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La Iglesia y la enseñanza de Religión: una polémica sentencia del TSJA que va contra el sentido común

La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de dictar una polémica sentencia por la que dispone la readmisión de una profesora de Religión que fue despedida hace once años después de contraer matrimonio civil con un divorciado. En su momento, el obispado consideró que la profesora en cuestión, Resurrección Galera, no era idónea para impartir la asignatura de acuerdo con lo que dispone el Derecho Canónico. La sentencia obliga también al Ministerio de Educación a abonar los salarios que dejó de percibir la señora Galera, un equivalente a doscientos mil euros.

El vicario general de la Diócesis de Almería, Tomás Cano, ha señalado a este propósito   que el Obispado tiene que estudiar la sentencia, por lo que ha aclarado que, hasta el momento, no se ha tomado ninguna decisión al respecto. En declaraciones a Europa Press, Cano ha manifestado que si bien la sentencia ha sido notificada recientemente a sus servicios jurídicos, aún no ha sido estudiada, por lo que espera poder ofrecer una posición oficial en los próximos días con respecto al fallo, sobre el que no cabe ningún tipo de recurso.

Tras dos sentencias anteriores que avalaron el despido, el Tribunal Constitucional concedió a Galera, que impartió clase en varios colegios de Almería, el amparo y reconoció sus derechos a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, a la libertad religiosa en conexión con el derecho a contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar. Ahora, la sentencia del TSJA, a la que ha tenido acceso Europa Press, acata esa vulneración de la intimidad que señaló el Constitucional y mantiene que la «falta de coherencia con la doctrina católica sobre el matrimonio» de la que le acusa el Obispado, lo es en relación con una decisión tomada «en el legítimo ejercicio de su derecho a contraer matrimonio». Además, advierte de que «en ningún momento» se afirma que en su actividad docente como profesora de religión hubiese cuestionado la doctrina de la Iglesia católica o realizado apología del matrimonio civil.

Por otro lado, la propia sentencia habla de «problemática surrealista» ya que el Ministerio de Educación se ve condenado por una conducta que se veía «compelido a realizar» ya que este departamento contrataba anualmente a los profesores de religión que le pide el Obispado. La misma no habla de «despido nulo» porque no existía «relación laboral» pero recuerda que los profesores de Religión disfrutarán de los derechos fundamentales y legales que como trabajadores tienen reconocidos en nuestro ordenamiento «de manera irrenunciable».
Así las cosas, el tribunal con sede en Granada insiste en que el hecho de que la demandante hubiese contraído matrimonio civil aparece «por completo desvinculada e su actividad docente» pues «no se le imputa que en sus enseñanzas como profesora de religión haya incurrido en la más mínima desviación de los contenidos de tales enseñanzas establecidas por la Iglesia católica».

Al margen de la decisión que tome el obispado almeriense con respecto a la profesora y la propia sentencia que no admite recurso, parece una obviedad que una persona que no se atiene a las normas dispuestas por la Iglesia para impartir clases de Religión católica, pierde su carácter de idoneidad. Por supuesto que la señora Galera tiene todo su derecho, en el marco de la legalidad vigente, a vivir su vida personal como le plazca, pero es evidente que ese derecho no debe tener aplicación a la hora de impartir una enseñanza de recio contenido moral, contraria a su conducta. Para ejercer la docencia de Religión hay que reunir unos requisitos, lo mismo que se exigen otros para impartir cualquier tipo de enseñanza como, por ejemplo, tener la titulación necesaria. Para la Iglesia, el principal titulo, aparte los conocimientos indispensables de la materia que se enseña, es el de la coherencia con la doctrina cristiana, principal garantía de que las  clases correspondientes se atengan al guión de la asignatura.

Esta exigencia es de sobra conocida por el profesorado, que pasa el correspondiente examen de idoneidad exigido por la Iglesia. Una profesora que aborta voluntariamente, por ejemplo, no tiene ninguna autoridad moral para defender la vida conforme la doctrina de la Iglesia. El mismo criterio se aplica a quien se divorcia o contrae matrimonio civil con un divorciado. En realidad, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tan solo ha abordado el caso del despido de la señora Galera desde una mera perspectiva jurídica civil, sin tener en cuenta las circunstancias morales que implica la enseñanza de una materia tan ligada al testimonio personal como es la Religión. De ahí que en los acuerdos entre la Iglesia y el Estado se haya reservado a la Iglesia el derecho a proponer al profesorado de Religión. Sería absurdo que, en nombre de la libertad religiosa, fuese obligatorio admitir a un ateo o un enemigo de la Iglesia como profesor de Religión, por muchos que sean sus conocimientos de la materia.

La Iglesia no entra para nada en el derecho de la señora Galera a vivir como le plazca, pero iría contra sus propios principios si, después de contravenir la doctrina que imparte, en este caso el matrimonio civil con un divorciado, admitiese de nuevo a la profesora como persona “idónea”. A este propósito cabe preguntarse hasta qué punto la polémica sentencia del TSJA, puede obligar al obispado almeriense a actuar en contra de lo que dispone el Derecho Canónico, que no ha tenido en cuenta el Tribunal como si no existiese, sino de su obligación de garantizar a los padres de los alumnos que eligen libremente la clase de  Religión, una rigurosa selección de los candidatos a impartir la asignatura. Lo mínimo que puede exigirse a estos profesores es que sean coherentes con las enseñanzas que imparten. Lo contrario sería atentar contra el sentido común. Y en este terreno parece que al TSJA le han faltado luces para dictar una sentencia que no admite ya recurso alguno.