La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás (W. Churchill)

El fin de la democracia

Max Silva Abbott. Doctor en Derecho y Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de la Ssma. Concepción (Chile)

Realmente, es como para no creerlo: la comisión respectiva del Senado ha aprobado el “Proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación”, que queda así listo para ser votado en la Cámara Alta. Sin embargo, en caso de prosperar, ello significa lisa y llanamente, el fin de nuestra democracia.

A primera vista no habría nada que objetar: a fin de cuentas, las discriminaciones arbitrarias (porque las hay también justas) deben ser evitadas en aras de la sana convivencia. Con todo, el proyecto resulta claramente totalitario.

En efecto, en él se busca “prevenir y sancionar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas” (art. 1º), entendiéndose por tal –y dado el lobby gay, pareciera ser lo único importante aquí– “toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de (…) sexo, género, orientación sexual, (…) o cualquiera otra condición social, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (art. 3º). De este modo, “El o los directamente afectados, por sí o cualquiera a su nombre, podrán denunciar los actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiere cometido en su contra” dentro de los tres meses siguientes ante la Corte de Apelaciones respectiva (art. 4º), siendo una acción que “gozará de preferencia en su vista y fallo”, apelable ante la Corte Suprema, también con preferencia (art. 5º). Las sanciones son una indemnización (por daño moral o patrimonial, determinada en un procedimiento breve y sumario), “una multa a beneficio fiscal no superior a 100 unidades tributarias mensuales”, aumentable al doble de haber reincidencia (art. 6º), y hasta “presidio menor en sus grados mínimo a medio” (art. 10) en algunos casos.

En suma, se establece una especie de recurso de protección paralelo, más fácil y amplísimo, que atochará a nuestros tribunales con infinitud de demandas interpuestas por cualquiera que se sienta discriminado por lo que sea. Pero además, equivale a colocar una lápida sobre la libertad de conciencia, de credo, de opinión, de información y de enseñanza, entre otras muchas materias, haciendo así imposible el debate –incluso parlamentario– y por tanto, la democracia.

En efecto: cualquiera podría ser juzgado por sus dichos, por expresarse en un blog, en la prensa, en el aula o incluso en el púlpito, imponiéndose así una mordaza y una “verdad oficial” totalitaria contra la cual estaría prohibido oponerse.

En síntesis, un peligro extremo para nuestra democracia (de hecho, es lo peor que me ha tocado ver), al crear un sistema inquisitorial, propiciado, curiosamente, por varios que se dicen defensores de esa misma democracia que este proyecto destruye.