La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)

Educación obligatoria y escolarización voluntaria (1 de 3)

A propósito de una Sentencia del Tribunal Constitucional

Teófilo González Vila. Dr. en Filosofía

0. Introducción.

0.1.El mismo título de este largo escrito puede considerarse como formulación de la tesis general que en él se sostiene, tesis que, así enunciada, quizá resulte extraña a algunos lectores. Esperamos que llegue a ser plenamente entendida y aceptada.

La piedra de toque del rigor teórico y de la honradez con que alguien se confiesa demócrata y por tal exige ser tenido está en el papel que asigne al Estado en lo que atañe a la Educación. Por muy elocuentes que sean sus proclamas democráticas, habremos de tener por peligroso antidemócrata a quien pretenda investir al Estado como originario educador supremo de ciudadanía. El Estado-Maestro es un estado totalitario y totalitario es quien lo propugne o sostenga o aun simplemente acepte de buen grado. No es democrático el sistema sociopolítico en el que no se reconoce el derecho preferente de los padres a decidir el tipo de educación que han de recibir sus hijos.

Y para determinar si alguien de verdad conoce, reconoce y defiende, en todo su alcance, o no, ese derecho preferente de los padres ningún procedimiento más seguro que el de comprobar si defienden o no el derecho de los padres a proporcionar a sus hijos la educación básica sistemática íntegramente en familia” o  “en casa”, sin escolarizarlos (homeschooling)[1].

No podemos, por eso, dejar de tener en cuenta, a lo largo de las siguientes consideraciones, la sentencia mediante la cual el Tribunal Constitucional (en adelante, muchas veces, TC) no hace mucho denegaba el amparo a unos padres que invocaban su derecho a educar a sus hijos “en casa”, sin escolarizarlos[2].

El estudio de la “doctrina” de esa Sentencia resulta especialmente necesario también en cuanto alguien pretendiera encontrar en ella fundamento para posibles futuras restricciones legales de la libertad de enseñanza, como las ya proyectadas contra la educación diferenciada[3].

0.2.Ante la libertad educativa proclamada por nuestra Constitución…

La Constitución española reconoce “el derecho a la educación” y “la libertad de enseñanza”[4]. Y fija el concepto de educación, al establecer que ésta “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Con estos términos, tomados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), nos ofrece una clara definición teleológica de la educación democrática a la vez que exige que sea tal la que se imparta en España. De acuerdo asimismo con la citada Declaración Universal, reconoce nuestra Constitución “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” y hace recaer sobre los poderes públicos la exigencia de que “garanticen” el ejercicio de tal derecho[5].

0.3.Algunos no ocultan su desazón, reticencia y aun abierto rechazo…

Desde los primeros momentos, tras la entrada en vigor de la actual Constitución española (1978), algunos dejaron ya traslucir la incomodidad que les producía el abierto reconocimiento que ésta hace de la libertad de enseñanza y del derecho educativo de los padres. Aunque resultaban indisimulables sus agrias reticencias al respecto, no se oponían entonces abiertamente a tal libertad y a tal derecho, puesto que hacerlo les hubiera impedido revestirse con la prestigiosa imagen de demócrata que todos en aquellos años primeros querían exhibir. Pronto, sin embargo, en todo caso, sobre el apartado 2 del artículo 27 de la Constitución empezó a fraguarse una interpretación según la cual a los poderes públicos se les asignaba un preponderante papel propiamente educativo al que, en último término, estaría subordinado cualquier otro. Según la lectura que del artículo 27.2 CE hacen desde entonces algunos teóricos, vinculados a posiciones “social-estatistas”, el citado precepto constitucional contiene un mandato dirigido a los poderes públicos, para cumplir el cual ha de entenderse que a la vez les reconoce implícitamente, a esos poderes, un derecho educativo, anterior y superior al de los ciudadanos y, en concreto, al de los padres. En esa lectura del texto constitucional los poderes públicos resultarían ser los primeros y universales educadores de la ciudadanía, con lo cual, en último término, estaríamos ante un Estado-Maestro de imposible conciliación con las exigencias más elementales de una constitución democrática (Más abajo se examina y rechaza esa interpretación estatista del art. 27.2 CE).

En estos momentos hay quienes parecen haber perdido ya todo pudor democrático y han pasado a negar sin rebozo alguno el derecho preferente de los padres a decidir el tipo de educación de sus hijos, pues, en todo caso, sostienen, el ejercicio de ese derecho estará condicionado por el superior derecho de los poderes públicos a determinar la educación que han de recibir todos los ciudadanos. Otros, menos tajantes, más condescendientes…, dirán que la educación es tarea compartida de modo inmediato entre el Estado y los padres. Y establecen un donoso reparto de atribuciones en el cual a los padres les incumbe educar en la moral privada y a los poderes públicos les corresponde hacerlo en la moral pública y de tal modo que, en caso de conflicto, prevalecerá ésta sobre la primera, de acuerdo con una ligera división de ámbitos, necesitada, en el mejor de los casos, de una seria discusión y que no puede imponerse, según parecen dar por supuesto ingenuamente algunos, como si constituyera una evidencia universal. En todo caso, el tratamiento de este tipo de cuestiones centrales exige empezar por establecer algunas nociones y formular algunas fundamentales precisiones.

  1. 1. Enseñanza y educación en la Constitución: precisiones léxico-nocionales básicas.

 

Con expresiones ya consagradas por el uso, tanto en el lenguaje ordinario como en el técnico-jurídico, la Constitución proclama el derecho de todos a la educación y en el mismo precepto reconoce la libertad de enseñanza (CE 27.1). Ahora bien, no cabe entender en modo alguno que, en este contexto, educación y enseñanza sean realidades distintas. En ese precepto constitucional a enseñanza no le corresponde exclusivamente un sentido más restringido que el de educación. Ciertamente la libertad de enseñanza en su sentido más amplio es la que a toda persona ha de reconocérsele para enseñar a otros, mediante los diversos procedimientos adecuados en cada caso, cualquier tipo de realidad. Y dentro de la enseñanza entendida en ese amplísimo sentido se incluye obviamente la enseñanza regulada en el sistema educativo.

