Cada familia es una piedra viva en la construcción de la sociedad”, (Francisco)

Estado, laicidad y religión en libertad (IV de X)

 

Ya sabemos que atribuirle al Estado como nota, característica o propiedad natural la laicidad no es sino reconocerle la autonomía que, al igual que a las demás realidades del llamado orden temporal, le corresponde en su propia esfera. La Iglesia misma reconoce de la manera más clara y decidida esa autonomía. Pero, obviamente, afirmar la laicidad del Estado es afirmar su condición de laico.  Quien admita, pues, la laicidad en el positivo sentido expuesto habrá de afirmar también sin reparo alguno que el Estado es laico, en el sentido igualmente positivo que en este caso hemos de dar a ese término. Y esto, por cierto, podríamos decir, en virtud de una manifiesta tautología lingüística o por definición, ya que cuando el término laicidad vuelva a ser incluido en el DRAE (no lo está en este momento)[1], cabe pensar que por tal se entienda, en su primera acepción, precisamente cualidad de laico.

 

Pero al Estado, por cierto, semejante calificación de laico le cuadra también en cuanto el término laico, de uso original intraeclesial[2], guarda claro parentesco con lego, en cuanto tal se dice quien carece de conocimientos y autoridad en una materia determinada. El Estado en efecto, en virtud de su laicidad, que es tanto como decir, en virtud de los límites del ámbito que ha de reconocérsele como propio, carece de competencias, es incompetente, es lego en asuntos específicamente religiosos. Pero la laicidad ni exige ni permite que el Estado “ignore” lo religioso[3], lo niegue o de ello se desentienda. En virtud precisamente de su laicidad, no a pesar de ella, el Estado tiene y ha de guardar con lo religioso fundamentales relaciones positivas, en razón de las cuales le incumben y corresponden claras obligaciones y determinadas atribuciones.

 

En primer lugar, corresponde sin duda y ha de reconocerse al Estado competencia respecto de las manifestaciones o vertientes sociales de lo religioso no en cuanto religiosas sino en cuanto sociales, en atención al justo orden público y, en general, al bien común.  Asimismo, en relación con la presencia de lo religioso en la sociedad, el Estado, sin merma de su laicidad, puede, y en España concretamente, por mandato constitucional (CE 16.3), debe tener en cuenta las creencias religiosas presentes en la sociedad y mantener con las comunidades religiosas las consiguientes relaciones de cooperación,  sin duda en aras del bien de las personas que son a la vez ciudadanos y creyentes y todo ello, ya se ha dicho,  en aras del bien común. Y, por cierto, ha de entenderse que las consiguientes relaciones previstas en el texto constitucional son las correspondientes al modo de presencia y al peso de cada una de las creencias y comunidades religiosas en la sociedad española, de tal modo que la igualdad cualitativa de trato que todas han de recibir no tiene por qué traducirse en iguales concreciones cuantitativas. Esto mismo sin duda explica y justifica que en el lugar indicado la Constitución mencione expresamente a la Iglesia Católica.

 

Pero adquiere especial relevancia la decisiva relación que el Estado guarda, en virtud, precisamente, de su laicidad, con lo religioso, en cuanto al Estado le corresponde la competencia para y la obligación de: garantizar las condiciones necesarias para el efectivo ejercicio de la libertad religiosa, por parte de todos los ciudadanos, en pie de igualdad. No solamente no hay oposición entre laicidad del Estado y libertad religiosa, sino que la laicidad del Estado es exigencia, condición de posibilidad y garantía de la libertad religiosa, es decir, del efectivo ejercicio de esta libertad por parte de todos en condiciones de igualdad.

 

Los ciudadanos pueden adoptar ante lo religioso concretas particulares opciones muy diversas.  La libertad religiosa consiste justamente en la inmunidad (respecto de toda coacción)  para adoptar cualquiera de las posibles diversas particulares opciones ante lo religioso[4].  Esta “definición” que proponemos de libertad religiosa, por una parte, no rebaja en nada el contenido de otras dotadas de especial autoridad como son la del artículo 18 de la Declaración Universal de DDHH de la ONU o la contenida en la Declaración Dignitatis Humanae (1965) del Concilio Vaticano II[5] y tiene, por otra parte, la ventaja de que nos permitirá captar con especial claridad la naturaleza y sentido del laicismo en cuanto éste, según expondremos otro día, es una opción (negativamente) religiosa particular.

