La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)

Cultura oficial: ¿Subvención o subjeción?

José Mª Martí Sánchez. Doctor en Derecho

 

Alguien piensa, y se afirma ingenua o interesadamente, que en España gozamos de una libertad ejemplar, de un régimen de libertades que incluso se ha reforzado, con derechos de nuevo cuño. Por desgracia, los hechos no confirman el optimismo.

 

El punto más sensible, en el terreno de las libertades, es lo relacionado con el pensamiento y las convicciones (libertad de conciencia y religión), núcleo de la autonomía moral de la persona. Las convicciones o ideas, mientras no se exteriorizan ni se conocen, no tienen por qué inquietar a quien no las comparte. Por eso la presión se ejerce, simultáneamente, sobre el proceso de formación de un pensamiento propio y potencialmente disidente, y sobre el momento de comunicar sus resultados. Cuando se amenaza la autonomía personal, queda también comprometida la libertad de enseñanza y de expresión.

 

Todas ellas, por su vertiente social, son libertades culturales. Si se restringen es porque se teme una identidad fuerte, la que proporciona una cultura abierta y centrada en la verdad del hombre. De ella surge el compromiso, ante la comunidad, y la posibilidad de cambiar las cosas. Por desgracia, hay quien prefiere un discurso oficial estéril, de seguimiento obligatorio, a la cultura auténtica.

 

Hago estas reflexiones a raíz de una noticia preocupante. El Ministro de Educación, Gabilondo, que pasaba por discreto y preparado, en declaraciones al Canal 24 horas, «espera» y «desea» que la Real Academia de Historia cumpla las «indicaciones» del Gobierno y se revisen las entradas con falta de rigor histórico. «Este es el mandato o la indicación que se le hace desde el Gobierno». Gabilondo transmitió al director de la institución cuáles son las «competencias», qué es lo que ha de hacerse y «cuál es la firme voluntad del Gobierno». Además, Gabilondo ha subrayado que al financiarse con «dinero público», el Gobierno quiere que este diccionario se haga con «unos principios de rigor histórico y de respeto a la memoria del país». El diario La Razón (13 junio) sitúa la controversia, entre el Ministerio y la Academia de Historia, en algunas biografías del Diccionario, como la de Franco. La RAH apela a la libertad y la independencia de los historiadores.

 

Para comentar la información nos servimos del Concilio Vaticano II. La Gaudium et spes de mucha importancia a la cultura. Permite a la persona humana alcanzar su nivel, desarrollar su personalidad. Por ello, junto a su orientación y difusión, insiste en la independencia. «Porque la cultura, por dimanar inmediatamente de la naturaleza racional y social del hombre, tiene siempre necesidad de una justa libertad para desarrollarse y de una legítima autonomía en el obrar según sus propios principios. Tiene, por tanto, derecho al respeto y goza de una cierta inviolabilidad (…). A la autoridad pública compete no el determinar el carácter propio de cada cultura, sino el fomentar las condiciones y los medios para promover la vida cultural entre todos aun dentro de las minorías de alguna nación. Por ello hay que insistir sobre todo en que la cultura, apartada de su propio fin, no sea forzada a servir al poder político o económico» (nº 59).

 

Nuestra Constitución prohíbe la censura previa (art. 20), ¿pero qué es sino esto el supuesto analizado? ¿No violenta la libre circulación de ideas en la sociedad, como ambiente propicio para cualquier libertad?

 

Por desgracia, no es un caso aislado. Los cambios legales e intereses políticos han condicionado la definición del matrimonio y la familia que hoy ofrecen diccionarios, medios de comunicación y libros de texto. Responde a la misma lógica la imposición de Educación para la Ciudadanía en el sistema educativo. Como dice la Ley Orgánica 2/2006, «La nueva materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos». Se tiene en mente un modelo —a pesar de la libertad y pluralismo de que habla la Constitución— de nuevo ciudadano. Parece que lo anterior no vale y que sustituirlo es misión del Estado.