En el contexto del art. 27 de nuestra Constitución, enseñanza ha de entenderse no como mera instrucción, mera transmisión de conocimientos, saberes y habilidades técnicas sino en el sentido en que con ese término (enseñanza) nos referimos también a elementos, contenidos, aspectos, objetivos específicamente educativos. No parece necesario insistir en que “enseñar” y “enseñanza” son términos que, de acuerdo con acepciones que les son propias y de uso no infrecuente, se refieren no sólo a conocimientos, sino a comportamientos, hábitos de vida…. En efecto, no sólo se enseñan conocimientos, sino que es también enseñanza la de unas pautas de conducta, pues también se enseña a comportarse, a vivir, a convivir, a vivir juntos, a ser…. Y así lo entienden las leyes educativas cuando expresamente asignan a la enseñanza objetivos no sólo cognitivos, conceptuales, sino formativos, actitudinales, axiológicos…”[6].

La preferencia por la expresión “libertad de enseñanza” se explica en cuanto su uso se encuentra generalizado, pero, precisamente, en el sentido técnico en que con ella se entiende también de modo pleno, libertad de educación, libertad educativa. No sería, pues, correcto, sistemática y contextualmente, entender que “enseñanza” y “educación”, en el at. 27 de nuestra Constitución son realidades contrapuestas ni aun separables de manera que la libertad de enseñanza no hubiera de ser entendida como libertad de educación y el derecho de educación pudiera entenderse al margen de la libertad educativa. El derecho a la educación no es el derecho a un pupitre, a un puesto escolar, a unos medios materiales con que recibir y/o procurarse instrucción, sino derecho a una determinado tipo de educación integral, acorde con la opción que tengo derecho a adoptar en uso de mi libertad de enseñanza/ de educación[7].

Con esta interpretación, que establece la identidad conceptual de enseñanza y educación en el apartado primero del art. 27 CE, se corresponde el hecho de que en el apartado cuarto de ese mismo precepto se establezca como “obligatoria y gratuita”  la “enseñanza básica” (Art. 27.4 CE). Y a nadie se le ocurriría sostener que la “enseñanza básica” a la que en ese caso se refiere la Constitución ha de reducirse a mera enseñanza, en el sentido en que cupiera contraponerla a educación o expresara sólo una de las dimensiones de ésta, entendida como mera instrucción o transmisión de conocimientos[8]. La correcta equivalencia entre esos términos (enseñanza y educación), a los efectos de estas consideraciones, se hace asimismo manifiesta en otros textos fundamentales como el mismo artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece la obligatoriedad de la “instrucción elemental” y reconoce a los padres el “derecho preferente” a “a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”[9].

 

 

  1. 2. El derecho preferente de los padres a decidir el tipo de educación que han de recibir sus hijos…

 

2.1. Diversos modos legítimos de ejercerlo.

Los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que ha de darse a sus hijos, según expresamente reconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como otros tratados internacionales[10].

Podemos entender y decir que ese derecho lo es a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Como en español se ha generalizado el uso del verbo escoger o el de elegir para enunciar el derecho a optar por un centro educativo, consideramos preferible emplear el término decidir, más genérico, a la vez que más enérgico, para referirnos al preferente derecho que podemos llamar derecho-educativo-base de los padres en relación con el tipo de educación que ha de darse a sus hijos[11]. Y a partir de ahí podemos considerar asimismo objeto de derechos educativos los diversos modos como pueden los padres ejercer ese derecho-educativo-base, derecho-educativo-raíz o derecho-educativo-fuente a decidir el tipo de educación para sus hijos[12].

 

2.1.1.   El derecho a elegir centro educativo. Un modo, el más usual, de ejercer ese derecho-raíz a decidir el tipo de educación para los propios hijos es elegirescoger un centro educativo en cuanto éste ofrece el tipo de educación que para éstos se quiere o considera adecuado. Por eso, se reconoce expresamente a los padres (y, en su caso, a los tutores legales) la libertad de escoger para sus hijos (o pupilos) “escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas”[13]. Lo cual supone, a la inversa, el derecho a optar justamente por una escuela pública y, a este respecto, es preciso advertir que ese derecho lo es también a elegir una concreta escuela de entre las llamadas públicas, cada una de las cuales, sin perjuicio de su común condición de tales (“públicas”), puede presentar características particulares que la hagan, para uno padres, preferible a otras[14]. Ese derecho de elección de centro educativo lo es no sólo para escoger un colegio público o uno privado sino para escoger uno determinado entre los públicos o entre los privados. Obviamente, el ejercicio de ese derecho, aunque ninguna norma lo restrinja, se verá inevitablemente condicionado por la fuerza de limitaciones físicas insalvables y podrá o aun deberá, por eso, ser regulado de acuerdo con criterios objetivos que establezca un orden de prelación en el acceso a un centro que no puede acoger a todos los que por él optan. Pero si condicionamientos de este tipo pueden ser insalvables en el caso de un centro concreto, no tendrían por qué darse en relación con el conjunto de centros de uno u otro sector (público o de iniciativa social) de manera que todos los padres pudieran contar con un centro de un tipo u otro, aunque no pudieran acceder al concreto centro que consideran ideal dentro de los del tipo que prefieren.

Es, pues, del derecho de los padres a escoger y, en la terminología que proponemos, a decidir el tipo de educación para sus hijos de donde deriva el derecho a escoger o elegir centro educativo[15]. Por eso no es acertado referirse al derecho educativo de los padres de manera casi exclusiva o preferente como a derecho de elección de centro. De ese modo, no sólo se olvida el derecho-raíz a decidir el tipo de educación para los hijos, sino que además se ignora el hecho de que la posibilidad de elegir centro no está abierta a muchos padres por la sencilla y contundente razón de que en su ámbito y circunstancias no hay centros entre los que elegir, sino un solo tipo de centro o aun un solo centro. Ciertamente, ante esta situación, lo que tienen que hacer los poderes públicos no es crearles obstáculos a los que no los tienen, sino remover los obstáculos (CE 9.2) que encuentran otros y crear las condiciones para que cada día sea mayor el número de los que puedan hacer un efectivo ejercicio de su libertad de elección de centro. Por cierto, cabe decir que, en una consideración teórica sistemática,  el derecho de elección de centro puede entenderse referido a un centro que ya se encuentra realizado, existente, o a un centro ideal que realizo, en uso del derecho de creación de centros[16].

