La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)
PROTESTAN RUBALCABA Y LAS CLINICAS ABORTISTAS

Ruiz Gallardón anuncia la reforma de la ley del aborto para adecuarse a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la vida

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en la Comisión de Justicia del Congreso la esperada reforma de la actual Ley del Aborto que se atendrá a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la vida y en la cual se incluirá la exigencia del consentimiento paterno en relación a las menores, sin especificar si estos cambios supondrían la vuelta a la ley de 1985 que especificaba tres casos muy concretos en los que era legal el aborto: riesgo para la salud física y psíquica de la madre, malformaciones graves en el feto y violación. Como es sabido, la actual ley socialista convierte el aborto en un derecho de la mujer y es completamente libre hasta la semana 14 de gestación.

En su intervención, el ministro recordó que la norma actual fue aprobada «sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos». Se refería así a la fuerte división que impidió al Consejo General del Poder Judicial emitir un dictamen y al informe del Consejo Fiscal que consideró inconstitucional fijar el aborto como un derecho. El tercer informe solicitado fue favorable por unanimidad, el del Consejo de Estado. La ley fue recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional donde aún se encuentra sin que los magistrados hayan llegado a un acueredo.

El dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato a la secretaría general del PSOE, se ha declarado «muy preocupado» por el anuncio hecho por el ministro de Justicia que, a su juicio, supone volver a la ley del aborto del año 1985, lo que «sería un retroceso inaceptable para las mujeres». Por su parte, los expertos en planificacion familiar aseguran que el regreso a la anterior ley es un sinsentido que traerá más inseguridad jurídica para las mujeres o médicos, y mantienen la falacia de que, en contra de lo que se pueda pensar, la ley de plazos es más restrictiva que la de supuestos. La presidenta de la federación que reúne a estos expertos, Isabel Serrano, habla de “una reforma para la ultraderecha” que nos aleja de los países de nuestro entorno: «No parece congruente que en la sociedad en la que estamos viviendo tengamos que volver a un pasado de hace 27 años».

Las clínicas abortistas, por su parte, advierten de que la exigencia del consentimiento paterno perjudicará gravemente a las chicas de 16 y 17 años más vulnerables, que no pueden contarle a sus padres la decisión de abortar. Dicen que son una minoría y que el 90% de las menores van acompañadas de sus padres. La asociación de estas clínicas cree que aumentarán los abortos clandestinos y los abortos en el extranjero.

En 2010, último año del que se disponen cifras oficiales, el número de abortos fue de 113.031, lo que supuso un aumento del 1,3 por ciento con respecto a los datos de 2009, en el que abortaron 111.482 mujeres. En julio de 2010 entró en vigor la nueva Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, pero el número de abortos al final del año fue superior (1.550 más) al del año anterior. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el número de intervenciones que se registraron desde la entrada en vigor de la ley -el 5 de julio de 2010- hasta el final del año (54.546 abortos) fue inferior al número de interrupciones que se llevaron a cabo desde el principio de año hasta esa fecha (58.486).

La mayoría de las interrupciones continúan llevándose a cabo fuera de la Sanidad pública y en 2010, el 98,16% se realizaron en clínicas privadas con la subvención del Estado. La reforma anunciada por el ministro de Justicia supondría la primera modificación de la ley vigente desde 2010 y el segundo cambio en la regulación del aborto en 26 años.
Cambios legislativos para regenerar la democracia. Además, el ministro ha anunciado su intención de emprender seis nuevos proyectos legislativos de gran calado a lo largo de esta legislatura y la reforma de varias leyes para aplicar, entre otras novedades, la pena de «prisión permanente revisable», novedades en el enjuiciamiento de menores que cometan delitos graves y la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia.

En una intervención, el ministro ha expuesto las líneas generales de su política para los próximos cuatro años, que partirán de una «regeneración democrática» de las altas instituciones para acabar con la imagen de «politización» que es la causante de su desprestigio entre los ciudadanos. Así, tiene previsto la presentación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que 12 de los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial pasen a ser elegidos por los jueces, mientras que ha advertido que los ocho restantes «no pueden ser objeto de intercambio político», sino fruto del consenso entre los diferentes grupos parlamentarios.

A juicio de Ruiz-Gallardón, la actual elección por el parlamento de 12 vocales del Poder Judicial de entre los propuestos por asociaciones judiciales es «un sistema perverso» que facilita que cada decisión «esté permanentemente asociada al origen partidario» de los miembros de este órgano, por lo que la reforma es absolutamente necesaria. Este compromiso de «hacer desaparecer la sombra de politización» debe trasladarse según Ruiz-Gallardón a otras instituciones como son la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional -cuatro de cuyos miembros deberían haber sido renovados hace dos años-, apostando por una «superación del pasado» para que los nombramientos no respondan tampoco a cuotas de partidos ni de grupos parlamentarios.
Igualmente, ha anunciado la necesidad de limitar las actuales competencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para eliminar aquellas que son «estériles», y que minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones; así como la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad.

Además de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, propone el ministro una nueva ley de Planta y Demarcación Judicial -para superar el obsoleto concepto de partido judicial- un nuevo Código Mercantil y una Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que incremente el papel del fiscal en la instrucción de los procesos. Respecto a esta última, ha apuntado la necesidad de «someter a plazo el secreto de sumario» y en reformar el actual texto para lograr un «adecuado control de intervenciones telefónicas»; así como en la necesidad de incidir en el papel «que debe cumplir una policía judicial moderna al servicio de jueces y fiscales». Para esta reforma se pedirá el asesoramiento de la Fiscalía General del Estado y del Consejo del Poder Judicial, respecto del cual anunció su interés en colaborar en éste y otros asuntos.
El Departamento de Justicia también propone una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria que incida en la «desjudicialización» de determinados procedimientos, así como una Nueva Ley de Mediación.

Asimismo, el ministro ha reconocido a lo largo de su intervención que es necesario «reformar estructuralmetne el sistema de justicia» en unas circunstancias que son adversas, dada la situación económica, aunque ésta «no debe ser puesta como excusa». Ha destacado, sobre todo, que existe una «ingente cantidad de recursos financieros» que ha cifrado en decenas de miles de millones de euros que «están paralizados en los órganos judiciales», por lo que es necesario actuar «para que todos esos recursos reviertan cuanto antes en el circuito económico».
El ministro reconoce que «el esfuerzo de los jueces españoles» es admirable, si bien la estructura con la que desarrollan su labor «no es la más adecuada», por lo que es necesario reformarla «con el mayor consenso posible». «La localización en España de inversión extranjera tiene mucho que ver con el funcionamiento de su sistema judicial -ha apuntado-, y esa imagen de órganos agobiados por expedientes en papel no es la que queremos dar».

Además de una implantación razonable de la nueva oficina judicial, tras comprobar que los planes piloto que han comenzado en algunas ciudades españolas «no dan respuesta» a las previsiones realizadas, se avanzará en una implantación progresiva de tribunales de instancia y se realizará un esfuerzo de modernización informática. Respecto a este último punto, Ruiz-Gallardón ha anunciado la creación de una agencia que coordine la operatibilidad entre los diferentes sistemas informáticos «con una auditoría constante del funcionamiento del sistema».