¿Estamos preparados? Todo hace indicar que se están culminando las negociaciones más o menos secretas con ETA, emprendidas en la anterior legislatura por un prepotente Rodríguez Zapatero, en un intento de acabar con el terrorismo como fuese, con tal de pasar a la historia como el “pacificador” y, acaso, con el Nobel de la Paz colgado en el salón principal de su nueva residencia de León.
Aquellas “ansias infinitas de pazzz”, molestamente entorpecidas por el Estado de Derecho aunque la Justicia ya intentó –e intenta- doblegarse ante el empuje de los aires de los tiempos, no se han extinguido en absoluto. Zapatero aún sueña con legar a su partido un clavo ardiendo al que cogerse, como compensación a su herencia envenenada de cinco millones de parados: la desaparición de la violencia armada en el País Vasco. ETA se alzaría así con el triunfo final: el reconocimiento oficial de que sus 850 asesinatos y los miles de víctimas que ha dejado por el camino, a lo largo de más de cuatro décadas de terror, han valido la pena. Solo hacía falta que un soñador sin escrúpulos, acostumbrado a engañar a la sociedad, se sentara en La Moncloa.
Con Zapatero llegó la oportunidad tan esperada por ETA, que no ha perdido el tiempo para aprovecharla. Ayer, hasta el propio fiscal superior del País Vasco, Juan Ramón Calpasoro, no dudaba en quitar la venda de los ojos de la Justicia al decirles a los terroristas que la sociedad y las victimas sabrán ser generosas si dan el paso definitivo adelante, es decir, si dejan oficialmente la armas y se disuelven.
Es lo que todo el mundo espera, podría decirse. Solo que el fiscal, muy adecuado ya a la estrategia política dominante, ha dado un paso más al afirmar que “el pueblo y la Justicia que emana del mismo, sabrá reconocerlos para comenzar a construir una sociedad justa, libre y plenamente democrática donde todos quepamos, también vosotros…” Pero ¿qué es la Justicia para que todo un fiscal se atreva a manipularla para afirmar que “será generosa”? Con toda serenidad ha respondido a esta pregunta una víctima del terrorismo que no tiene pelos en la lengua, Mikel Buesa, catedrático de Economía: “La Justicia no tiene que ser generosa sino ciega y aplicar las leyes”.
Pero lo cierto es que todo el empeño del Gobierno en estos últimos siete años, ha consistido en manipular el lenguaje hasta el extremo de llamar “derecho” lo que es un delito, burlando la Constitución. Resulta curioso que en estos años transcurridos, Zapatero no se haya atrevido a proponer una reforma constitucional que disolviera, por ejemplo, la unidad de la nación española y diera paso a la independencia de los territorios que la quisieran. De hecho somos ya un Estado federal, pero falta el paso que de satisfacción a todos los nacionalismos, especialmente a los más extremistas que han recurrido a la violencia para imponer sus criterios. No se ha atrevido a tanto porque ha sido bien consciente de que la sociedad no está preparada.
Ahora bien, con engaños ayuda por la perversión del lenguaje y cierta dosis de paciencia, se podría llegar a una meta parecida. ¿Qué pretenden los etarras? Simple y llanamente, la independencia del País Vasco y ello en nombre de la democracia y de la justicia, los mismos términos empleados ahora por el fiscal Calpasoro. En otras palabras: había que preparar a la sociedad, paso a paso. Ya vimos cómo en los primeros años del vergonzaoso “proceso de paz”, cómo se llenaban las calles españolas de indignados con pancartas reclamando dignidad y justicia. ¿Se les ha prestado una atención al menos similar a la que Rubalcaba, artífice con Zapatero de ese negociación, ha prestado a los “indignados” del 15-M? Para qué seguir….
Cuando el ministro del Interior, Antonio Camacho, o el portavoz José Blanco o el candidato Rubalcaba hablan día a día de que el fin de ETA está cada vez más próximo, en definitiva se refieren justamente a lo que ya puede ver hasta el más ciego, sin ayuda de las advertencias de Mayor Oreja: la culminación del proceso que, por cierto, pretende certificar una comisión internacional al servicio de ETA.
Dicho todo esto, lo que me interesa como cristiano es lo que piensa mi Iglesia como experta en humanidad y en reconciliación sacramental. Días pasados, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, no dudó en ofrecerse para “curar heridas, derribar muros de incomprensión y construir una sociedad reconciliada y en paz” si se produce la desaparición definitiva de la banda terrorista. Y añadía una apostilla que no es nada baladí: que los acuerdos a que se lleguen deben estar basados en la consecución del bien común, la defensa de la verdad y el bien, de la libertad y de la justicia… Nada de esto tiene que ver con la amnistía que pretenden los terroristas para que la paz suponga que no habrá ni vencedores ni vencidos. Y resulta obvio que en este proceso tiene que haber un vencedor: el orden constitucional.
La gran referencia sigue siendo la Instrucción Pastoral que hizo pública la Conferencia Episcopal Española en 2022 sobre la valoración moral del terrorismo y, de manera más concreta del “terrorismo ideológico”, el que atenta contra la vida, la libertad y la seguridad de las personas de manera indiscriminada con el fin de imponer un proyecto político. Un terrorismo, añado a titulo personal, que en nada se diferencia del practicado por los islamistas fanáticos que matan en nombre de Dios para imponer el Islam al mundo. Aquí se pretende imponer no solo la independencia sino la ideología marxista-leninista que está en el meollo del proyecto soberanista etarra.
La doctrina de la Iglesia especifica a este respecto que el terrorismo en sí mismo no admite justificación alguna aunque apela a otros males sociales reales o supuestos. Por ello el terrorismo es considerado como una “estructura de pecado” generadora de nuevos y graves males, razón por la cual, afirmaba el documento, “denunciar la inmoralidad del terrorismo forma parte de la misión de la Iglesia como un modo de defender la dignidad de la personas en un asunto de máxima repercusión social”.
Puede que eso de la “estructura de pecado” no impresione mucho a los Zapateros de turno, pero conviene estar avisado: la maldad del terrorismo, decía Juan Pablo II, no se circunscribe a los actos que realiza sino que cuestiona la conciencia moral de la sociedad. Este es un punto muy querido por el Gobierno que agoniza en estos Idus del otoño porque, en buena medida, es lo que pretendido desde primer día: condicionar esa conciencia moral imponiendo sus leyes y decisiones como la única moral pública admisible. Así se ha conseguido que una mayoría de la sociedad admita como “progresista” la cultura de la muerte” que ha convertido la vida humana en un mero objeto.
Invito a mis lectores con conciencia a que se relean la Instrucción Pastoral de nuestros obispos. Mantiene toda su vigencia y es, sin duda, uno de los documentos más clarividentes que han visto la luz en los últimos años.
