no regularlo y, segunda, que, en buena lógica, sólo contraerían matrimonio y se sujetarían a sus normas las personas religiosas.

 

¿Qué decir sobre la tesis? ¿Esto es así? ¿Tiene que ver algo, este punto de partida, con la desaparición del matrimonio (caen las tasas de nupcialidad y aumenta la edad para contraer) y su crisis (se disparan los divorcios, favorecidos por la ley)?

 

El matrimonio es una realidad compleja y dinámica. Tiene una base natural (polarización sexual, complementariedad, descendencia, estabilidad, etc.) bien expuesta por las definiciones clásicas del Derecho romano de Ulpiano y Modestino. Éste, jurista romano del siglo III, definía el matrimonio como: «la unión del hombre y la mujer, consorcio de toda la vida, comunicación de los derechos divino y humano», similar es la otra, atribuida a Ulpiano, contemporáneo de Modestino: «Es la unión del hombre y la mujer, que implica, contiene una sociedad, una comunidad indivisible de vida».

 

Sobre el sustrato natural, concurre un elemento cultural (modulación propia de cada sociedad, en un tiempo y lugar concreto). La comunidad doméstica ha cambiado en extensión, funciones y modos de desenvolverse. Pero nunca se ha puesto en duda su importancia. Es «la primera sociedad natural, con derechos que le son propios, y puesta en el centro de la vida social» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nº 211). En este sentido la sociedad se ha preocupado de determinar qué unión es legítimo matrimonio, cuál respondía a las exigencias naturales y fines propios de la institución (concreción de sus miembros —varón y mujer— y la edad —púberes—), aparte de otras pautas de moralidad, como la prohibición del incesto.

 

En Occidente el Derecho ha fijado, por seguridad jurídica, esos requisitos. No se trata de mera convención, sino de propiciar una convivencia digna, justa. «La defensa de la institución del matrimonio como una realidad social es, en última instancia, una cuestión de justicia, ya que implica salvaguardar el bien de toda la comunidad humana y los derechos de los padres y niños por igual» (Benedicto XVI a los prelados de las regiones VII-IX de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, 9 marzo 2012)

 

En la actual coyuntura, hay Estados que han comprendido este reto y, en consecuencia, han hecho una opción a favor del matrimonio y la vida. Es el caso de la reciente Constitución de Hungría. (Cf. «Unión Europea «escandalizada» por Constitución de Hungría: Es pro-vida y pro-familia» (19 Jul. 11 /, http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=34134). El Papa mostró su respaldo a esta postura:

 

«El matrimonio y la familia constituyen un fundamento decisivo para un sano desarrollo de la sociedad civil, de los países y de los pueblos. El matrimonio como forma de ordenamiento básico de la relación entre hombre y mujer y, al mismo tiempo, como célula fundacional de la comunidad estatal, ha ido plasmándose también a partir de la fe bíblica» (Discurso del Papa al nuevo embajador de Hungría ante la Santa Sede Diciembre 2, 2010).

 

La última referencia suscita otra incógnita. Si queda claro el papel de la organización política, interesada en preservar el matrimonio y su fisonomía, cuál será el de la religión. Los Estados —en Italia, Portugal, España, etc.— se abren a una colaboración, en este terreno, con las religiones. Recordemos que las grandes religiones están en el origen de las principales civilizaciones. Como actor cultural de primera magnitud puede aportar al matrimonio una fundamentación en valores compartidos y, para los contrayentes de la unión, motivación y proyección biográfica. Si es importante que el Estado no descuide su misión de garante de la convivencia digna (acorde con los derechos fundamentales), también lo es que, consciente de sus límites, se abra a la colaboración en los aspectos metajurídicos (vocación trascendente de la persona, ordenación de la vida privada, etc.). Además, las religiones contienen las tentaciones totalitarias del Estado que se traducen en abusos, como el de la política del «hijo único» de China o del control educativo.

 

El matrimonio y la familia que de él surge, siempre han sido considerados base de la sociedad —estabilidad y aplicación de valores esenciales de cohesión— y garante de su futuro (procreación y educación de los hijos). ¿Acaso ya no son necesarios o hay quien asegure sus beneficios de modo más ventajoso? Lamentablemente algunas medidas legales y comportamientos sociales apuestan contra la familia.

 

La reforma del Derecho de familia catalán (Ley 25/2010, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia) habla de reconocer múltiples «modalidades de familia». Ésta, huérfana de su matriz matrimonial, tiende a confundirse con otro tipo de relaciones con fines diferentes. El deterioro comenzó antes y sus hitos fueron: Ley 13/2005 que suprime elementos esenciales del matrimonio; Ley 15/2005 por la que se facilita la separación y divorcio, en detrimento de la solidez matrimonial. En fin, la Ley 20/2011, del Registro Civil contribuye a difuminar la relevancia legal de la familia. Ello por no aludir a la equiparación —a efectos de pensiones, arrendamientos, prestaciones sociales, etc.— de matrimonio y uniones de hecho.

 

El Derecho ha de estar pendiente del matrimonio. Su cometido es propiciar una convivencia digna (justa) y en las mejores condiciones, con una legislación prudente y oportuna. Por ello los datos sociológicos deben ser tenidos en cuenta. Pues bien, como ha subrayado el Prof. Contreras (en Nueva izquierda y cristianismo, Ediciones Encuentro, 2011, pp. 87-93), todos los índices de malestar social (criminalidad, adicciones, desarraigo, violencia, suicidio, etc.) aumentan con el declive de la familia natural. Ignorar las estadísticas morales es inconsciencia, o ceder a intereses particulares y prejuicios ideológicos. ¿No ha llegado ya el momento de un cambio de rumbo que oriente la política hacia la persona y la familia? En ello veo la solución a muchos males, también de gasto excesivo e ineficaz.