 

2.1.2. El derecho a determinar el tipo de educación en el centro al que acuden los hijos. En todo caso, en muchas ocasiones –¿siempre?–,  habrá quienes no estén en condiciones de elegir un centro previamente caracterizado por un particular ideario educativo que pueda coincidir con el tipo de educación que consideran adecuado para sus hijos. Ahora bien, los padres que, por las circunstancias que sean, no puedan elegir un centro para sus hijos, no por eso, obviamente, quedan privados de su derecho preferente a decidir el tipo de educación de sus hijos. En tal caso, obviamente, habrán de ejercerlo de otro modo ¿Cómo?

Otro modo en que pueden los padres ejercer su derecho educativo a decidir el tipo de educación para sus hijos es el de determinar, ellos mismos junto con otros padres, el tipo de educación que ha de impartirse en el centro en que por diversas circunstancias sus hijos concurren y que (como ocurre, p.e., en el público aunque pueda ser también el caso en algunos privados) no está fundacional o institucionalmente marcado por ningún tipo particular de educación. Este modo de ejercicio del derecho de los padres a decidir la educación de los hijos no tiene cabida en centros a los que dan existencia sus creadores justamente para impartir un concreto tipo de educación que hacen explícito y público ante la sociedad y que les confiere una muy concreta identidad. Los padres pueden optar por un centro así previamente identificado mediante un concreto ideario o no, pero no pueden exigir que los creadores del centro modifiquen su proyecto para adecuarlo a opciones educativas distintas y aun manifiestamente opuestas a aquella que constituye la fundacional razón de ser del centro de que se trate. Los creadores de un centro al que dotan de un concreto ideario ante el hecho de que éste no encuentre acogida en la sociedad pueden, si así lo consideran oportuno, modificar sus proyectos en términos que puedan suscitar la demanda de la que no ha sido objeto su proyecto inicial o pueden, sencillamente, cancelar el proyecto por considerar que no tiene sentido y aun va contra sus principios dedicarse a otro ajeno a los ideales que les han inspirado el original. Obviamente, una u otra opción corresponde a la libertad de los titulares y no puede ser impuesta ninguna de ellas por quienes han llegado al centro que estaba ya previamente marcado por un ideario.

 

2.1.3.El derecho a proporcionar a los hijos la educación sistemática íntegra exclusivamente en casa, sin escolarizarlos (o homeschooling). Un modo  –digamos en tercer ligar– en que también pueden los padres ejercer legítimamente su derecho a decidir el tipo de educación de sus hijos es el de proporcionar a sus hijos la educación sistemática íntegra exclusivamente en casa, sin escolarizarlos en ningún centro educativo. En esta opción de la educación “en familia” o “en casa” (homeschooling) los padres asumen de modo inmediato la entera educación de sus hijos y se la imparten bien ellos mismos solos, bien ellos con la ayuda de otros agentes educativos, como, p.e., otros padres, maestros o profesores a domicilio, o bien sólo éstos bajo la supervisión inmediata, en todo caso, de los padres. Ciertamente el derecho de los padres a decidir el tipo de educación de sus hijos está referido, obviamente, en primer lugar a la acción educadora que ellos mismos (en cumplimiento de lo que es a la vez un grave, ineludible e intransferible deber)  han de llevar directamente a cabo en cualquier caso y, por tanto, también en el de que lleven a sus hijos a un determinado centro educativo, según la efectiva preferencia de la mayoría y la actual indebida imposición de las leyes educativas. Según se ha dicho, debe reconocérseles a los padres el derecho a ser ellos mismos quienes lleven a cabo o en todo caso dirijan íntegramente de modo inmediato la educación de sus hijos “en casa”, sin escolarizarlos y en los sensatos términos en que defienden la homeschooling la mayoría de sus partidarios, que lo hacen de modo asociado y organizado. Esta opción de la homeschooling puede suscitar al menos reticencias en sectores sociales muy diversos y por diversas razones, entre las que cabe señalar desde la mentalidad estatista hondamente interiorizada en amplias capas de la población hasta los intereses profesionales y empresariales vinculados al sistema de enseñanza escolarizada. Algunos pueden superar los temores vinculados a esos tipos de intereses con la consideración de que, hoy por hoy, cabe pensar que la homeschooling seguirá siendo la opción de una minoría casi imperceptible. Pero es evidente que, en cualquier caso, deben sumarse a su defensa, por elemental coherencia, cuantos se confiesan a favor de la libertad de enseñanza y proclaman con el mayor énfasis el derecho educativo preferente de los padres. Podemos decir que la actitud que se adopta ante la homeschooling es el mejor “test” de la sinceridad y firmeza con que se defiende la libertad educativa de los padres y, en suma, la libertad, sin más.

2.2. El derecho educativo de los padres frente y sobre el de otros agentes educativos (informales o formales, políticos o profesionales, etc).

El derecho de los padres debe ser afirmado, en todo caso, como preferente frente a cualesquiera otros agentes educativos a los que no podría reconocérseles sino la condición de responsables no-preferentes o subsidiarios o auxiliares de los padres. El derecho de los padres es, considerado en esa vertiente, el derecho a exigir que el tipo de educación que desarrollan esos otros agentes responsables o colaboradores sea el que los padres mismos de los educandos decidan. Y esto, que ha de afirmarse respecto de aquellos colaboradores educativos que los propios padres eligen (como, p.e., en el caso de la educación en casa), ha de sostenerse también con especial énfasis frente a agentes que no han sido elegidos por los padres, sino que les vienen administrativamente dados y que no, por eso, dejan de ser auxiliares de los padres y en modo alguno titulares de un derecho educativo que puedan ejercer al margen y, mucho menos, contra el derecho preferente que a los padres corresponde. Con menos razón aún podrán invocar los poderes públicos derecho o competencia para regular y administrar sistemáticamente la educación en términos que supongan anular o aun menoscabar el derecho educativo preferente de los padres, cuyo ejercicio, por el contrario, deben los poderes públicos facilitar al máximo y, en modo alguno, obstaculizar aun mínimamente y es en este sentido en el que habrá de ser interpretado el alcance que pueda corresponder al mandato que la Constitución en su art. 27.2 dirija a los poderes públicos. El derecho preferente de los padres a decidir la educación de sus hijos se corresponde con el deber que tienen, con carácter asimismo preferente, de efectivamente educarlos.

