Cuando Mohamed VI decidió reformar la Constitución para dar la cara a la “primavera árabe” y es capar a la ira de los jóvenes contagiados por el ejemplo de tunecinos y egipcios, la comisión de fieles colaboradores del Trono, elegidos para redactarla, dedicaron buena parte de su tiempo en fijar unas modalidades de escrutinio en las elecciones legislativas que impidieran una mayoría absoluta en el Parlamento. Por supuesto, en la mente de todos, especialmente en la del soberano, estaba la intuición de que los islamistas legalizados del Partido Justicia y Desarrollo (PJD) serían los vencedores y había, por tanto, que ponerles un freno.
Y así ha sido, pese a la pobre participación del cuerpo electoral, que apenas ha rebasado el 45 por ciento, lo que denota la indiferencia o la escasa confianza de los marroquíes en su clase política… y en el propio rey. Aunque se desconoce el resultado final de las elecciones del viernes, todos los partidos en liza, una treintena en total, así como el Gobierno saliente, presidido por Abbas El Fasi, han reconocido la victoria sin paliativos del PJD. No han tenido necesidad de esperar el escrutinio de los votos de la llamada “lista nacional”, reservada a 60 mujeres y 30 menores de cuarenta años entre los cuales, obviamente, hay muchos seguidores de los islamistas: Pero éstos, en todo caso, apenas superarán los 120 escaños de los 395 que cuenta el nuevo Parlamento. Este dato, sin embargo, no empaña para nada su victoria, que se daba por descontada, porque de sus filas tendrá que salir el nuevo presidente del Gobierno, obligado, eso sí, a formar alianzas con otros partidos para alcanzar la mayoría de 198 escaños, lo cual tampoco será nada difícil puesto que se da por descontado un pacto con los nacionalistas del histórico partido Istiqlal y los otros partidos que hoy forman la llamada “Kutlah”, es decir, el frente gubernamental integrado por estos últimos, los socialistas y el antiguo partido comunista que hoy se llama “popular socialista…”.
En definitiva, lo que va a ocurrir es que Marruecos contará en los próximos cuatro años con un ejecutivo islamo-nacionalista al que apenas molestará una oposición dividida en la que, curiosamente, figuran los grandes “amigos” del rey. Pero ¿qué quiere decir esto a efectos prácticos? ¿Se puede hablar de un nuevo Marruecos islamista que, en un futuro más o menos cercano, haga causa común con los islamistas libios, egipcios y quién sabe si argelinos, además del peculiar caso tunecino y que represente una amenaza para Europa? O dicho de otra forma ¿tendrá que enfrentarse Europa, con España como país más cercano, a un “frente” mediterráneo de corte islámico radical?
La respuesta no tiene por qué ser afirmativa y, por lo tanto, inquietante. Todo el Magreb y el Machrek árabe, es decir, desde Marruecos a Egipto, ha sido siempre un “frente” islámico. Y, para islamista, ahí está el propio rey de Marruecos cuya dinastía, la alauita, se remonta a los orígenes del Islam, emparentada como está con el Profeta Mahoma; de ahí su título de “cherifiana” y de ahí también que todos sus descendientes ostenten el título de “Príncipes de los Creyentes”. Nada se mueve en el mundo islámico marroquí sin la intervención directa del soberano. De hecho, en la reforma de la Constitución, el monarca se reserva todos sus poderes espirituales que entrañan la potestad de nombrar al ministro del Habus (de los asuntos islámicos) y los “ulemas” o doctores de la ley así como de los imanes de las mezquitas… además de los miembros del Poder judicial.