 

Uno de los inspiradores de la norma ha sido Peces-Barba. En la entrevista publicada por El Magisterio Español (19 enero 2011), afirmó: «quien marca el modelo de enseñanza no son los padres, es el Estado». Un Estado cuya vocación mesiánica enuncia así: «En el siglo xxi es un signo de la cultura política y jurídica pulsar, sobre todo desde partidos de izquierdas o de centro izquierda, el proceso de secularización, cuya última meta es la laicidad» (cf. «La laicidad, objetivo de la democracia en España», en El País, 14 abril 2011).

 

¿No estamos ante un proyecto totalitario? ¿Se atenúan estos rasgos si la presión ideológica tiene como coartada que las actividades —al menos parcialmente— se sostienen con fondos públicos? Con este argumento, el Estado social y su dirigismo serían ubicuos. Afectarían a la «cultura subvencionada» (cine, medios de comunicación, etc.) y a la enseñanza (pública y concertada). Sin embargo, aquí sería particularmente exigible que el poder público, tanto en el criterio de la concesión de las ayudas cuanto en el control de la actividad, se rija por la más estricta neutralidad. Es la doctrina del Tribunal Constitucional.

 

«En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales» (sentencia 5/1981, de 13 de febrero, FJ 9), y más aún: «el valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas» (sentencia 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4).

 

Por el poder público, procede verificar que se cumplen los requisitos para la subvención y que ésta se ha empleado según el fin previsto, sin cortapisas a la impronta ideológica o ideario desarrollado. Son ilustrativas, a este respecto, la sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981 y la complementaria 77/1985, de 27 de junio. La primera reconoce que «la libertad de enseñanza que explícitamente reconoce nuestra Constitución (art. 27.1) puede ser entendida como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos constitucionales (especialmente arts. 16.1 y 20.1 a)» (FJ 7), y la autonomía del derecho a que, quien crea un centro docente, le dote, con la mayor amplitud, de un ideario o carácter propio. Éste tendría el límite genérico «de los principios constitucionales, del respeto a los derechos fundamentales, del servicio a la verdad, a las exigencias de la ciencia y a las restantes finalidades necesarias de la educación mencionadas, entre otros lugares, en el art. 27.2 de la Constitución y en el art. 13.1 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales» (FJ 8).

 

El Tribunal señala que el trámite de autorización, para que una escuela pueda implantar su carácter propio, sería contrario a la libertad de enseñanza y a la libertad de creación de centros docentes. «La exigencia de esa autorización vulnera el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad de creación de Centros docentes (art. 27.1 y 6 de la C.E.), en cuanto de dichos preceptos nace el derecho del titular a establecer el carácter propio, sin que pueda admitirse la injerencia de una autorización administrativa, que en realidad encubriría el ejercicio de una función jurisdiccional que no le corresponde, y que sería incompatible con el respeto a dichos derechos fundamentales» (sentencia 77/1985, FJ 10). Por otro lado, «el precepto constitucional que se expresa en los términos “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca” (…) tienen fuerza vinculante para ellos» (FJ 11), en el bien entendido de que las fuentes de financiación de las escuelas privadas no pueden condicionar los derechos fundamentales de su titular (cf. FJ 21).

 

En el Intercambio de notas entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores (22 diciembre 2006) que recoge el acuerdo para la reforma del sistema de asignación tributaria y la adaptación del régimen de IVA de la Iglesia a los requerimientos de la Comisión Europea, se acierta con el punto 4) «Compromiso de la Iglesia Católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria». Pues establece una fiscalización, meramente contable, de la colaboración económica del Estado. Algo ya previsto en el Protocolo Adicional, del Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979.

 

Se trata de que los poderes públicos gestionen los recursos disponibles de modo equitativo y eficaz, para reforzar la libertad, la responsabilidad y la creatividad. ¿El Gobierno respeta este patrón de conducta o lo supedita a su proyecto de ingeniería social? ¿No es un síntoma lo sucedido con el Diccionario de la Real Academia de la Historia?