Hay sin embargo hoy quienes parecen ajenos por completo al espíritu que llevó al reconocimiento del derecho educativo preferente de los padres en Declaración de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, reconocimiento presente asimismo en nuestra Constitución, y no sólo ponen en cuestión el carácter preferente de ese derecho, sino que pasan ya a negarlo sin más. Unos lo hacen por razones ideológicas, aprióricas, desde posiciones estatistas más o menos abiertamente totalitarias. Que haya quienes reclaman para el Estado la patria potestad universal sobre todos los ciudadanos no constituye una novedad ni aun siquiera el modo de hacerlo. La Historia ofrece ya el catálogo total de posibles modos, desde los más sutiles y suaves a los más descarados y fieros, que puede emplear el Poder para hacer suyos a todos los niños y hacer de ellos, sustraídos, según el correspondiente discurso totalitario, a la negativa, egoísta, antisocial, etc. influencia de sus padres, dóciles integrantes de la masa, ajenos a la marcha del Progreso… Bien es verdad que la Historia afortunadamente también es pródiga en admirables ejemplos de modos, incluidos los físicamente martiriales, de resistencia triunfante frente a esas pretensiones totalitarias

Hoy y aquí entre los valedores del Estado-Educador pueden contarse desde quienes repiten incesantemente que para educar a un niño hace falta toda la tribu hasta quienes, se atrevan o no a decirlo, están convencidos de que educar no puede considerarse en absoluto derecho de los padres por el mero hecho de que lo sean, sino tarea que ha de confiarse a quienes cuentan con la rigurosa preparación profesional específica necesaria que para llevarla a cabo, bajo la supervisión de los poderes públicos. Los padres, por el contrario, añadirán, no sólo no están dotados de competencias educativas, sino que en gran número exhiben al respecto una manifiesta incapacidad: unos, por más que buenos, son manifiestamente ignorantes y/o ineducados; otros, aun cuando posean un alto nivel de preparación académica y posean la más esmerada educación formal, son violentos, inmorales…, sin excluir el caso de quienes llegan a ser verdaderos “maltratadores” psíquicos y/o físicos de sus hijos…etc, etc. Es obvio que por esta senda de consideraciones se llegaría a no ver en los padres capacidad alguna para educar sino imperiosa necesidad de ser educados…

Parece, sin embargo, obvio que la existencia de padres fácticamente incapacitados, temporal o permanentemente, para ejercer su derecho educativo no es razón para negar a todos los padres a priori el ejercicio del derecho y menos aún el derecho mismo. El que haya padres a los que sea justo y preciso privarles de la patria potestad no es, obviamente razón, para decidir la privación preventiva de la patria potestad a todos los padres y atribuir a los poderes públicos, al Estado nunca mejor dicho “paternalista”,  una universal superior patria potestad sobre todos los ciudadanos educandos[17]. No deja de ser significativo que a personas, que son padres y funcionarios,  se les niegue como a padres el derecho y capacidad para educar a sus hijos y, en cambio, se les reconozca, como a funcionarios del Estado, la capacidad para educar a cualesquiera ciudadanos-hijos de los demás… Algunos ideólogos de la educación estatal-estatista hablan como iluminados que se consideraran y consideraran a los funcionarios-docentes cual encarnaciones puras, repeticiones clónicas de un perfecto único común neutral maestro universal…

  1. 3. Dieciocho tesis básicas sobre educación y escolarización.

 

Para adoptar ante la Educación (y concretamente, ante el papel, competencias, derechos y deberes, de los diversos sujetos que intervienen en ella) una posición democrática doctrinalmente rigurosa, es necesario tener en cuenta las consideraciones precedentes y situarse con claridad en las nociones y tesis como las que, de acuerdo con lo antes expuesto, a continuación se enuncian:

3.1. Por “educación” o “enseñanza básica” ha de entenderse aquella cuya posesión resulta, con carácter general, imprescindible y suficiente, en las concretas circunstancias de una sociedad dada, para formar parte de la sociedad en condiciones de poder ejercer plenamente los derechos y cumplir los deberes ciudadanos, incluidos en unos y otros el desempeño de las actividades con las que cada uno ha de realizarse en todas las dimensiones de su personalidad[18].

3.2. Desde la perspectiva de cada persona, la educación básica (que no es necesariamente educación “primaria”[19]) es, ante todo, objeto de un derecho que cada una tiene, derecho que ha de estar reconocido como tal en el ordenamiento jurídico positivo.

3.3. Considerada desde la perspectiva de la sociedad, la educación básica es un deber de cada ciudadano para con ella. Y puede legítimamente imponerse a todos y cada uno como obligación jurídico-positiva ese deber de haber alcanzado la educación básica a una determinada edad. Puede, pues, legítimamente y debe fijarse la edad a la que, en condiciones normales, será exigible con carácter general a los ciudadanos el haber cumplido el indudable deber que tienen de alcanzar el nivel formativo correspondiente a la superación de la educación básica (entendida según la definición que de ella se expone en la tesis 1). Ahora bien, eso es una cosa y otra muy distinta el que en la misma definición de la educación básica se incluya como esencial una referencia cuantitativa a años de escolaridad y a edades de los educandos, como desacertadamente hacen, según veremos, las propias leyes educativas.

