Un Gobierno reformista es consciente de la necesidad de cambios profundos, pero sabe que sólo pueden acometerse de manera progresiva, de acuerdo a la realidad y con los recursos realmente disponibles. Esto es lo que parece que dominará en la política educativa del Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ministro José Ignacio Wert ha previsto la sustitución de la actual Educación para la Ciudadanía por una asignatura de Educación Cívica y Constitucional libre de la carga de adoctrinamiento estatal que ha suscitado el rechazo de un amplio sector de la sociedad. Esta es una excelente noticia largamente esperada, que contribuye a dejar a la escuela libre de batallas ideológicas  La reforma también prevé que el primer curso del nuevo Bachillerato esté dirigido a orientar profesionalmente a los jóvenes estudiantes. Y algo muy importante: la reforma potenciará el cuerpo estatal de docentes, en un intento de dar unidad al sistema educativo, y reforzará reglamentariamente la autoridad del profesor.

Urge acabar con la idea de que la educación es propiedad de la izquierda española. El marco constitucional es suficientemente claro en este aspecto. Por eso es necesario apuntalar la universalidad del derecho a la educación y la libertad de enseñanza como pilares de un sistema educativo que debe ser universal, incluyente y de calidad; y en el que deben tener un lugar destacado los titulares del derecho y del deber a educar: las familias y la sociedad en su conjunto.