Marruecos es, pues, un Estado islámico de hecho, lo mismo que Argelia, Túnez, Libia, Egipto… Otra cosa es la interpretación que se da a esta palabra. Y aquí entra de lleno el gran debate que tanto preocupa en el mundo occidental: ¿Es compatible el Islam con la democracia? La respuesta varía según los países. En Túnez, donde prendió el fuego revolucionario de la “primavera árabe”, el triunfador de las recientes elecciones ha sido, como en Marruecos, el partido islamista En Nahda (Renacimiento) cuyo líder, Rachid Gannuchi, largos años exiliado en Europa, no ha dejado de explicar que su apuesta es por la democracia total, con plenas libertades… sin renunciar a sus principios islámicos. Para precisar qué quiere decir esto habrá que esperar a la Constitución que salga del laboratorio parlamentario surgido de la transición. En Argelia, el Gobierno está constituido, desde 2004, por una alianza islamo-nacionalista (lo mismo que va a ocurrir en Marruecos) que, por cierto, está a punto de estallar ante la proximidad de las elecciones legislativas del año próximo, sin que nadie parezca preocupado por el desenlace. En Libia ya sabemos que el radicalismo islámico se ha impuesto… con la ayuda de la OTAN y en Egipto se espera una victoria de los Hermanos Musulmanes, mucho más radicales que los marroquíes y tunecinos, en las elecciones que empiezan el lunes 28 de noviembre, aunque estarán muy vigilados por la plaza de Tahrir, convertida en el estandarte de las esperadas reformas constitucionales así como por un Ejército que se resiste a dejar sus privilegios, al igual que ya ocurrió en Argelia tras la victoria del FIS en los años 90 que devino en guerra civil. Lo que pretendo decir, en resumidas cuentas, es que nada, o casi nada, va a cambiar sustancialmente en esta orilla del Mediterráneo, que avanza poco a poco hacia un estilo democrático propio, distinto al que impregna nuestras costumbres occidentales.
Me gustaría decirlo de otra manera. El Magreb y el Machrek, el mundo árabo-islámico en definitiva, aborrece el laicismo europeo y las “herejías” que ha traído consigo, especialmente la disgregación de la familia, la legalización del adulterio, el aborto y la eutanasia, la corrupción moral en suma, sobre todo del feminismo. Al mismo tiempo, como ya está ocurriendo en Túnez y Marruecos, se considera la “sharía” o la ley islámica, como un mero “código de la familia” que vela por el respeto de las costumbres tradicionales. En la época del Protectorado en Marruecos, las potencias coloniales –Francia y España-aplicaban en sus respectivos territorios las leyes civiles y penales propias, dejando intactos los Tribunales de la Xeraa, o “sharía” (en su transcripción inglesa), los asuntos derivados de los conflictos familiares y los usos tradicionales de comportamiento moral.
Es decir, se acepta la modernidad… hasta cierto punto. Así, en materia de libertades se aceptan las clásicas de los Derechos Humanos, a excepción de la libertad de religión que implica un apostolado contra al Islam y, por tanto, la apostasía. No se admite, por tanto, la plena la libertad religiosa, constreñida a la “libertad de culto”, como es el caso de la nueva Constitución marroquí. De hecho, las conversiones están prohibidas y los cristianos no pueden hacer ningún tipo de apostolado directo por lo que no hay oficialmente cristianos marroquíes. Curiosamente, si hay marroquíes judíos plenamente reconocidos y se da la circunstancia de que uno de los más próximos consejeros de Mohamed VI –como lo fue de su padre Hasan II- es un judío, André Azulay, por cierto miembro de la inicua “Alianza de Civilizaciones”.
Volviendo a Marruecos, es indudable que la nueva configuración política, con los islamistas del PJD al frente de un Gobierno en el que previsiblemente estarán los nacionalistas del también conservador Istiqlal, va a tener una incidencia muy diferente a la que tendría en el supuesto de una victoria de los “liberales” integrados en el conglomerado llamado G-8. Porque ahora corresponderá a los triunfadores desarrollar las disposiciones de la nueva Constitución en numerosas leyes orgánicas. Y no es lo mismo una mentalidad moralista y conservadora para disponer el funcionamiento de las nuevas instituciones –en especial el Consejo Nacional de los Derechos del Hombre, las relaciones entre religión y política, la independencia de la Justicia, la paridad en los altos cargos… – que otra más abierta a la modernidad.
Pero lo que acaso preocupe más al Trono así como al conjunto de partidos, es la “reserva” de oposición extraparlamentaria que arrojan los resultados electorales. Si el 55 por ciento de la población se ha abstenido de votar se debe, en principio, al boicot declarado por el Movimiento del 20 de febrero –los jóvenes que reclamaban dignidad, trabajo y libertad, insatisfechos con las reformas constitucionales- y, sobre todo, por la actitud beligerante contra la monarquía del islamismo extremista del jeque Yasin, inspirador del movimiento Justicia y Caridad que no ha sido legalizado. No parece probable que el PJD vaya al encuentro de sus “hermanos” más radicales porque, entre otras cosas, correrían el peligro de ser absorbidos por estos últimos. Pero si es bastante probable que, desde su retiro forzado, el jeque que se ha manifestado contrario al Trono al que acusa de no defender el Islam como debiera, inspire buena parte de las reformas que están por hacer. Esta es la gran incógnita que nos reserva un futuro cercano.