3.4. Al establecerse que la enseñanza básica es, además de obligatoria, gratuita, es “gratuita” ha de entenderse que todos tienen derecho a que se les proporcionen gratuitamente los medios precisos para adquirir la “enseñanza básica”. En un régimen de escolarización generalizada esto supone la exigencia de que los poderes públicos ofrezcan gratuita la escolarización para la adquisición de la enseñanza básica. Pero, supuesta la legitimidad, que aquí defendemos, del uso de otros medios y procedimientos, distintos de la escolarización (como lo es la educación en familia), para alcanzar esa esa educación, podemos decir que también esos otros medios habrían de resultarles gratuitos a quienes a ellos recurran, al menos en proporción equivalente a los medios generalizados.

3.5. Que la enseñanza básica haya de ser “obligatoria y gratuita” (27.4 CE) no quiere decir que haya de ser obligatoria la aceptación de una enseñanza básica gratuita o, en otros términos, que no sea constitucionalmente legítima la renuncia a la gratuidad de la enseñanza obligatoria[20], ni significa que los poderes públicos no puedan ofrecer gratuita la enseñanza no-obligatoria, pre- y post-básica[21].

3.6. La enseñanza básica es constitucionalmente obligatoria, pero no lo es la escolarización como modo de adquirir la enseñanza básica. Y esto de acuerdo con el tenor literal del correspondiente precepto. La Constitución, en efecto (artículo 27.4) establece que: “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Nada se prevé sobre escolarización. Ésta ni se menciona. Quien entiende que en ese precepto se establece como obligatoria la escolarización confunde ésta con la enseñanza. Y la mejor prueba de que esa confusión conceptual, lamentable, forma parte de las ideas socialmente difundidas sin obstáculo está en que la asumen como supuesto básico órganos de los que habría esperar que la advirtieran y rechazaran. El TC reconoce al menos que el artículo 27.4 CE, “no precisa” que la enseñanza básica obligatoria “deba configurarse necesariamente como un periodo de escolarización obligatoria”[22], pero no extrae las consecuencias que podrían llevarle a admitir la legitimidad de opciones educativas distintas de las que incluyen escolarización.

3.7. La Escuela, la escolarización, no es sino un medio para la educación, un medio para cumplir el deber y ejercer el derecho de adquirir educación y, en particular, la educación básica.

3.8. La educación es objeto de un derecho sustantivo, originario, y de una obligación ineludible.

3.9. La escolarización, en cambio, es objeto de un derecho derivado, medial o instrumental, pero no, necesariamente, una obligación. La escolarización nunca será un derecho o un deber “autónomo”, originario, fundamental, sino condicionado al hecho de que es un modo de adquisición de la educación básica que se está obligado a alcanzar.

3.10.Ciertamente, en la medida en que para una concreta persona el único modo de ejercer su derecho y cumplir su deber de alcanzar la educación básica fuera acudir a la Escuela, la escolarización sería para ella también, circunstancial, contingentemente, objeto tanto de un derecho como de una obligación. Pero la escolarización no puede legítimamente imponerse con carácter general a todos, sino que ha de reconocerse el derecho a la no escolarización a quienes puedan y quieran acogerse a otras vías (no-escolarizadoras) para ejercer sus derechos y cumplir sus deberes educativos.

3.11. El reconocimiento de ese derecho de no-escolarización y la aceptación y, en su caso, regulación de otras vías para educarse y educar no pueden hacerse depender del número mayor o menor de quienes estén en condiciones de seguir esos procedimientos educativos no escolarizadores (auto- o heteroeducativos) y quieran hacerlo. (Aunque la escolarización todavía por mucho tiempo resulte para muchas personas vía necesaria y para la mayoría, en todo caso, vía preferida para alcanzar un determinado nivel de educación, será también cada día más significativo el número de quienes puedan y quieran seguir otras vías para sus hijos o para sí mismos).

3.12. Una de esas vías u opciones, distintas de la escolarización, es la de la “educación en casa” o “en el hogar” o “en familia” o de “la escuela en casa”, sin escolarización (homeschooling) que algunos padres, en número significativamente creciente,  prefieren para sus hijos. Optar por ese modelo es uno de los legítimos modos de ejercicio del derecho preferente que tienen los padres a decidir el tipo de educación que han de recibir sus hijos.

3.13. No puede decidirse ni afirmarse con carácter general,  a priori, en abstracto, si los objetivos de la educación básica se alcanzan mejor y más fácilmente mediante la escolarización o, al margen de ésta, “en familia”. Esto ha de decirse incluso en relación con el objetivo de la “socialización” que pueden lograr plenamente también quienes se educan en familia, sin escolarización,  mediante relaciones intra- e interfamiliares y tanto mediante la convivencia intergeneracional como la intrageneracional.

3.14. Si la escolarización no tiene sentido, ni se daría, sino como medio de adquirir un determinado nivel de educación[23], la educación, en cambio, tiene pleno sentido y es obviamente posible en todas sus dimensiones y objetivos, incluida la socialización, sin escolarización.

3.15. En todo caso, resulta fundamental y decisivo tener en cuenta que educación y escolarización son no sólo dos conceptos y dos realidades distintas, sino, además, dos realidades… fáctica y legítimamente separables… y hasta tal punto que, en ocasiones, las exigencias de una y otra pueden entrar en pugna. (Tan obvia resulta teóricamente la distinción entre educación y escolarización que puede parecer superflua tanta insistencia en ella. Lo cierto es que de hecho resulta ignorada, olvidada o implícitamente negada en supuestos teórico-prácticos que hasta ahora pasan por indiscutibles o, al menos, nadie parece atreverse a discutir).

