La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)
SERA SUSTITUIDA POR “EDUCACION CIVICA Y CONSTITUCIONAL”

Se acabó el adoctrinamiento ideológico en el sistema educativo: Wert anuncia la eliminación de “EpC”

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha anunciado que va a sustituir la controvertida asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) impouesta por el anterior gobierno socialista, por “Educación Cívica y Constitucional”, que, según ha dicho, estará «libre de adoctrinamiento ideológico». «Educación para la Ciudadanía ha estado acompañada, desde su nacimiento, por la polémica y había creado una seria división en la sociedad y el mundo educativo», ha afirmado el ministro, durante su primera comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados.

Para Wert, el planteamiento de la materia aprobada por el Gobierno socialista iba «más allá de lo que debería corresponder a una verdadera formación cívica conforme a las directrices formuladas por el Consejo de Europa». Por ello, el titular de Educación propone una nueva asignatura que proporcione a los alumnos el conocimiento de la Constitución Española «como norma suprema que rige nuestra convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas del juego mediante las que se conforma una sociedad democrática y pluralista, así como la historia de la Unión Europea de la que España forma parte».

Según ha indicado el ministro, esta es una materia «relevante» porque tiene como objetivo la formación de ciudadanos «libres y responsables con capacidad de ser sujetos activos». «Sin duda, esta Educación Cívica y Constitucional servirá a tal fin y ni a ningún otro», ha señalado.

Por otra parte, el ministro Wert ha precisado que la reforma que  prepara para la Enseñaza Secundaria prevé que haya tres cursos de ESO y otros tres de Bachillerato. El primer curso de Bachillerato será obligatorio para todos los estudiantes, al igual que el cuarto curso de ESO al que sustituye. Wert explicó que el primero de los tres cursos del futuro Bachillerato se dedicará a orientar a los estudiantes, bien a Formación Profesional, o bien a completar la formación previa al acceso a la Universidad.

La postura de la CEE

Se recuerda que en el momento de la imposición de esta asignatura, los obispos ya se pronunciaron en una nota publicada con motivo de la Comisión Permanente de la CEE de 20 de junio de 2007. En ella, adviertían de que EpC, tal como resulta articulada en los Reales Decretos, tenía como objetivo «la formación de la conciencia moral de los alumnos», algo que consideraban «una lesión grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos».

En la nota también señalaban que con la introducción de EpC «el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho». «Hablamos de esta ‘Educación para la ciudadanía’. Otra diferente, que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable», aseguran en el escrito.

Además, tal y como rezaba la nota, la implementación de esta materia causó «una creciente y comprensible preocupación en los padres de alumnos» y puso «en dificultades» a los centros educativos, concretamente, a los centros católicos o inspirados en la doctrina católica que se verían obligados por la Ley a introducir en su programación una asignatura que, según recuerdan los obispos, «no resulta coherente con su ideario, puesto que –según el actual currículo– no es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia, tanto por su carácter de formación estatal obligatoria de las conciencias como por sus contenidos». Ante esta situación, los obispos españoles exhortaron a todos a «actuar de modo responsable y comprometido ante una asignatura inaceptable tanto en la forma como en el fondo» y señalaron que tanto padres como centros educativos disponían de «diversos medios concretos de actuación» aunque sin mencionar ninguno en particular. No obstante, remarcaban que «la gravedad de la situación» no permitía «posturas pasivas ni acomodaticias».