 

Por otra parte, dada la frecuencia con la que se habla de neutralidad religiosa del Estado,   es preciso advertir desde el primer momento que el Estado laico democrático en cuanto tal no es neutral respecto de la libertad religiosa misma, sino que ha de tomar partido a su favor en cuanto ha de reconocerla, proclamarla, defenderla y crear las condiciones requeridas para su efectivo ejercicio, al igual que ha de hacer en relación con las demás libertades públicas (la de conciencia, la ideológica, la de expresión, la de enseñanza, la de manifestación, reunión, sindicación…). Ahora bien, justamente para garantizar a todos los ciudadanos la efectiva posibilidad de ejercer esa libertad en condiciones de igualdad, el Estado laico ha de ser neutral en el sentido de imparcial respecto de las posibles diversas particulares opciones que los ciudadanos adopten en uso de su libertad religiosa.  A su vez, para guardar esa rigurosa imparcialidad respecto de todas las posibles particulares opciones, positiva o negativamente religiosas, de los ciudadanos, el Estado ha de abstenerse de conferir carácter estatal y asumir como propia cualquiera de esas posibles particulares opciones religiosas o confesiones ciudadanas, es decir, ha de mantener una clara aconfesionalidad.  De acuerdo, pues, con la relación que, según lo expuesto, se da entre libertad religiosa y laicidad, no se trata propiamente de que porque hay laicidad  (esto es porque se dé el caso de que estemos en un Estado que se atiene a las exigencias de su laicidad) nos encontramos con que resulta también respetada la libertad religiosa sino que habrá de haber laicidad porque ha de ser y para que sea reconocida y efectivamente respetada la libertad religiosa. En este sentido la laicidad es, como decíamos, no sólo condición y garantía, sino, exigencia de la propia libertad religiosa.

 

Tras las expuestas consideraciones sobre el signo positivo con que se presenta, respecto de lo religioso, la laicidad rectamente entendida, hemos de examinar otro día la posición representada por el laicismo (en el sentido negativo, cada vez más consolidado, de este término).

Teófilo González Vila


[1] Quien frecuente este blog puede recordar lo que al respecto se decía en el texto que no hace mucho aparecía con el título Laicidad, laicismo y un caos conceptual de amplio espectro.

[2] Hoy es el término seglar el que con más frecuencia que laico se utiliza para designar al no-clérigo o al no-religioso (en sentido jurídico-canónico), sin que, afortunadamente vaya necesariamente asociado este término de seglar a la idea de la ignorancia que se suponía en el laico que era además lego en cuanto carente de los conocimientos que se suponían en quien recibía, como dice el DRAE, “ordenes clericales”, lego, pues, en el sentido en que empleamos este término cuando uno dice o de uno se dice que es “lego en esta materia” , el mismo que, en expresiones y ocasiones semejantes, damos al término profano (según la tercera acepción que le atribuye el DRAE: “Que carece de conocimientos y autoridad en una materia”).

[3] Por “lo religioso” entendemos, expuesto en términos, a nuestro juicio, suficientes para las presentes consideraciones, todo lo que de una u otra manera (creencias / prácticas rituales de culto / normas de conducta)  se relaciona con el orden de lo numinoso transcendente, fundamento último de la realidad, origen de todas las cosas, poder supremo sobrehumano, absoluto, fuente última de explicación de la realidad, a la vez que fundamento y exigencias de unas pautas individuales y /o colectivas de comportamiento, cualquiera sea la forma con que en cada caso se concibe y representa.

[4]En esta materia es fundamental la obra de Del Pozo Abejón, Gerardo, La Iglesia y la libertad religiosa, BAC, Madrid, 2007.

[5]“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia” (artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ONU,1948).  “Esta libertad [religiosa] consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos.” (Vaticano II, Declaración  Dignitatis Humanae [DH] (1965), n.2. Afirmar la libertad religiosa entendida como “libertad social y civil en materia religiosa” (según términos del subtitulo de la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II) no supone en absoluto negar la obligación que tiene todo hombre de buscar la verdad “sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla” (DH 1). Pero “la verdad no se impone de otra manera, sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y fuertemente en las almas” (DH 1). Realmente es imposible, contradictoria en sí, una aceptación forzada de la verdad. Esa aceptación no es posible sino en libertad. Hay que buscar la verdad, pero “la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social, es decir, mediante una libre investigación, sirviéndose del magisterio o de la educación, de la comunicación y del diálogo, por medio de los cuales unos exponen a otros la verdad que han encontrado o creen haber encontrado para ayudarse mutuamente, para ayudarse mutuamente en la búsqueda de la verdad y una vez conocida ésta, aceptarla firmemente con asentimiento personal” (DH 3). La libertad religiosa, pues, y, por lo mismo, el derecho a ella no sólo no pone en cuestión la obligación de buscar la libertad religiosa, sino que aparece justamente como condición de posibilidad del cumplimiento humano de esa grave obligación.