 

3.16. La confusión de enseñanza básica obligatoria con escolarización obligatoria se encuentra entre nosotros de tal modo extendida y arraigada que funciona como una evidencia compartida de modo casi unánime en la sociedad española, con independencia de las diferencias académicas, culturales, económicas y sociales. Esa falsa identificación de enseñanza obligatoria y escolarización viene a ser asumida como verdad indiscutible y como supuesto seguro aun en ámbitos en los que cabría esperar que fuera pasada por una crítica doctrinal rigurosa, como es el caso de los órganos judiciales en asuntos en los que juegan un papel central estos conceptos. Este fenómeno puede explicarse y, en todo caso, verse favorecido por el hecho de que la confusión conceptual de que se trata se encuentra aceptada y alimentada por la misma legislación educativa. En efecto…(v. tesis 17)

 

3.17. Son las propias leyes educativas las que incurren en la grave confusión de enseñanza básica obligatoria con escolarización, al incluir la escolarización como un elemento esencial del contenido mismo de educación básica[24]. Las mismas normas legales que establecen la estructura del sistema educativo, determinan y definen los distintos niveles o tramos del proceso educativo por referencia no ya a los años que (en condiciones normales, se entiende) será preciso invertir para alcanzar el respectivo nivel de formación, sino por la correspondencia, año a año, entre esos diversos tramos o niveles (ciclos / cursos) y la edad de quienes lo recorren[25]. Como esa correspondencia sólo tiene pleno sentido en el caso de quienes siguen la vía de la escolarización ordinaria, la ley al definir de ese modo los distintos niveles educativos viene a dar por supuesta y a imponer la vía de la escolarización como única legítima para recorrerlos. Y de este modo se establece una exigencia que ni la Constitución contiene, ni de ésta se deriva necesariamente, ni el legislador puede imponer sin detrimento del derecho educativo fundamental de los padres a decidir el tipo de educación que han de recibir sus hijos, derecho que ha de entenderse referido no sólo a los contenidos y objetivos de la educación sino asimismo al ámbito y condiciones en que ésta en cada caso ha de impartírseles.

 

3.18. Esa confusión-fusión de enseñanza básica obligatoria con escolarización obligatoria que la propia Ley refleja, asume y robustece con su autoridad, constituye la fuente de otros gravísimos errores teórico-prácticos de los que las políticas educativas adoptadas en España ofrecen desgraciadamente abundantes ejemplos, como el de dificultar el ejercicio del derecho a la educación en aras del dogma de la obligada escolarización ordinaria de todos[26]. Esa confusión no sólo da origen a tópicos que obstaculizan la adecuada solución a algunos serios problemas educativos, sino que, en último término conduce a prácticas en las que la escolarización, en cuanto objeto, unas veces, de un derecho y, otras, de una obligación, termina por prevalecer, en una grave inversión jerárquica, sobre derechos y libertades fundamentales.

Notas al pie:


[1] Para referirnos a esa opción educativa vamos a emplear de ordinario en este escrito, por razones de economía verbal y dado su ya generalizado uso, el término homeschooling (cuyos equivalentes en español, que también emplearemos en ocasiones, pueden resultar más complejos). Feminizamos, mediante el artículo “la”, ese término y decimos la homeschooling, aunque podría decirse, y algunos lo hacen, “el homeschooling”. Por otra parte, aunque resulta obvio en el presente escrito, advirtamos desde el primer momento que argumentamos contra la imposición de la escolarización y contra la prohibición de la homeschooling, sin entrar a examinar ventajas y/o inconvenientes de cada una de esos dos modos de organizar y llevar a cabo sistemáticamente un proceso educativo, ni las razones por las que pueden ser, aquí y en el futuro, cada de esas modalidades educativas objeto de la preferencia de los padres.

[2] Se trata de la STC 133/2010, de 2 de diciembre de 2010 (BOE de 05.01.2011), dictada en el recurso de amparo 7509-2005 interpuesto contra Sentencia núm. 548/2005, de 6 de junio de 2005, dictada por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga (rollo núm. 770/2003), que confirma en apelación la Sentencia núm. 36/2003, de 5 de mayo de 2003, del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Coín, por la que se ordenaba precisamente la escolarización durante la enseñanza básica, de los hijos menores de los demandantes, a los que se impartía esa enseñanza en su propio domicilio. En sus alegaciones, los ahora recurrentes invocarán como jurisprudencia favorable a sus pretensiones de educar a sus hijos en casa la STC 5/1981, de 13 de febrero, y la Sentencia núm. 1669/1994 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 30 de octubre de 1994, pues, a su parecer, ambas no excluyen los modelos de enseñanza que se desarrollen en el núcleo familiar” (STC 133/2010, Antecedentes, 2). Análisis Digital ofreció en su momento análisis y comentarios críticos sobre dicha STC. Las consideraciones que se exponen a continuación sobre el alcance de los derechos y deberes crítica seria de la referida STC 133/2010 en cuanto ésta parece no tener en cuenta exigencias conceptuales fundamentales.

Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación cuya remisión a las Cortes Generales aprobó el Consejo de Ministros el viernes 27.05.2011.l

[4] CE artículo 27.1. V. Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 26 1; Carta europea de los Derechos Fundamentales, art. 14.1.

[5] V. también, respectivamente, apartados 2 y 3 del artículo 27 de la CE, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966, art. 13.1, por una parte, y, por otra,el 13.3 del dicho Pacto, e igualmente el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, Protocolo Adicional, art. 2 y la Carta europea de los Derechos Fundamentales, art. 14.3.

[6] Foro Calidad y Libertad de la Enseñanza, Educación, libertad y calidad, Madrid, octubre de 2002, p.10. Sobre la relación entre la dimensión instructiva y la formativa de la educación, cf. González Vila, T., “Educación: cuestiones tópicas”, en en Debate Actual. Revista de religión y vida pública, n.3 /mayo 07, pp.40-67

[7] Es preciso tener en cuenta que el derecho a la educación no es el derecho a la mera escolarización material, el derecho a un pupitre en cualquier centro, sino el derecho a un tipo de educación. Por eso, no puede establecerse una jerarquía ni una secuencia de ejercicio entre derecho a la escolarización (entendida como mera ocupación de un puesto escolar) y derecho a un tipo de educación. Hemos de decir, contra lo supuesto en el reiterado simplista discurso de algunos, que la mera escolarización material no satisface el derecho a la educación. No hay, por tanto, contraposición entre derecho a la educación y derecho a la elección de un tipo de educación. No hay educación neutra, no hay educación que no responda a unas últimas convicciones, a una concepción antropológica determinada, aunque lo ignoren incluso quienes están implicados en el proceso educativo. Por eso, es inadmisible, democráticamente repugnante, que desde el Poder se pretenda imponer a quienes tienen menos medios, o no cuentan con ninguno, el particular tipo de educación de los que mandan, a cambio de proporcionarles el pupitre… No hay unos que tienen derecho al tipo de educación y otros que solo tengan derecho a un pupitre. Todos tienen derecho a un tipo de educación…

[8] Cf. González Vila, T.  “Libertad de enseñanza y financiación”, en Educadores. Revista de Renovación Pedagógica, n. 213-214, enero-junio 2005, pp.9-80

[9] Esa equivalencia resultará especialmente clara si se tienen en cuenta los términos empleados en otras lenguas (v. en particular el texto inglés, francés e italiano del citado artículo 26.1 de la DUDDHH-1948).

[10] Cf. supra, v.c., nota 5. Recuérdese que, según dispone el apartado 2 del artículo 1º de nuestra Constitución: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España”. A lo largo de este escrito insistimos en la condición de preferente que corresponde y ha de reconocerse en todo caso a los derechos educativos de los padres frente a los derechos educativos de que puedan considerarse titulares otros sujetos. El art. 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU-1948) reconoce a “los padres” ese “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (En este caso se trata  –adviértase—de escoger el tipo de educación entre los muy diversos posibles, no de escoger el tipo de centro y, menos aún, el centro concreto que se prefiere entre los existentes). Tampoco dejan lugar a duda alguna sobre el carácter preferente de ese derecho educativo de los padres los términos que utilizan otras lenguas en ese apartado 3 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así por ejemplo: “Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children”, “Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants”, “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”, “Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll”…

[11] De acuerdo con esto, por nuestra parte, será este término  —decidir— el que utilicemos de ordinario, a lo largo de todo el presente escrito, para referirnos al derecho que a los padres corresponde en relación con el tipo de educación que han de recibir sus hijos.

[12] En el presente escrito hablamos de los derechos educativos o del derecho educativo y, alguna vez, de la libertad educativa de los padres. La preferencia por una u otra expresión depende del contexto, pero, salvo que se haga alguna precisión en contra, deberá entenderse que con todas ellas nos referimos a la misma realidad.

[13] Artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966.

[14] Pensar que esa común condición de “públicos” de determinados centros educativos lleva consigo su total uniformización supone considerar que en ese tipo de centros no hay margen alguno para el ejercicio de la más mínima libertad o autonomía. Por cierto, la LODE, es decir, la LO 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (siendo ministro de Educación Maraval), en el apartado 1 de su artículo 20 (derogado por la LOCE, es decir, por la LO 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, aprobada con un gobierno del PP) establecía: “Una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos, en los ámbitos territoriales correspondientes, garantizará tanto la efectividad del derecho a la educación como la posibilidad de escoger centro docente”. Y la misma LODE, en su art. 4, reconocía a los padres el derecho: “b) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos”. En la redacción que a ese artículo de la LODE confiere la LOE, esto es, la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (aprobada con un gobierno-PSOE), en su Disp..Final Primera: “1) a los padres se les reconoce derecho: …“b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos”. La antes referida LOCE  artículo 3.1, b) reconocía a los padres el derecho “a la libre elección de centro”.

[15] No es que tenga derecho a decidir el tipo de educación de mis hijos porque tengo el derecho de elegir centro, sino que tengo derecho a elegir centro porque tengo derecho a decidir el tipo de educación que quiero para mis hijos.

[16] Elegir un centro que me encuentro existente no es obviamente lo mismo que elegir un centro que he de realizar (o contribuir a realizar), aunque teóricamente puedan situarse ambos casos bajo el concepto de elección de centro. Y la diferencia entre esos dos casos resulta manifiesta en cuanto respecta a la facilidad de llevar a cabo una u otra acción. Sorprende, por eso, que el TC considere que la libertad de enseñanza de los padres tiene un cauce poco menos que normal precisamente en la creación de centros [STC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ5 a) y FJ 8 c)].

[17] Con este mismo tipo de consideraciones contestaríamos a Montaigne, cuando lamenta indignado en términos de especial dureza que se deje la educación de los niños a merced de sus padres “por locos y crueles [o malvados] que sean” (Montaigne, Ensayos, II, XXXO, Edición de Cátedra, Madrid, 2008, pp.450s.; Ed. El Acantilado, Barcelona, p.1071))

[18] Obviamente, el contenido material y el nivel que ha de alcanzar la educación básica, según la definición formal dada, vendrá determinado por el grado de desarrollo y complejidad de la sociedad a la que la refiramos: tanto más elevado aquél, cuanto más avanzada ésta. No cabe, por tanto, confundir en modo alguno educación básica con “primaria”.  En España tenemos un claro ejemplo de cómo, dado el grado de desarrollo y complejidad alcanzado por la sociedad, la educación básica necesaria y exigible incluye ya una etapa de la secundaria (Cf. González Vila, Teófilo, “Educación obligatoria y escolarización voluntaria”, en Escuela Española. Periódico profesional de Educación. Nº 3487, 22 de marzo de 2001, pp. 17-19).

[19] Adviértase que los términos » E. Primaria», «E. Secundaria», «E. Media», «E. Superior»,  son denominaciones, cuasi topográficas, con las que designamos, por relación de unos con otros    –sin perjuicio de que cada uno de ellos se identifica también por características propias–,  distintos momentos o tramos del proceso educativo sistemático. En cambio,  el concepto de “educación básica” al que aquí nos referimos se sitúa en la relación del subsistema educativo con el sistema total (socioeconómico, político, cultural, etc). (Cf. González Vila, Teófilo, “Obligatoriedad, comprensividad y diversidad en la educación secundaria”, en Fundación Santillana,  Aprender       para el    futuro. La educación secundaria, pivote del sistema educativo, Madrid, 1998, pp. 99-112). En otra perspectiva, la educación en cualquiera de sus fases puede decirse  «básica», en cuanto cada una de ellas sienta las bases necesarias para acceder a un momento educativo o a una actividad posterior.

[20] Conviene advertirlo frente a quien pensara que esa gratuidad es obligatoria y de esta obligatoriedad pretendiera deducir la de someterse a la escolarización en cuanto es ésta el único modo de hacer efectiva para todos esa gratuidad. Aparte la exigencia de que la gratuidad se entienda referida también a otros medios distintos de la escolarización, a nadie se le podría prohibir que renuncie a la gratuidad en absoluto y en concreto a la que va ligada a la escolarización. De hecho hasta ahora realizan pacíficamente esa opción de renuncia a la gratuidad quienes acuden a los centros que, en el lenguaje coloquial, se dicen “de pago”.

[21] Ante el precepto constitucional según el cual “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita” (CE 27.4), algunos mal entendieron que sólo la enseñanza que se declarara obligatoria podría ser gratuita y, de ahí que, para conseguir que los poderes públicos garantizaran también la gratuidad de la educación infantil, no faltaron quienes dieran en la disparatada idea de proponer que también ésta, la educación infantil, se declarara obligatoria, en régimen de obligada escolarización.

[22] STC 133/2010 FJ 7, a., sentencia a la cual se dedica más adelante una muy amplia, sistemática, atención.

[23] Esto no deja de ser así por el hecho de que, como alguien puede señalar, la escolarización se da hoy en determinados niveles como mero “aparcamiento” de jóvenes que sin ella estarían incluidos en el número de los parados.

[24] Así lo entienden de modo palmario según lo recoge el TC, sin que le merezca esto ninguna precisión ulterior, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Coín y la Audiencia Provincial de Málaga, pues para ambos órganos judiciales “la escolarización obligatoria está integrada en el contenido mismo del derecho a la educación (art.27.1 CE)” (STC 133/2010, FJ 1).

[25] Hay casos en que los propios términos de la norma exhiben de modo palmario la confusión que albergan entre enseñanza y escolarización. El art. 9 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que era la vigente en el momento en que se plantea el caso al que se refiere la Sentencia del TC que suscita nuestros actuales comentarios, establecía que la enseñanza básica, obligatoria y gratuita (art. 27.4 CE)  “incluye diez años de escolaridad”, de tal manera que se “iniciará a los seis años de edad y se extenderá hasta los dieciséis”. Con anterioridad la LOGSE, en su artículo 5.1 después de establecer que la educación básica queda constituida por la educación primaria y la educación secundaria, denominada a estos efectos, también correctamente, “obligatoria”, añade: “La enseñanza básica comprenderá diez años de escolaridad, iniciándose a los seis años y extendiéndose hasta los dieciséis”. Y la misma previsión se arrastra hasta la actualmente vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, art. 4.2. De tal modo está presente, extendida y arraigada esa confusión educación-escolarización que aun los más duros críticos de la LOGSE hacen siempre la salvedad de que no puede negársele el “mérito” de haber extendido la enseñanza obligatoria hasta –adviértase–  los dieciséis años.  No dicen “hasta incluir en ella la primera etapa de la secundaria”, sino hasta … “los dieciséis años”. Resulta así directa y claramente alabada la obligatoriedad de la escolarización hasta esa edad  (sin advertir por cierto que esa extensa escolaridad ya la hacía obligatoria en 1970 la Ley General de Educación).  Pero las presentes consideraciones no sólo permiten,  sino que obligan a poner en cuestión ese tópico elogio acríticamente repetido por unos y otros. ¿Acaso se aceptaría como legítima la imposición de la escolarización a edades cada vez más altas a medida que aumentaran las exigencias de la educación básica? ¿Hasta qué edad sería legítima esa imposición de la escolarización? ¿Con qué criterios se determinaría esa edad?  Si las razones que algunos pueden invocar para aceptar como legítima la escolaridad obligatoria fueran válidas,  serían válidas  –adviértanlo–   hasta el absurdo de justificar espacios (campos, centros) de concentración educativos a los que podría legítimamente ser conducido por la fuerza cualquier ciudadano que con edad declarada “escolar”, se encontrara, en horas lectivas,  en el pacífico disfrute de cualquier otro espacio público o privado…  […] Algunos, aunque no se atrevan a manifestarlo, pueden ya aceptar, al menos, que esa obligación no debe hacerse extensiva más allá de determinadas edades.  En nuestra tesis  –repitámoslo– la legitimidad o ilegitimidad de la imposición de la escolaridad obligatoria no depende de la edad de aquellos sobre los que recaiga. Esa imposición  sería, a nuestro juico, ilegítima a cualquier edad” (Cf. González Vila, Teófilo, “Educación obligatoria y escolarización voluntaria”, en Escuela Española. Periódico profesional de Educación. Nº 3487, 22 de marzo de 2001, pp. 17-19).

[26] Así, p.e., cuando la forzada escolarización ordinaria de quienes por razones patológicas clínicas no están en condiciones de tal escolarización redunda en grave impedimento para el ejercicio de su derecho a la educación de otros escolarizados y aun del mismo presunto beneficiario de esa escolarización por encima de todo impuesta desde instancias oficiales. “La insostenible inversión mediante la cual se hace prevalecer la escolarización sobre la educación es también y en muy buena media resultado y expresión de presupuestos ideológicos extraeducativos. En la Educación, donde los procesos son tan lentos como profundos y no se perciben de inmediato los bienes o daños que producen los “experimentos”, hay quienes han visto un ámbito privilegiado para simplistas ensayos igualitaristas cuyos presuntos beneficiarios resultan  ser siempre sus más seguras víctimas. Ciertamente con un “discurso” como éste habrá quien pretenda cubrir o aun justificar injustas discriminaciones. Pero hemos de evitar caer, por el lado contrario, en el erróneo supuesto de que toda diferencia es injusta desigualdad. La obligada atención a la diversidad, exigencia de la justicia educativa, requiere situar a cada uno en las condiciones de escolarización adecuadas a su caso. Aquí sí que se impone la exigencia de dar “a cado uno según sus necesidades”. La igualdad que ha de garantizarse en la educación es justo la que consiste en hacer que todos y cada uno tengan las mismas posibilidades de cultivar con el más alto grado posible de excelencia la propia diferencia. Si nos empeñamos en que todos tienen las mismas posibilidades y, en este caso, las mismas necesidades  (incluida la de una escolarización en centros “ordinarios”) no hacemos sino abandonar a su “diferente” suerte a los más débiles..” (González Vila, ibídem).